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CONGRESISTAS REVOCADOS NO SERÁN INDEMNIZADOS

CONGRESISTAS REVOCADOS NO SERÁN INDEMNIZADOS

El Consejo de Estado oficializó anoche su decisión frente al debate sobre si se indemniza o no a los congresistas que fueron revocados por la Asamblea Constituyente el 15 de junio de 1991: los parlamentarios no serán resarcidos económicamente.

Los consejeros consideraron, como lo informó este diario en su momento, que las decisiones de la Asamblea Constituyente no tienen control jurisdiccional y por eso no es viable ordenar pago alguno por la decisión de la Constituyente.

Un magistrado explicó así la decisión: la revocatoria de los congresistas es un acto político del poder constituyente y no del poder constituido.

De ahí que por eso esas decisiones no tienen control en los estrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo .

A su juicio, los congresistas elegidos el 11 de marzo de 1990 -cuyo mandato fue suprimido- no sufrieron un perjuicio que deba indemnizarse.

Esto, en su opinión, por cuanto no existía una relación jurídica con el Estado que impidiera que su período fuera recortado.

La decisión la adoptó la Sala Plena del Consejo de Estado al acoger una ponencia presentada por el jurista Diego Younes Moreno.

El país votó en ese entonces para definir los 313 nuevos congresistas, el candidato liberal a la Presidencia y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Los senadores y representantes elegidos tomaron juramento el 20 de julio y su período, en teoría, concluiría el 20 de julio de 1994. A la postre, sólo se prolongó un año, cuatro meses y 10 días.

El pronunciamiento constituye el epílogo de una encendida e intensa discusión que tuvo como escenario, en primer término, la Sección Tercera.

Luego, por razones de importancia, pasó a la plenaria del alto tribunal.

La determinación de la corporación se produjo al negar la ponencia presentada por el jurista Daniel Suárez, quien era partidario de indemnizar a los parlamentarios, cuyo mandato fue revocado por la Asamblea Constituyente.

La decisión se registró al confirmar un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del cual se negó la petición de indemnización contra el Estado.

En criterio del Tribunal, la validez de la Constitución es incuestionable por cualquier medio ya que emana del poder constituyente por su naturaleza ilimitado y absoluto .

Suárez Hernández consideraba, entre otros argumentos, que la revocatoria del mandato efectuada por la Asamblea Constituyente suscitó un daño antijurídico a los entonces congresistas.

Este daño, considera, no tenían por qué soportarlo los parlamentarios y por eso es procedente decretar la indemnización que reclaman.

En criterio del bloque encabezado por Suárez, la reunión de la Constituyente emana del orden jurídico anterior. Incluso, señala, a través de dos sentencias la Corte Suprema de Justicia dejó en claro que lo único que no podía hacer la Asamblea era alterar los períodos de los poderes constituidos. En este caso, el del Poder Legislativo.

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