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EL CONSEJO DE JUSTICIA REPLICA

EL CONSEJO DE JUSTICIA REPLICA

El traslado de la competencia del Consejo de Justicia a las alcaldías locales, implicaría el derrumbamiento de la administración de justicia policiva , dice el mencionado Consejo, en respuesta a una iniciativa presentada por el Gobierno a consideración del Concejo del Distrito. Conforme al proyecto de acuerdo, los alcaldes fallarían en segunda instancia las querellas policivas que en la primera sean resueltas por los inspectores.

La justicia policiva es la que tiene que ver de manera inmediata y directa con la vida de los ciudadanos, y comprende desde perturbaciones a la posesión o tenencia de bienes raíces (todo aquello de daños en la pared del vecino, manchas de agua en el muro, violación de la tranquilidad hogareña), hasta manejo de la dosis personal de marihuana, pasando por la restitución del espacio público y las construciones sin licencia.

El argumento principal del Consejo en contra de la propuesta de conferirles a los alcaldes las tareas que hoy les incumben a aquel cuerpo, es la de que conforme a la ley, los alcaldes no siempre son abogados, y tanto por falta de tiempo como de capacidad jurídica, tendrían que depender de un abogado asesor, y esto los obligaría a responder disciplinaria y judicialmente por decisiones que no son de su autoría .

En segundo término, el alegato anota que la condición de que el alcalde es elegido por voto popular, políticamente estaría comprometiendo sus decisiones ante la opinión pública .

Recuerda el Consejo que los alcaldes son jefes inmediatos de los inspectores de Policía, lo que supondría en un momento dado ejercer algún tipo de influencia sobre sus actuaciones, circunstancia que lo convertiría (al alcalde) en juez y parte de la segunda instancia .

Teniendo en cuenta que uno de los argumentos del Gobierno es el de la necesidad de descentralizar la administración, el Consejo anota que en materia de justicia, a todos los niveles se ha mantenido la centralización , lo que posiblemente se debe a que la función de administrar justicia requiere que las decisiones más importantes, de mayor envergadura tomadas por los jueces o funcionarios de primer grado sean revisadas por sus superiores mediante el ejercicio de recursos consagrados por la ley .

El documento aprobado en sala plena dice que lo aconsejable es fortalecer el Consejo para convertirlo en un verdadero tribunal de justicia policiva en Bogotá, como ya lo hicieron Cali y Medellín.

El consejo de justicia, cuyos integrantes son nombrados por el Alcalde Mayor y el secretario de Gobierno, está dividido en tres salas y actualmente sus integrantes son: Sala Penal, Didier Flórez Gaitán y Sulma Rodríguez; Administrativa, Gloria Astrid Sanabria, Priscila González y Carlos Peña Iragorri; y Civil, Floralba Salinas, Graciela Rubio de Trespalacios, Laura Giomar Castillo, Antonio José Caicedo y Eustasio Cifuentes. El presidente es Francisco Canosa Guerrero.

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