LOS SUSTOS

En esta casa de espantos en que se le ha convertido el país a la inversión extranjera, algunas empresas multinacionales que han invertido o manifestado interés en hacerlo importantes sumas de dinero en Colombia, viven asustadas. El último susto lo protagonizó el Ministerio del Interior, con la presión de esa rueda suelta que es la Oficina de Asuntos Indígenas, cuando en una desconcertante determinación estableció una serie de mecanismos para negar, suspender o revocar licencias ambientales a proyectos de desarrollo que afecten la integridad económica, social o cultural de los pueblos o comunidades indígenas.

23 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

Como resultado de las negociaciones que tuvieron lugar luego de la ocupación por indígenas a la sede de la Conferencia Episcopal Colombiana, se expidió el decreto 1397 que les entrega a las comunidades y organizaciones indígenas mediante unas burocratizadas comisiones la facultad de detener o evitar inversiones en sus territorios, al prohibir o negar licencias que son requisito indispensable para iniciar cualquier proyecto de desarrollo.

Obviamente y no es difícil adivinarlo, la norma se convertirá en una talanquera más para las empresas petroleras que son las que más tienen que trabajar con poblaciones indígenas. Tampoco es un secreto que detrás de esas organizaciones indígenas se mueven los intereses de ciertos movimientos subversivos o de izquierda mamerta que aprovechan la pasividad de esas comunidades para arrinconar y ojalá sacar a las multinacionales que están explotando petróleo.

Bajo ninguna circunstancia pretendemos que se deje en el total desamparo a los integrantes de las comunidades indígenas, por muchos años abandonadas a su propia suerte por el Estado, pero acaparadas e intimidadas por organizaciones de falso ropaje. La Constitución es pródiga en establecer los derechos de esos colombianos y ha manifestado claramente que la explotación de los recursos naturales se hará sin desmedro de la identidad cultural, social y económica de las comunidades indígenas (art. 330 de la C.N.). La Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio del Medio Ambiente desarrolla este mandato constitucional y establece que las decisiones sobre la materia se tomarán mediante previa consulta con los representantes de las tales comunidades.

Las empresas petroleras sostienen que a los indígenas se les consulta y, con base en sus opiniones, la autoridad correspondiente juzga si se debe otorgar o no la licencia ambiental. El nuevo decreto obliga ya no a consultar sino a concertar con los indígenas o con sus organizaciones. Después de escuchar de boca del presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Abadio Green, que los grandes proyectos de desarrollo petroleros, mineros, hidroeléctricos implican la muerte de las culturas...; que detrás de las multinacionales vienen el alcoholismo y la prostitución..., y que todo ha sido horror, sangre y muerte para nosotros , es fácil prever las dificultades que van a enfrentar las compañías petroleras y mineras.

* * * * * Ojalá el Gobierno intervenga en este asunto para evitar, mediante una reglamentación del decreto, que se siga espantando la inversión extranjera. Y fijar de una vez por todas y con absoluta claridad si nos interesa que los extranjeros traigan su plata a Colombia. Las señales que se envían no pueden ser más desatinadas, pues con gran frecuencia se les cambian las reglas de juego a los inversionistas foráneos o se les colocan todo tipo de trabas burocráticas, como las consignadas en el decreto de marras, para hacer más dífícil su trabajo o evitar que el país se convierta en un escenario atractivo para el capital extranjero.

No puede ser más contradictorio que en momentos tan críticos de nuestra economía, estemos dándonos el lujo de jugar con la cuchara. Más seriedad, por favor.

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