LA REFORMA ES PRESIDENCIAL

LA REFORMA ES PRESIDENCIAL

El gobierno acaba de someter a consideración de las Cámaras un proyecto de reforma constitucional que toca importantes aspectos de la vida económica del país. Esta nota examina algunas de sus implicaciones.

25 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

Quién regula el cambio exterior? Sin que se diga una sola palabra en la exposición de motivos, el proyecto adiciona el numeral 25 del artículo 189 de la Carta, en el que se fijan las funciones del Presidente de la República, con la siguiente atribución: señalar el régimen de cambios internacionales .

El artículo 371 de la Constitución (que no se está proponiendo modificar) le encarga al Banco de la República la función de regular los cambios internacionales . Y el numeral 19 del artículo 150 (que tampoco se propone modificar) puntualiza que el Congreso dicta las normas generales para regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambios internacionales, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República .

O sea, de aprobarse la iniciativa gubernamental quedarían tres autoridades simultáneas en el país regulando lo concerniente a los cambios internacionales: el Congreso, el Banco de la República y el Presidente. Puede visualizarse un desorden mayor en tal eventualidad? El régimen actual es lógico: el Congreso dicta las normas generales sobre cambios internacionales y el Banco de la República las desarrolla como autoridad cambiaria que es, según lo define el artículo 372 de la Constitución.

Pero, qué papel jugaría el Presidente - dentro de la improvisada propuesta gubernamental- regulando él también los cambios internacionales? Cómo se evitaría que entrara en permanente conflicto o contradicción con el Banco Central en tan delicada materia? Dentro de las normas generales que dicte el Congreso lo lógico es que el Banco de la República, y no el ejecutivo, sea quien regule los cambios internacionales. La regulación cambiaria tiene infinidad de vasos comunicantes con el manejo monetario y sería por lo tanto de extrema gravedad bifurcar las responsabilidades cambiarias como lo plantea la propuesta del gobierno.

Fusión y burocratización El actual numeral 15 del artículo 189 autoriza al Presidente para suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos de conformidad con la ley .

En la propuesta del gobierno se propone modificar la redacción de este numeral así: Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales y, en este último caso, crear nuevos entes siempre que no se afecte el presupuesto ni se incremente el numero de empleos .

La redacción propuesta no podía ser de más claro corte samperista. Un artículo que está pensado en la Carta actual para desburocratizar la administración pública, se propone transformarlo para que cuando haya fusiones (que se están necesitando con apremio) se puedan crear más entidades y más burocracia.

Servicios públicos El numeral 22 del actual artículo 189 autoriza al Presidente para ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos . Y el artículo 370 puntualiza que Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan . Además, el artículo 334 dice que el Estado intervendrá, por mandato de la ley, entre otras áreas, en los servicios públicos y privados .

El Estado no está, pues, mal provisto para actuar en el campo de los servicios públicos.

Sin embargo, la nueva propuesta sugiere adicionar el actual numeral 22 del artículo 189 para que el Presidente pueda intervenir la prestación de los servicios públicos de acuerdo a la ley .

Qué se busca con esta nueva facultad presidencial? La exposición de motivos habla vagamente de que la prestación de los servicios públicos no basta con ser inspeccionada y vigilada sino se cuenta con la posibilidad de la intervención de modo que mediante las medidas idóneas correspondientes, el gobierno pueda, en concretas situaciones suplir las deficiencias que de cualquier naturaleza se presenten a fin de garantizar la prestación del servicio. Más allá de las funciones de la Superintendencia creada para esa garantía, la intervención por parte del Estado y en cabeza del Presidente, es conveniente porque así se dota de un poder superior y absoluto la finalidad de la garantía en favor de la comunidad .

La única conclusión es que se desea (como crípticamente lo sugiere la exposición de motivos) es colocar en las manos del Presidente un poder absoluto para intervenir en los servicios públicos. Esto, además de inconveniente, sería tremendamente antitécnico.

Todo parece indicar que se busca restringir el libre acceso de la iniciativa privada a la prestación de los servicios, un valioso principio que viene aclimatándose en el país. Así lo confirma la enmienda que se propone al actual artículo 365, donde se dice que el gobierno determinará aquellos servicios públicos para cuya prestación es indispensable obtener previamente la autorización estatal .

(Continúa mañana)

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