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CORTE LLAMA A JUICIO A REGINA Y A RUIZ MEDINA

CORTE LLAMA A JUICIO A REGINA Y A RUIZ MEDINA

Los ex congresistas Regina Betancourt de Lizka y Jairo Ruiz Medina fueron llamados a juicio por la Corte Suprema de Justicia bajo presuntos cargos de concusión y prevaricato, respectivamente.

En el caso de la ex senadora Betancourt, ayer la Sala Penal de la corporación ordenó su detención domiciliaria y dictó resolución de acusación al encontrar que hay suficientes pruebas que podrían demostrar que exigió dinero a sus empleados para financiar al Movimiento Unitario Metapolítico.

Según la evidencia, la ex senadora indujo a un grupo de empleados del Congreso a aportar una cuota de su sueldo con destino a la financiación de su movimiento político.

La Corte evaluó una serie de testimonios que aseguran que Betancourt obtuvo de manera irregular aportes periódicos de funcionarios de su colectividad.

Precisamente este fue el cargo con el cual el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de la senadora el 18 de agosto de 1994.

Según el expediente del Consejo de Estado, cinco funcionarios del Congreso declararon ante los investigadores, bajo la gravedad de juramento, que tenían que entregar mensualmente una parte de su salario al Movimiento Unitario Metapolítico.

Al comienzo esos pagos eran voluntarios, después el que no pagaba se atenía a las consecuencias, que generalmente son la pérdida del puesto , señaló uno de los denunciantes en el Consejo.

La ex senadora se encontraba en libertad desde julio pasado, cuando la primera orden de detención domiciliaria que le dictó la Corte quedó sin vigencia.

Sin embargo, con la resolución de acusación la detención preventiva cobra vigor nuevamente hasta que concluya el trámite del juicio y se profiera la sentencia definitiva.

El delito de concusión es sancionado con penas de dos a seis años de prisión.

Ruiz Medina También ayer, la Sala Penal de la Corte ratificó una resolución de acusación contra el ex representante a la Cámara por el Amazonas, Jairo Ruiz Medina, sindicado de presunto prevaricato por acción.

La Corte acusó a Ruiz porque supuestamente abusó de su autoridad como miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y, al parecer, sin existir fundamento, llamó a indagatoria a los 16 consejeros de Estado que aprobaron la pérdida de investidura parlamentaria de Samuel Alberto Escrucería.

En criterio de la Corte, Ruiz infringió la ley, pues pese a estar impedido para adelantar una diligencia de esa naturaleza, el 27 de julio de 1993 citó a los magistrados que a la vez conocían de un proceso de pérdida de investidura en su contra.

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