NO SALDREMOS DEL CAQUETÁ : BEDOYA

NO SALDREMOS DEL CAQUETÁ : BEDOYA

Con la advertencia de que acatar la tutela que ordena derribar las barricadas y dejar los puestos de control en el Caquetá quebraría la totalidad de la estructura de mando de las Fuerzas Militares y obligaría a romper una operación que involucra a 5 mil hombres, el Ejército advirtió ayer que no se moverá de sus posiciones.

28 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

El comandante del Ejército, general Harold Bedoya, se abstuvo de atender los requerimientos de un oficio originado en el juez promiscuo de la población de Albania (Caquetá), que le ordenó iniciar procedimientos disciplinarios contra el comandante de la Decimosegunda Brigada, general Néstor Ramírez Mejía, y dar cumplimiento inmediato a la tutela fallada por su despacho. Esto es, el levantamiento de las barricadas y puestos de control.

Bedoya adujo que el comandante de la Brigada atiende órdenes militares impartidas por el comandante de la División; el Ejército y el comandante de las Fuerzas Militares, en desarrollo de la Operación Conquista .

Así, de acatar la tutela, el general Ramírez incurriría en el delito de desobediencia militar y quedaría expuesto a la justicia penal militar y lo propio, aduce el comando del Ejército en la apelación, ocurriría a sus superiores.

El Ejército controla actualmente cinco sitios estratégicos para evitar el acceso de unos 20 mil cultivadores de coca y campesinos a Florencia y, de acuerdo con la impugnación, si la situación de orden público se agrava, no será el juez de tutela el que responda por los efectos de las asonadas sino el comandante de la Decimosegunda Brigada, presente en esa zona .

Bedoya se pregunta: quién va a responder por los muertos y los hombres del Ejército, el juez o el comandante que acató la orden absurda? Desde el momento en que se lanzó la Operación Conquista explicó ayer un alto oficial a EL TIEMPO habíamos previsto que habría desplazamientos masivos pues de lo que se trata es de la erradicación de cultivos ilícitos y de poner fin a laboratorios y al tráfico de insumos químicos.

El país ha visto las consecuencias cuando hay algunos infiltrados y elementos del narcotráfico y la guerrilla aprovechan para agazaparse tras los manifestantes y por eso se ha impedido el acceso de las marchas a Puerto Asís, San José del Guaviare y Florencia. Esa es la operación militar y es la que no puede derrumbarse por orden de un juez .

En criterio de un magistrado consultado por EL TIEMPO, el fallo desconoce la doctrina de la Corte Constitucional (Ver recuadro).

La tutela La acción de tutela que ayer propició la enérgica respuesta del Comandante del Ejército fue instaurada por el personero municipal de Curillo, Pablo Cruz Hurtado, a raíz de una solicitud del Defensor del Pueblo en Caquetá, Edgar Urueña.

Cruz consideró que el cierre de la vía al sur del departamento, por parte de las tropas del Ejército acantonadas en la zona, impedía el paso de los víveres y mantenía aislada la población.

El Ejército electrificó los puentes sobre los ríos Fragua y San Pedro para evitar el paso de la marcha campesina hacia la capital del departamento.

Por ello el Juzgado Unico Promiscuo de Albania le ordenó al Ejército retirar los retenes militares en la vía a Curillo, al sur de Caquetá, en cumplimiento del fallo de tutela.

Al conocer la orden judicial, el general Ramírez Mejía, dijo que era extraña la rapidez con que se produjo el fallo .

El oficial anunció que apelaría del fallo porque el Ejército no ha taponado las vías y los víveres pueden ingresar a la región sin restricción alguna .

Por su parte, la Asociación de Personeros de Caquetá ha solicitado insistentemente que se haga efectivo el fallo para que los cultivadores de coca lleguen a su destino final: Florencia.

Según la Asociación, los disturbios que se han presentado en el Caquetá son ocasionados por la Fuerza Pública al impedir el paso de los campesinos.

Episodios La vehemente defensa de las posiciones que actualmente ocupa el Ejército en el Caquetá y otras zonas del sur del país obedece a que, durante los últimos dos meses, las Fuerzas Armadas tuvieron que desplazar varios contingentes de uniformados a Putumayo, Guaviare y Caquetá para controlar las manifestaciones cocaleras.

En Putumayo la protesta campesina, que duró 26 días, dejó ocho personas muertas, unas 60 heridas y pérdidas por más de 50.000 millones de pesos a la infraestructura petrolera en esa región del país.

Después del control de la Fuerza Pública se firmó un acuerdo que prevé la sustitución y erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos en la región del bajo Putumayo, pero sujeta a la evolución de un plan de desarrollo integral.

El Gobierno se comprometió a realizar millonarias inversiones en el mejoramiento de vías, salud, educación, vivienda y servicios públicos en toda la región.

También, se acordó que el tema de los cultivos ilícitos se continuará tratando en Bogotá en una mesa en la que estarán representados los presidentes de los comités de las regiones cocaleras que existen en el país.

En el Guaviare también hay movilizaciones de protesta por la fumigación de los cultivos ilícitos, pero no se han presentado situaciones como las registradas en Putumayo y Caquetá.

Los campesinos del Huila también amenazaron con movilizaciones si continúan los fumigaciones con glifosato en ese departamento.

En Caquetá, el movimiento cocalero ya cumplió un mes y hasta el momento ha dejado 7 muertos y más de 70 heridos. Las perdidas en este departamento ascienden a 150.000 millones de pesos, según el reporte de la Cámara de Comercio de Florencia.

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