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DERECHO A INFORMAR VS. RESERVA DEL SUMARIO

DERECHO A INFORMAR VS. RESERVA DEL SUMARIO

Cuando ejercimos el cargo de Vicefiscal General defendimos el principio de reserva, en el propósito de asegurar que las pruebas por recoger o las decisiones por adoptar o que no se hubieren notificado legalmente, fueran conocidas prematuramente causando irreparables perjuicios a la actividad investigativa del Estado. Ello por cuanto que, reserva sumarial no es sinónimo de impunidad, sino garantía de respeto por unos principios propios de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
10 de diciembre 1995 , 12:00 a. m.

Sin embargo, nuestros amigos periodistas tienen la virtud de la constancia y obtienen por muy distintas fuentes la información que requieren, muchas veces sin reparar en las consecuencias de su publicación prematura. Basta con repasar las páginas de diarios o revistas o rememorar pasadas ediciones de noticieros de televisión para concluir cómo el principio de reserva sumarial en Colombia es letra muerta en cuanto resulta violentado todos los días, en algunos casos, en la forma más descarada.

Pero, ciertamente, la responsabilidad no recae solamente en algunos medios de comunicación que, ansiosos del sensacionalismo, publican sin medir las consecuencias de su intromisión en la actividad judicial. Los funcionarios judiciales tienen una gran cuota de responsabilidad cuando, ávidos del protagonismo y de lo que algunos han denominado la justicia espectáculo, acuden a los periodistas para ofrecerles chivas que les garanticen frecuentes y permanentes apariciones en los medios, que les permitan mantenerse vigentes en la retina de los ciudadanos.

Revisando una sola publicación semanal en sus últimas cinco ediciones, bajo los títulos Operación Caribe , Los secretos de Pallomari , Quién se la robó? , El diario de Medina , para solo referirme al caso de moda del llamado proceso 8.000, encontré innumerables violaciones de la reserva sumarial mediante la publicación de párrafos entre comillas de declaraciones que hacen parte de la actuación judicial, documentos, listas de nombres, etc., que les permiten a quienes aún no están legalmente vinculados, conocer anticipadamente qué se dice de ellos en el proceso y cuál pudiera ser el grado de su compromiso penal.

Ello sin mencionar la continua revelación de los famosos informes de inteligencia, de las capturas que van a producirse o los allanamientos que han de efectuarse o, casos del pasado como los de los miembros del llamado cartel de Medellín que encontraban publicados en diarios de amplia circulación, los textos completos de las indagatorias de sus asociados, la descripción de las propiedades aún no incautadas mediante orden judicial y que entonces podían transferir y en fin, todo un conjunto de piezas procesales que les permitían estar al tanto de lo que la justicia había podido recoger como prueba en sus investigaciones y decidir si era o no necesaria su entrega o la confesión de sus delitos para obtener importantes beneficios de rebajas de pena.

Y qué no decir de los casos en los que los propios abogados defensores revelan las interioridades del proceso con el propósito de ganar espacios en la opinión cuando las defensas pueden encontrarse seriamente comprometidas. En fin, todo un conjunto de circunstancias que ameritan revisar el tema y hacer del principio de reserva algo efectivo, sin perjuicio del derecho de los medios a informar, pero aquello que legalmente puede informarse. No pretendemos limitar el derecho a la información o desconocer el importante papel que han cumplido algunos medios que han ejercido el llamado periodismo de investigación y de denuncia, sino hacer un llamado a la responsabilidad social de los medios en la tarea de informar, llamado que parece no ser insular, sino, más bien, la expresión de un sentimiento que crece entre los propios periodistas que orientan reflexivamente a la opinión.

En reciente edición de Cromos se cita una frase de María Jimena Duzán que ilustra lo que actualmente está sucediendo, desde la visión de un periodista. Ella afirma: No solo la violencia de sangre es la que se está usando para elevar el nivel de sintonía. Toda esta historia de los narcocheques y las narcolistas cuando no se analizan, estudian y confirman bien, generan mayor rating y son una manera también violenta de mostrar una realidad . No deja de llamar la atención que en la misma revista un director de noticiero de televisión reconozca sin reparos que, en los noticieros de televisión tenemos poco tiempo para la reflexión y prácticamente hay que publicar al ritmo en que se producen los hechos .

Qué tristeza entonces que el derecho a la información y la libertad de expresión sean hoy utilizados muchas veces como instrumentos del mercantilismo, en aras de un lucro que se oculta bajo el manto de un pretendido propósito de comunicar una noticia. No. El periodismo serio y responsable es el que reclaman las épocas actuales. El periodismo y sobre todo el que se encarga del cubrimiento de las noticias judiciales, está llamado a reflexionar sobre el ejercicio responsable de su cometido y el respeto por el buen nombre y los derechos constitucionales fundamentales de los demás.

Información judicial Analizada la responsabilidad social que se deriva del derecho a informar, corresponde entonces estudiar los alcances y límites de la información en el ámbito de lo judicial. De acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional, los medios masivos de comunicación escritos y audiovisuales tienen el derecho y la función de poner a la ciudadanía al corriente de los hechos y situaciones que son objeto de investigación ante las autoridades de policía y las correspondientes instancias de la justicia penal y que, dadas sus características, merecen ser públicamente conocidos. El manejo de las informaciones y su presentación a la colectividad resulta ser muy delicado en razón de su misma naturaleza. Por tanto, requiere del mayor cuidado y discreción por parte de los medios, sin perjuicio de la libertad de informar .

A nuestro juicio y siguiendo de cerca los pronunciamientos que en particular por la vía de las acciones de tutela ha efectuado la Corte Constitucional, los límites de la información judicial son los siguientes: 1. La información judicial no puede basarse en especulaciones sobre hechos inciertos, ni mucho menos en conclusiones apresuradas del periodista. Se corre el peligro de tergiversar los hechos y tornar engañosa la información, lesionando el buen nombre, la fama y la dignidad de una persona.

2. El medio debe informar exactamente lo ocurrido de manera objetiva, sin efectuar análisis infundados o, indicar con su opinión, cuál debe ser la propia de quienes la reciben.

3. No puede el periodista hacer que el lector, oyente o televidente considere como verdadero algo que no se ha establecido, acudiendo a titulares, comentarios e interferencias que conduzcan a tal resultado.

4. Se afecta el buen nombre cuando se propagan sin fundamento versiones o informaciones en virtud de las cuales se juega con la honra, la fama, el buen nombre o el honor de las personas.

5. Al escoger la información que se quiere llegue a la comunidad, no basta simplemente con recoger como noticioso aquellos hechos representativos de sangre o violencia, con desconocimiento de otras ejecutorias que siendo menos noticiosas, provocan en la comunidad sentimientos de tranquilidad y seguridad.

6. El periodista no agota su responsabilidad al difundir la noticia, se ampara en la obtención de ésta de una alta fuente , esto es, que la información a su vez le fue comunicada. No! Su actuar debe basarse en informaciones imparciales, completas y exactas, cotejando la veracidad de sus fuentes. Expresiones como una alta fuente le expresó a este diario, revista o noticiero que estaba comprobada la responsabilidad de Pedro Pérez en la comisión del delito , sin evaluar la veracidad del dicho de la fuente, es irresponsable. La ciudadanía reclama de los periodistas y de los medios, calidad en la información. Esto es, veracidad e imparcialidad, en los términos de la Constitución. El medio no tiene un simple derecho a informar, sino a informar en forma veraz e imparcial y el ciudadano tiene derecho a recibir una información fidedigna. Es por ello que la rectificación, cuando hay lugar a ella por haberse constatado el equívoco, constituye una obligación del medio y no un acto generoso de su parte.

7. Cuando el medio de información afirma habe r comprobado algo, debe estar en capacidad de acreditar la prueba de su aseveración, sin que pueda oponerse la reserva o secreto profesional de la fuente, en cuanto esta no constituye una licencia para informar sin responsabilidad y sin sustento. El periodista, en términos del artículo 11 de la Ley 51 de 1975, está sujeto a las responsabilidades que adquiere con sus afirmaciones y no puede escudarse en el dicho de terceros cuyos nombres oculta, para calumniar o injuriar. No. Será él quien responda por lo que diga .

8. Particularmente y en lo que hace con las investigaciones de carácter penal, la libertad de información encuentra un nuevo límite legal: la reserva sumarial. El periodista, antes que la noticia, debe evaluar la pertinencia y legalidad de su divulgación aun a costa del sacrificio de la chiva, en salvaguarda de más elevados intereses como los que se derivan del éxito de investigaciones o actuaciones en curso.

Reserva sumarial Conforme lo dispone el estatuto anticorrupción (Ley 190 de 1995), en su artículo 77: Los periodistas tendrán acceso garantizado al conocimiento de los documentos, actos administrativos y demás elementos ilustrativos de las motivaciones de las conductas de las autoridades públicas, sin restricciones diferentes a las expresamente consagradas en la ley .

Si bien entonces el periodista tiene un derecho especial a ilustrarse sobre las motivaciones que han determinado una actuación de cualquier autoridad pública, incluida la judicial, tal derecho tiene por límite una restricción consagrada en la ley procesal penal: la reserva del sumario. El sumario está constituido por el conjunto de diligencias y demás elementos de prueba practicados o que se deberán practicar con el fin de identificar los autores o partícipes en un delito, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los hechos sucedieron y los elementos componentes de la indemnización civil (naturaleza y cuantía de los perjuicios).

Técnicamente, los componentes del sumario tienen entonces carácter reservado, lo cual significa que, en principio, no pueden ser conocidos sino por las personas que señala la ley, esto es, conforme lo dispuesto por el artículo 331 del C. de P.P., quienes intervienen en el proceso penal (funcionarios judiciales, defensor, sindicado, parte civil, tercero incidental, Ministerio Público, peritos y Veeduría de la Fiscalía). Los funcionarios administrativos que adelantan investigaciones de ese carácter o disciplinarias, pueden solicitar piezas procesales o decretar inspecciones judiciales, sin que a ellos pueda serles opuesta reserva alguna. La llamada reserva del sumario se extiende también a la investigación previa, conforme lo señala el artículo 321 del C. de P.P., siendo en este caso más estricta, toda vez que las diligencias solo pueden ser conocidas por el defensor del sindicado que rindió versión preliminar. No obstante el contenido de este precepto, hemos entendido que la garantía constitucional del derecho de contradicción permite la controversia probatoria aun antes de que el imputado rinda versión, posición que además encuentra respaldo en el contenido del artículo 81 de la Ley 190 cuando obliga al funcionario que adelanta la investigación preliminar a notificar al imputado o imputados conocidos del inicio de la investigación, a fin de que este ejerza su derecho a la defensa. La reserva sumarial no es otra cosa que el sigilo o secreto que deben guardar los sujetos procesales que intervienen en una actuación jurídico penal, lo mismo que las personas que pueden ser llamadas a participar en la misma o que de alguna manera han recibido información sujeta a tal reserva.

Tiene su razón de ser en la salvaguarda del éxito de la investigación, a fin de que esta se adelante en forma libre y autónoma por los operadores judiciales competentes y en la garantía de la presunción de inocencia que prevalece en la actuación penal en favor de los a ellas vinculados. No significa impunidad, sino seguridad y prudencia. Lo que se quiere con la reserva es preservar la integridad de la prueba, facilitar su adecuado recaudo y permitirle al funcionario de instrucción que obre con absoluta autonomía y libertad. En consecuencia, la violación del deber de reserva de la investigación penal es conducta que solo puede ser realizada por los funcionarios judiciales y los sujetos procesales. Por ello, cuando un medio de comunicación divulga información que por ley debe estar sujeta a reserva incurre en una falta a la responsabilidad social que le es propia, extendiendo los efectos dañinos de una violación a la reserva que dio origen a la publicación, pero no propiamente en violación a la reserva del sumario, en la que incurre si el funcionario o sujeto procesal que revela el hecho o hechos, entre otras razones porque el sumario no lo adelanta el medio.

Si bien el artículo 322 del C. de P.P. señala que la publicación en medio de comunicación de información de carácter reservado hará incurrir en sanción a los empleados y sujetos procesales responsables como al medio de difusión, es claro que quien viola el deber de reserva no es el medio o el periodista, sino el funcionario o sujeto procesal. Lo que hace el medio que difunde la información obtenida con violación de la reserva es extender los efectos de esa violación y atentar contra la seguridad y éxito de las investigaciones, motivo por el cual resulta también sancionado (...) Lo hasta aquí expuesto constituye el marco normativo de la reserva sumarial, pero, nos preguntamos, cuántas sanciones se han impuesto a los infractores de estas disposiciones? Y de ellas, cuántas a medios de comunicación? Ninguna. La reserva sumarial en Colombia es entonces letra muerta. (Fragmento)

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