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ENTREGUE ESE H..P.. CASETE!

ENTREGUE ESE H..P.. CASETE!

Ese grito lleno de rabia de algún suboficial aún no identificado que conminaba al camarógrafo a entregar lo que había filmado, en medio de esas tomas de soldados disparando, periodistas apaleados y campesinos heridos durante los incidentes del jueves en Morelia (Caquetá), va al grano de un problema crucial del momento.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
01 de septiembre 1996 , 12:00 a. m.

El que tiene qué ver con las relaciones de poder e independencia entre prensa, Gobierno y poder político. Y el que explica por qué los congresistas quieren vengarse de los noticieros de televisión; y por qué el Gobierno maniobra en la penumbra para readjudicar la programación de la TV y por qué a los militares les brota su atávica desconfianza con la prensa en coyunturas calientes como la del Caquetá.

No sé si en el episodio de Morelia los televidentes estaban viendo en sus hogares esas imágenes que exaltan a la opinión pública o que reflejan situaciones de extrema aflicción humana , que la Comisión de Televisión prohibió transmitir, en una lamentable decisión que nadie ha acatado y que estoy seguro pronto se rectificará.

Vimos a unos soldados descontrolados, sin liderazgo aparente, apuntando (y algunos disparando) sus fusiles hacia los manifestantes, dándole culata a un campesino inerme, bolillo a un camarógrafo, en medio de escenas de pánico, heridos en camillas y muchedumbre en desbandada.

Escenas fuertes, sin duda. Posiblemente tremendistas. Subversivas, si se quiere. Tal es el poder de la imagen. Pero estaban mostrando una realidad. Y la realidad puede resultar chocante para la opinión o incómoda para las autoridades. Pero la ciudadanía tiene derecho a conocerla. Y la función informativa de la TV es mostrarla tal cual se presenta.

Lo de Morelia fue un concreto y reciente ejemplo que va a la nuez del asunto: a lo que debe ser en una democracia medianamente sana el respeto mutuo entre la prensa y los poderes del Estado.

* * * * * Esto nos lleva al inaudito zarpazo que se está fraguando en la Cámara de Representantes contra los noticieros de televisión, a los que se pretende suspender la prórroga de sus contratos. Circunstancia que ya ha provocado una previsible reacción entre todos los sectores de la opinión nacional e internacional, que entienden que una información exenta de presiones y mordazas oficiales es requisito fundamental de una sociedad libre.

Y aquí (como en otros temas delicados) el Gobierno intenta pasar agachado. Mientras el proyecto de ley se abre paso entre un Congreso que guarda conocidos (y en ocasiones hasta explicables) resentimientos con la prensa, el Ejecutivo procura proyectar una actitud de neutralidad y distancia frente a una iniciativa que acaudillan tan fervorosos defensores y voceros del presidente Samper como Marta Catalina Daniels, Carlos Alonso Lucio y Jaime Dussán.

La verdad es que si a congresistas como los anteriores les sobran motivos para castigar a los noticieros de televisión, al Ejecutivo no le faltan. Y también es cierto que, en virtud de las nuevas reglas del juego de la televisión, Samper será el primer Presidente al que no le corresponderá adjudicar programación. Situación que quién lo puede dudar? le interesa cambiar.

Congreso y Gobierno coinciden, pues, por similares razones, en sus ganas de sacarse el clavo. El propio representante Dussán, quien no disimula su encono en sus diarias diatribas contra los noticieros por progringos , apátridas y neoliberales , ha reconocido que su proyecto cuenta con gran simpatía al interior del Gobierno.

Tenemos, pues, que un Congreso que no solo disfruta de un programa diario para hacerse propaganda por el Canal Uno en la más cotizada franja de la TV, y de un espacio también diario en tiempo triple A , para grupos políticos, sino que además se ha apoderado del Canal 3 para transmitir a toda hora sus sesiones, quiere amordazar a los noticieros independientes porque sus críticas lesionan la imagen del Congreso. Increíble.

Ahí vimos al representante Lucio el jueves por la noche en su espacio propio, enmarcado por un gran afiche de Carlos Pizarro ( qué pensaría hoy Pizarro de Lucio?), hablando de los campesinos del Caquetá e ilustrando su alocución con el tipo de imágenes que la CNT pidió que no se transmitieran.

Y ahí hemos escuchado a la representante Daniels (la que en su histórica defensa de Samper en la Cámara fustigó a la conspiradora Espinoza por remotos vínculos conyugales), impulsando su proyecto para democratizar a los noticieros, obligándolos a inscribirse en la Bolsa y a tener más de 300 accionistas. Es que ella, como buena samperista, es muy democratizadora.

Todo esto, además de indignante, resulta desmoralizador. Que personajes que tanto han contribuido a la mala imagen del Congreso tengan el descaro y la soberbia de promover leyes que socavarían la libertad de prensa, es de por sí escandaloso. Pero que sus proyectos lleguen a contar con un apoyo mayoritario de sus colegas, ya sería lo último.

Sería el golpe de Estado a la inversa. El que les asestaría la corrupción confabulada en el poder Legislativo y Ejecutivo a la independencia y pluralismo de unos medios que han cumplido una función fiscalizadora y crítica en la peor crisis política que ha sufrido Colombia en los últimos tiempos.

Solo faltaría, para consolidar el contragolpe, que el Fiscal Valdivieso acabara en la cárcel.

* * * * * Hablo, por supuesto, desde una posición comprometida y nada neutral. La de un periodista que tiene velas en el asunto e intereses gremiales y profesionales qué defender.

Pero que también pretende defender principios que tienen qué ver con los intereses de la comunidad. Los que sostienen que para que en una democracia exista una sociedad bien informada, los medios no pueden depender del Gobierno, ni de sus voceros en el Congreso.

Y que esta sociedad debe ser capaz de reaccionar, protestar y patalear cada vez que el Gobierno de turno pretenda utilizar el poder del Estado, su capacidad de coacción o su influencia sobre el Legislativo, para impedir que al público le llegue una información libre de filtros oficiales.

Es la comunidad, en fin, a la que se debe el periodismo y es su razón de ser; es ese vasto público que ve televisión, escucha radio o lee prensa, el que deberá impedir que se dé el zarpazo anunciado.

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