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ASÍ SE EJERCE EL DERECHO DE PETICIÓN

ASÍ SE EJERCE EL DERECHO DE PETICIÓN

Cómo opera el derecho de petición? A quién se dirige? Qué sucede si la persona no responde? Qué instancia se sigue para obtener la respuesta que uno busca a través de este derecho?

Las preguntas son de un lector de EL TIEMPO que se comunicó con la Línea T para participar con sus inquietudes en la sección Política para Menores.

La asesoría, en esta oportunidad, es de Myriam Avila Roldán, directora nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo.

La doctora Avila afirma que el derecho de petición es el que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades pública con el fin de obtener de éstas una pronta resolución sobre el asunto solicitado.

La Constitución de 1991 de manera explícita consagra este derecho en el artículo 23.

En Colombia tienen derecho a pedir información todas las personas nacionales y extranjeras mayores o menores de edad, letradas o analfabetas.

Las autoridades públicas deben responder las peticiones de interés general o particular en un término de 15 días hábiles.

Las solicitudes de información se deben resolver en el término de diez días hábiles y las de consulta, en término de 30 días hábiles.

Así mismo, las solicitudes pueden ser verbales o escritas. Si son verbales la autoridad la puede responder también verbalmente y si son escritas, las debe responder en forma escrita.

Si la persona deja una dirección se le remite a esa dirección, de lo contrario se deja la respuesta a disposición del peticionario en la oficina donde acudió, dentro del término correspondiente.

A quién se dirige La doctora Avila explica que el derecho de petición se dirige a la autoridad pública que se considere competente para resolver lo solicitado por la persona. Sin embargo, si esa autoridad no resulta ser la competente, ésta tiene el deber de remitir la petición a la autoridad que sí tiene facultad para contestarla y ello debe hacerse dentro del término de diez días hábiles.

De otra parte, aunque la Constitución establece de manera imperativa el derecho de petición frente a autoridades públicas, señala que podrá reglamentarse el derecho de petición frente a organizaciones privadas. Pero todavía no ha salido la ley que reglamente este último caso.

No obstante, la jurisprudencia ya ha señalado la obligatoriedad del derecho de petición por parte de las organizaciones privadas que prestan servicios públicos. Por ejemplo, aquellas que distribuyen correspondencia como Servientrega.

Negligencia El retardo injustificado en la respuesta y, con mayor razón, la ausencia de respuesta constituyen motivo de sanción disciplinaria puesto que es causal de mala conducta el que los servidores públicos sin razones válidas incumplan los términos para resolver los derechos de petición.

La otra consecuencia es que el ciudadano puede interponer una acción de tutela contra la autoridad que ha incumplido para que se le ampare su derecho de petición, considerado por la Constitución como fundamental, y se conmine a la autoridad a dar la respectiva respuesta.

El mecanismo que existe para proteger el derecho de petición es la acción de tutela. Independientemente de las sanciones disciplinarias a las que se debe atener el servidor renuente a responder.

El ciudadano tiene derecho a que se le contesten y tiene mecanismos para hacer efectivo ese derecho.

Tipo de peticiones Pueden ser quejas, cuando se pone en conocimiento de la autoridad conductas irregulares de empleados oficiales o particulares; pueden ser reclamos, cuando se da noticia a la autoridad de la suspensión injustificada de un servicio público o de su prestación ineficiente; pueden ser manifestaciones cuando se hace llegar la opinión del ciudadano sobre una materia sometida a actuación administrativa; pueden ser peticiones de información y pueden ser consultas. Todas ellas encajan dentro del concepto de derecho de petición.

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