CADA CUAL TIRA PARA SU LADO

CADA CUAL TIRA PARA SU LADO

La Constitución de 1991 introdujo una serie de modificaciones al papel del Estado en lo relacionado con la prestación de los servicios públicos. Fruto de ello fueron expedidas las Leyes 142 y 143 de 1994, mediante las cuales se creó el nuevo marco que rige la prestación de dichos servicios en el territorio nacional, dando viabilidad legal a la participación del capital privado en este tipo de actividades, al tiempo que fueron creadas instituciones de regulación (Comisiones de Regulación y Superintendencia de Servicios Públicos).

27 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

Estas reformas parten de una caracterización de las empresas del Estado como entidades ineficientes, ineficaces y responsables de otros problemas que han distorsionado el cumplimiento de sus objetivos sociales: la politización de las empresas, las gerencias golondrinas , el oportunismo político en la planificación, la falta de criterios empresariales en la gestión, la falta de autonomía en la toma de decisiones, altos niveles de corrupción, la incidencia de las organizaciones sindicales, la baja productividad y la ausencia de mecanismos de control.

Alcanzar la eficiencia es un objetivo implícito en el espíritu de estas nuevas normas. Mediante ellas se fija un criterio de acción basado en la noción normativa de eficiencia económica, la cual encierra dos conceptos: la eficiencia productiva mayor producción al mínimo costo y la eficiencia en el consumo mayores niveles de consumo al menor precio posible. El logro de ese doble objetivo requiere la existencia de un mercado competitivo en el que existan muchas empresas, de tal forma que cada una de ellas pueda ajustar sus costos de producción a los precios que señale el mercado.

Transformación de las empresas Con el propósito de lograr los objetivos sociales y en cumplimiento de la ley 142 de 1994, mediante el decreto 2785 del mismo año se ordenó a los Alcaldes la presentación a los Concejos municipales de proyectos de acuerdo para la transformación de las empresas de servicios públicos estatales en Sociedades por Acciones con participación de capital del Estado o en Empresas Industriales y Comerciales del Estado. El mismo decreto fijó como fecha límite para la transformación de las empresas el 11 de julio de 1996; sin embargo, recientemente esa fecha fue postergada a julio de 1997.

Desde la expedición de dicho decreto, en Cali se ha venido presentando una fuerte aunque no muy pública discusión al respecto, en la cual, si bien los argumentos de mejoramiento de la calidad de vida de la población han sido utilizados como elementos justificatorios de una u otra propuesta por los diferentes grupos de la comunidad caleña empresarios, sindicato de Emcali, concejales y Alcalde, entre ellos los aspectos de fondo, aquellos relacionados con el cómo se van a cumplir los objetivos asociados al mejoramiento del bienestar de la comunidad, realmente han quedado relegados a un segundo plano, pues la discusión se ha centrado en las características de la nueva estructura organizativa y en las implicaciones que esta traería sobre cada uno de los sectores involucrados.

Las propuestas del Alcalde El alcalde Mauricio Guzmán desde finales del año pasado ha manejado oficialmente tres propuestas sobre el tipo de empresa que debe constituirse. Inicialmente, propuso la conformación de una sociedad por acciones con participación del sector privado (49 por ciento) y del sector público (51 por ciento). Esta propuesta fue bien recibida por los grupos empresariales de la ciudad, quienes han resaltado las bondades de la participación del capital privado y su efecto positivo sobre el mejoramiento de la eficiencia productiva. Solo les preocupaba la subordinación en la toma de decisiones al capital oficial mayoritario en la estructura organizativa.

Evidentemente, una empresa como Emcali resulta altamente atractiva al capital privado, toda vez que las demandas están aseguradas, al tiempo que, a pesar de las ineficiencias presentes en la gestión actual, la empresa dejó el año pasado cerca de 80.000 millones de pesos de utilidad.

Por su parte, los trabajadores de Emcali vieron con la propuesta del Alcalde amenazada su situación laboral. La sociedad por acciones implicaría para ellos someterse al régimen laboral privado, con lo cual perderían un gran número de logros obtenidos durante años a través de las convenciones colectivas, se vulneraría la organización sindical y se vería afectada la estabilidad laboral. Para los trabajadores, las ineficiencias de la Empresa no son su responsabilidad, sino de la gestión administrativa y de la falta de coordinación y compromiso con la empresa de los mandos medios y superiores.

El Concejo también se mostró en desacuerdo con esta primera propuesta del Alcalde argumentando que ceder el patrimonio público consolidado durante años resultaba inconveniente, al tiempo que la intervención del capital privado en la prestación de servicios públicos iría en contra del interés colectivo. Respecto a esta propuesta quedaba en el aire la discusión acerca de los criterios y metodologías de valoración de los activos de Emcali en los cuales se basaría el monto de participación del sector privado. Informaciones parciales al respecto hacían entrever que se subestimaban estos valores, al tiempo que no se hacía referencia alguna al valor de los ingresos futuros de la empresa. Por su parte, las recientes y agresivas políticas de privatización en países latinoamericanos podrían alimentar el debate si tenemos en cuenta que los objetivos de eficiencia, competitividad y desarrollo tecnológico no han sido logrados a cabalidad. En varios países el principal resultado visible ha sido el incremento en las tarifas de los servicios.

Este debate recuerda las discusiones suscitadas precisamente en el Concejo de Cali durante la década de los años cuarenta, época en la cual la prestación de servicios tales como teléfonos y energía eléctrica era bastante ineficiente e ineficaz pese a estar en manos del sector privado. Ello propició en ese entonces la municipalización de los servicios, que llevó posteriormente a la constitución de las actuales Empresas Municipales en 1961.

Las otras dos propuestas manejadas por el Alcalde plantean de manera contraria a la primera la conformación de una Empresa Industrial y Comercial del Estado -EICE- 100% pública, propietaria de las Empresas de Servicios Domiciliarios, Sociedades por Acciones -ESPD S.A.- 100% públicas, en las que podrían participar otras empresas del Municipio. La diferencia entre una y otra propuesta es que en la primera se propusieron cinco ESPD (Acueducto, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, Generación de Energía, Distribución de Energía y Telecomunicaciones), mientras que en la segunda, solamente tres (Acueducto, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, Generación y Distribución de Energía y Telecomunicaciones). La EICE operaría en ambos casos como un centro corporativo encargado de la coordinación y planificación de las actividades de las ESPD, brindando autonomía a la gestión de estas últimas.

Ante esta propuesta, el sector empresarial se ha mostrado en desacuerdo argumentando que niega la participación de la sociedad civil (?) y que la conformación de nuevas empresas autónomas reforzaría la burocracia y la corrupción dentro de la gran empresa. Por su parte, los trabajadores rechazan igualmente la propuesta del Alcalde en vista de las amenazas que representa para la organización sindical. Si bien el Alcalde ofrece en el proyecto de acuerdo garantías sobre estabilidad laboral, legalmente -plantea el sindicato-, los trabajadores trasladados a las ESPD tendrían que someterse al régimen laboral privado, quedando como empleados oficiales quienes laboren directamente en la EICE.

Como puede observarse, la discusión se ha centrado en las implicaciones -positivas o negativas- que la nueva estructura organizativa podría traer a los diferentes grupos de poder involucrados en la gestión de las Empresas. Evidentemente el carácter privado o mixto que asumiría la nueva empresa tiene implícitas unas consecuencias que no apuntan necesariamente al logro de eficiencia económica. Los intereses privados son contrarios a los propiamente públicos en un escenario en el que no opera propiamente la competencia. De igual forma, la actual estructura de la empresa y su gestión pública presentan fallas que impiden la consecución del objetivo social.

La actual estructura organizativa de la empresa podría ser reformulada bajo la figura de una EICE, dando prioridad dentro de la transformación a una estructura organizativa, de planificación y de gestión que apunte, a través de una mayor autonomía, hacia una dinamización de la gestión interna. Por esta vía podrían ser eliminadas las relaciones con elementos corporativos que inciden lesivamente en la toma de decisiones de la empresa. La discusión debería enfocarse hacia ese punto. La gestión interna de las actuales Empresas Municipales de Cali no necesariamente será mejorada con la propuesta del Señor Alcalde, pues no se plantea claramente cómo desarticular una gestión que desde dentro ha favorecido intereses privados y partidistas que han impedido el desarrollo de una actividad más acorde con la noción de eficiencia y el bienestar de la comunidad. Por el contrario, esta propuesta parece ser mucho más vulnerable a estas perversiones; prueba de ello se refleja en la dilación del debate que se ha suscitado hasta el momento en el seno del Concejo Municipal; finalmente la decisión será tomada de acuerdo con los criterios de las conveniencias políticas, de tal forma que la estructura organizativa más favorable para la ciudad, será aquella que satisfaga los acuerdos entre los grupos de poder.

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