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Mejor fuero que inmunidad

Mejor fuero que inmunidad

Volvió a alborotar el cotarro el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, al presentar un proyecto de reforma constitucional para revivir la figura de la inmunidad parlamentaria.

Aparte de la conveniencia, o no, de tal propuesta, aflora otra vez lo que López Michelsen llamaba el poco sentido crítico de los colombianos, una de cuyas manifestaciones es la emocional reacción inmediata ante episodios públicos, antes de analizarlos con cabeza fría. Para descalificar una idea, antes que plantear argumentos en contra, se combate a su autor.

Para muchos, se trataba de derogar el Código Penal para los congresistas; para otros, de que no se los procesara nunca, y no faltaron quienes vieron en ello una especie de amnistía o indulto para poner fin a los actuales procesos por 'parapolítica' y otros delitos adelantados en la Corte Suprema de Justicia.

Inclusive, los contradictores políticos del proponente aprovecharon para orquestar una campaña mediática en su contra.

Pero en realidad no hay relación entre la inviabilidad de la propuesta (que augura tanto éxito como podría tenerlo un vendedor de escapularios a las puertas del infierno) y supuestas conductas reprochables de Corzo en el pasado.

La inmunidad parlamentaria fue una institución del siglo XIX, que consagraba la Constitución de 1886, en virtud de la cual no se podía detener al parlamentario sin permiso de la Cámara respectiva, durante el periodo de sesiones, treinta días antes y veinte días después de estas.

Eran otras épocas, cuando para preservar la autonomía del Congreso se buscaba evitar que los gobiernos pusieran a los jueces a su servicio, hoy un imposible.

La práctica en el siglo XX fue desafortunada, pues, como se recuerda, el temible criminal Pablo Escobar se fugó mientras el Congreso decidía si le levantaba o no la inmunidad. Sin embargo, nunca se negó un levantamiento de inmunidad. En todo caso, una vez levantada la inmunidad, o concluido el periodo de protección, el congresista podía ser detenido y procesado como cualquier persona. Después del trámite, el parlamentario se sometía a las leyes ordinarias sobre competencia, pues no tenía fuero, como ahora. Fue, paradójicamente, esa ausencia de fuero la que impidió que muchos congresistas fueran a la cárcel, pues los jueces no se atrevían a llegar hasta el fondo en las investigaciones contra ellos.

Significativo fue el caso de la inmunidad frente a las primeras acusaciones por peculado y falsedad contra Alberto Santofimio, pues entonces gozaba de plena protección política que lo cobijó hasta comienzos de los años noventa.

En el proyecto Barco, de 1988, se optó por suprimir la inmunidad parlamentaria, por desueta e inconveniente y reemplazarla por fuero, para que los congresistas pudieran ser procesados y detenidos en cualquier momento por decisión de la Sala Penal de la Corte. Esa propuesta se repitió en la Constitución de 1991, y es la que ha permitido que, a diferencia de la impunidad en el pasado, ahora muchos parlamentarios hayan podido ser procesados y condenados por diversos delitos. El problema, por tanto, no era la inmunidad sino que fueran jueces de menor rango quienes investigaran y juzgaran a los miembros de las dos cámaras.

Lo que hoy ha permitido adelantar los procesos no es tanto la ausencia de inmunidad parlamentaria, cuanto el fuero ante la Corte.

Es, sí, inconveniente revivir la inmunidad. Pero lo esencial es mantener la competencia de la Corte, aun cuando sea solo para el juzgamiento, como lo propone la más reciente reforma judicial.

Y como todo ciudadano, los parlamentarios deben tener derecho a la doble instancia para que un Tribunal independiente de quien toma las primeras decisiones pueda revisarlas en apelación

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