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NO HABRÁ DERRUMBE MASIVO DE TRATADOS

NO HABRÁ DERRUMBE MASIVO DE TRATADOS

La expectativa que creó la declaratoria de parcial inconstitucionalidad del concordato, y que hizo temer a expertos y ex presidentes en un derrumbe de los tratados internacionales, se diluyó anoche en la Corte Constitucional. Así, la Corte definió hasta dónde llega su competencia para conocer de tratados suscritos antes de la Constitución de 1991 y rotuló al Concordato como un caso singular.

A ese efecto, el texto final de la sentencia fijó una línea divisoria entre tratados cuya órbita son los derechos fundamentales y los tratados que, en razón de su carácter jurídico (límites, comercio, etc) son claramente ajenos a éstos.

En concepto mayoritario de la Corte, no es posible asimilar los tratados que establecen aranceles comunes y puertos de libre comercio a pactos que, como en el caso del Concordato, buscan establecer regulaciones a la conciencia de los hombres religión, culto, educación, etcétera.

En el primer caso, señala la Corte las partes contratantes, por lo general, libremente disponen de su propia esfera jurídica soberana . Es la tarea que asumen Gobierno y Congreso al definir acuerdos sobre límites o convenir en un sistema aduanero preferencial actuando a nombre del interés común y dentro del marco jurídico interno.

En la Ley aprobatoria del Concordato, en cambio, se percibe que la base subyacente sobre la cual recaen algunas normas de sus normas, resulta ajena a la órbita de quienes lo suscribe (el ejecutivo o la Santa Sede, por ejemplo).

La libertad de cultos, la libertad de conciencia, y de expresión y el principio de igualdad, en su vertiente religiosa, se predican del hombre y de los grupos humanos como sujetos autónomos .

Expresado de otro modo, a juicio de la Corte, salvo el individuo mismo, ningún otro, ni siquiera el Gobierno o la Iglesia Católica, tienen autoridad para regular la conciencia y las libertades individuales en el ámbito espiritual. No hubo violación Los tratados universales de derechos del hombre observa la Corte son precisamente la razón de ser de este argumento, y la explicación de porqué Colombia no ha violado el Pacta Sunt Servanda al declarar la inexequibilidad de 16 disposiciones del concordato.

La Pacta Sunt Servanda, cláusula de la Convención de Viena sobre tratados internacionales, suscrita por países de los cinco continentes en 1985, establece la obligatoriedad en el cumplimiento de los tratados internacionales.

El artículo 46 de la Convención prevé que un Estado podrá alegar vicios en la suscripción de un tratado cuando exista violación manifiesta de normas fundamentales del derecho interno, y el artículo 53 prevé que será nulo cualquier norma bilateral o multilateral que pretenda desconocer principios Jus Cogens o principios universales de la civilización.

Esto es, en concepto de la Corte, los derechos humanos reconocidos y tutelados por los pactos internacionales de orden universal.

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa (Jus Congens) del derecho internacional General .

Es ese, a juicio de la Corte, el caso de los 16 artículos del concordato que fueron declaradados inexequibles, primero por violación de los principios universales y rectores de la civilización y segundo porque tales principios están consagrados como esenciales en la Carta de Derechos que es la introducción de la Constitución de 1991.

En esa dirección la Corte señala: valga citar por vía de ejemplo las normas imperativas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que son desconocidos por el Convenio Bilateral entre el Estado Colombiano y la Santa Sede, y que a la luz de la Convención sobre el Derecho de los Tratados, se encuentra viciado de nulidad: el principio de igualdad consagrado en los artículos primero y séptimo de la Declaración de los Derechos del Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y segundo del pacto internacional de derechos económicos .

A la vez, señala la Corte, se violan la libertad de conciencia, de religión y de cultos regulada en los artículos 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las libertades de contraer matrimonio y de disolución del vínculo, reconocidos en los artículos 16 de la Declaración Universal, los artículo 17,2 y 4 de la Convención Americana y el 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles .

Finalmente, en concepto de la Corte, el Concordato era violatorio además de los derechos a la educación, libertad de enseñanza y autonomía universitaria de los artículos 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 del pacto de Derechos económicos.

La totalidad de esos preceptos, observa la Corte, son reconocidos por la Constitución, han sido adoptados por ella y constituyen su principio rector. De ahí, la inconstitucionalidad de la Carta. Normas que caen y argumentos de la decisión Estos son los artículos que por mayoría y con un único salvamento de voto a cargo del magistrado José Gregorio Hernández, fueron declarados inexequibles. En cada caso, se incluyen los argumentos predominantes: ARTICULO 6. (Declarado inconstitucional) El Estado y la Iglesia colaborarán en la promoción de las condiciones humanas y sociales de los indígenas y de la población residente en zonas marginadas.

Razones: La Corte considera que esta norma vulnera el principio de identidad étnica, política, social, legal y religiosa que la Constitución de 1991 reconoció a las comunidades indígenas.

ARTICULO 8. Las causas de nulidad o de disolución del vínculo de los matrimonios católicos son de competencia exclusiva de los Tribunales Eclesiásticos.

Razones: El criterio de la Corte es que si bien la disolución del matrimonio Católico la nueva Carta atribuyó a la autoridad y a la Ley civil la regulación de lo relativo a la disolución del vínculo de los matrimonios católicos .

ARTICULO 9: Las causas de separación de cuerpos de los matrimonios católicos serán tramitadas ante el Estado.

Razones: Las causas de separación de cuerpos son competencia exclusiva del Estado, se rigen por la Ley civil y, por consiguiente, el Estado no puede pactarlas.

ARTICULO 11. El Estado contribuirá con fondos del presupuesto nacional al sostenimiento de los planteles católicos.

Razones: Es inconstitucional el auxilio de entidades de derecho privado (355).

ARTICULO 12. Las familias católicas recibiran educación religiosa conforme a los planes y programas de la propia Iglesia.

Razones: La norma vulnera las libertades de culto, religión y enseñanza y discrimina a otras congregaciones.

ARTICULO 13. Iglesia colabora en la educación oficial, en regiones marginadas, segun contratos establecidos con el Estado.

Razones: violación del principio de la diversidad étnica y cultural al establecer un régimen canónico especial y se privilegia a la iglesia Católica en detrimento del principio de igualdad.

ARTICULO 14. El derecho de nombrar obispos y arzobispos es exclusividad del Papa, previa comunicación al presidente de la República.

Razones: se entrega una potestad de veto al Jefe de Estado en virtud de razones políticas o civiles, que pugna con la independencia de la religión católica o de cualquier otra y rompe el principio de igualdad entre cultos.

ARTICULO 15. La Santa Sede puede crear nuevas diócesis cuando lo considere oportuno, previo aviso y acatamiento de las recomendaciones que le haga el Gobierno.

ARTICULO 16. Las jurisdicciones misionales podrán elevarse a la categoria de diócesis.

Razones: La perspectiva de establecer misiones y regímenes canónicos especiales es inconstitucional en razón del principio de diversidad étcnica y el respeto a cada cultura, en particular a las indígenas.

ARTICULO 17. La Iglesia brinda orientación espiritual y pastoral a los miembros de las Fuerzas Armadas, a través de su vicaría castrense.

Razones: Considera la Corte que a partir de esta norma se vulnera la libertad de culto y de religión que tienen los militares.

ARTICULOS 19 y 20. Los procesos civiles de clérigos y religiosos los manejarán los tribunales del Estado, con excepción de los obispos, quienes serán juzgados por la sede apostólica. No podrán ser recluidos en cárceles comunes.

Razones: Ambos artículos son inexequibles pues no existe en criterio de la Corte ninguna norma constitucional que ampare la inmunidad que pretende establecer el concordato. La rama jurisdiccional opera respecto de ciudadanos colombianos y extranjeros, independientemente de su condición.

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