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AVALAN VETO A MENSAJES CIFRADOS EN BUSCAPERSONAS

AVALAN VETO A MENSAJES CIFRADOS EN BUSCAPERSONAS

La Corte Constitucional dejó ayer incólume la prohibición de enviar mensajes cifrados o en lenguaje ininteligible a través de los sistemas de radiocomunicaciones.

La corporación determinó, a su vez, que en caso de destitución de los gobernadores o alcaldes, el Presidente de la República o gobernador, según la situación, deberá convocar, de manera obligatoria, a una nueva elección.

Esto, explicó la corporación, sin importar el término durante el cual haya permanecido el mandatario en su cargo.

La Corte, además, dejó sin vigencia la norma que permitía al Presidente de la República nombrar libremente el reemplazo de un gobernador o alcalde, en el evento de su renuncia por amenazas, intimidación o muerte. Esto, dijo, por cuanto se deben realizar las respectivas elecciones.

Así lo determinó la Sala Plena de la Corte al evacuar una demanda contra la Ley de Orden Público (Ley 104 de 1993).

En el caso de la convocatoria a elecciones para elegir alcalde o gobernador, la corporación dejó sin vigencia un aparte del Artículo 112 de la Ley de Orden Público, en el cual se fijaba que los comicios se podrían convocar siempre y cuando no haya transcurrido más de la mitad del período (del dirigente) y las condiciones de orden público lo permitan .

Respecto a la facultad del Presidente para elegir a los mandatarios amenazados, la corporación dejó sin vigencia el Artículo 114 de la Ley 104 de 1993.

Los mensajes Frente a la transmisión de mensajes, la corporación determinó que el Estado puede establecer restricciones y controles para evitar la emisión, por esa vía, de datos e informaciones ilícitas por parte de la guerrilla, el narcotráfico o la delincuencia común.

En criterio de la Corte, los suscriptores, licenciatarios o las personas autorizadas para emplear buscapersonas, radios portátiles y otros equipos no pueden transmitir mensajes cifrados o cuyo contenido pueda servir para perpetrar un acto criminal.

El objetivo, explicó la corporación, es el de impedir que las organizaciones al margen de la ley empleen esos canales para difundir sus planes, acciones o atentados terroristas.

El Estado, indicó, puede sancionar a quienes infrinjan la prohibición.

Con estos argumentos, la Sala Plena de la Corte avaló la prohibición de envío de mensajes ininteligibles, consagrada en la Ley de Orden Público (Ley 104 de 1993, Artículo 105, numeral 4).

Esta decisión la respaldaron los magistrados José Gregorio Hernández, Vladimiro Naranjo, Jorge Arango, Fabio Morón y Hernando Herrera Vergara.

Sin embargo, los juristas Eduardo Cifuentes, Carlos Gaviria, Antonio Barrera y Alejandro Martínez no compartieron la tesis de sus colegas.

En criterio de los cuatro consejeros, la restricción de emitir datos cifrados constituye una flagrante violación de las garantías a la intimidad y a la comunicación.

No obstante, en opinión del bloque mayoritario, no es cierto que a través de esa restricción se viole el derecho a la comunicación.

Los buscapersonas, los equipos de radiotelefonía móvil no pueden ser empleados para transgredir la ley y emitir datos en términos ambiguos y diferentes a los del uso habitual entre las personas , explicó el presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández Galindo.

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