HAY QUE CLARIFICAR LA EXPROPIACIÓN

HAY QUE CLARIFICAR LA EXPROPIACIÓN

La expropiación por vía administrativa es tal vez la única reforma urgente y clara en el campo económico que trae el proyecto de acto legislativo propuesto por el gobierno.

26 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

Evidentemente, luego del reciente fallo de la Corte Constitucional declarando inexequible el acuerdo de protección a la inversión extranjera celebrado con Gran Bretaña, es útil clarificar que la expropiación por vía administrativa solamente procederá para obras públicas, reforma agraria y reforma urbana .

Igualmente resulta conveniente derogar, como se propone, el inciso final del actual artículo 58, en donde se prevé la posibilidad de que haya expropiación por motivos de equidad sin pago de indemnización alguna cuando medie voto favorable de las mayorías absolutas de una y otra cámara. Esta norma es prácticamente imposible de aplicar por las dificultades de apreciar con objetividad el concepto de motivos de equidad .

Este conjunto de reformas creará, en consecuencia, un marco más propicio a la inversión extranjera en el país.

Dictadura fiscal? La discusión anual del presupuesto en el parlamento no tiene en Colombia la altura deseable. Se ha vuelto algo mecánico y rutinario. La ocasión de hacer el gran debate de la política económica termina usualmente en el consabido pupitrazo La propuesta del gobierno consiste en dividir el concepto de presupuesto en dos partes: la primera sería la parte macroeconómica, en la que se establecería el monto global y la estructura de los ingresos y de los gastos, teniendo en cuenta los efectos de su financiamiento sobre la economía. En ella se concederán autorizaciones de endeudamiento, las cuales podrán incluir empréstitos forzosos, y, de ser necesario, se reorientarán rentas cedidas o asignadas y se modificarán leyes que decreten gasto público, todo ello con carácter transitorio y de conformidad con lo dispuesto por la ley orgánica del presupuesto .

La segunda parte estaría conformada por el presupuesto tradicional de rentas y apropiaciones. Primero se aprobaría el presupuesto macroeconómico y después el presupuesto tradicional.

Al discutir inicialmente el presupuesto macroeconómico se garantizaría la altura del debate. Habría necesariamente que analizar allí los grandes lineamientos del gasto público, de los recursos disponibles y de la política macroeconómica. Pero ese objetivo se puede cumplir perfectamente debatiendo juiciosamente el mensaje presidencial que debe acompañar el presupuesto anual que el ejecutivo pone a consideración de las cámaras.

Lo que no es claro es porqué a la discusión del presupuesto macroeconómico se le cuelga la posibilidad de que el Congreso otorgue autorizaciones al Ejecutivo para endeudarse, para imponer empréstitos forzosos, para reorientar rentas cedidas y para modificar leyes que previamente hubieran decretado gastos públicos.

Está bien que se discuta el contorno macroeconómico del presupuesto. Pero lo que no está bien es que a través de ese expediente el Congreso termine abdicando su prerrogativa esencial de aprobar caso por caso, y no a través de autorizaciones genéricas, toda nueva renta pública (incluidos los empréstitos forzosos) y la facultad de decretar o modificar las leyes que ordenen el gasto.

Es decir, de acuerdo con la propuesta del Gobierno, la aprobación del presupuesto macroeconómico acarrearía una verdadera dictadura fiscal del Ejecutivo. Lo único para lo cual no podría dársele autorizaciones sería para imponer nuevos tributos. Pero a través de los empréstitos forzosos terminaría por hacer esto en la práctica.

Los objetivos buscados podrían alcanzarse perfectamente si simplemente se diera cumplimiento al actual artículo 347 de la Constitución, el cual prevé que, si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado....la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de los gastos contemplados .

De esta manera se le puede plantear al Congreso (al momento de presentar el presupuesto básico) la necesidad de crear nuevas rentas o modificar las existentes cuando los ingresos fueren insuficientes para atender los gastos proyectados.

Gasto Social Uno de los avances conceptuales más importantes del constituyente del 91 fue haber incorporado la inversión social como un mandato perentorio de la Carta.

La evidencia muestra que lo que verdaderamente redistribuye el ingreso es la modalidad de gasto que se ejecute y no el diseño de la tributación que se escoja.

Fue así como el artículo 350 dispuso que la ley de apropiaciones (en el presupuesto de gastos) debe tener un componente denominado gasto público social , que ese gasto tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación, y que la inversión social no podrá disminuir porcentualmente de un año a otro. Igualmente, el artículo 359 permite, como excepción, que haya rentas de destinación específica destinadas a la inversión social.

Curiosamente es el gobierno del tiempo de la gente y el Salto Social el que propone ahora, con argumentos técnicos muy deleznables, que se elimine esa orientación social que quiso imprimirle al gasto público el Constituyente del 91. !Qué gran paradoja!

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