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LA CONCERTACIÓN

LA CONCERTACIÓN

Uno de los argumentos oficiales para lograr la aceptación política de la reforma tributaria fue el de que sin mayores impuestos resultaba imposible financiar el programa social en favor de los pobres. Esto era particularmente contundente en el aumento de los impuestos indirectos, de por sí socialmente regresivos. Y, quién en nuestro país no está de acuerdo en que la población desprotegida sea atendida adecuadamente por el Estado.

Dada la delicada situación fiscal que en forma gradual se fue dando a conocer, todos los sectores sociales y políticos fueron adquiriendo conciencia del sacrificio a medida que se tramitaba el proyecto en el Congreso de la República. Los gremios más radicales fueron perdiendo espacio y argumentos de que resultaba peligroso para los compromisos adquiridos en estabilidad de precios cedieron el paso a esa conciencia social. Así, el proyecto está a las puertas de convertirse en ley y con toda seguridad los consumidores colombianos pagarán un IVA del 16 por ciento desde el año nuevo.

Nadie desconoce los aportes que el sector cafetero ha hecho a la economía colombiana y de la necesidad de encontrar solución a los problemas que viven los productores como consecuencia de un cambio radical en el entorno sectorial interno y externo. En ese orden, el esfuerzo fiscal con recursos del Fondo Nacional del Café en los dos últimos años ha sido evidente.

Pero no confundamos. La semana pasada, la Cámara de Representantes en pleno decidió que un mínimo del 10 por ciento del recaudo adicional del IVA en 1996 y 1997 se aplicará a aliviar las obligaciones de los productores cafeteros contraídas antes de julio de 1995. Nada más injusto, discriminatorio y de cambio en las reglas que sustentaron el apoyo a la reforma.

El solo argumento constitucional da para cuestionar la decisión, pues en Colombia no se permiten las rentas de destinación específica, pero no queremos entrar en ese asunto que debe aclararlo los tribunales.

Es injusto, porque sencillamente lo que se pretende es que los colombianos paguemos las deudas u obligaciones adquiridas por un sector específico, tema que parecía superado hace muchos años cuando se hablaba sobre, en qué casos debía entrar el Estado a tapar los huecos que bajo su propio riesgo había abierto el sector privado. Muy distinto a cuando se trata de situaciones de emergencia por la ocurrencia de desastres naturales, por ejemplo.

Es discriminatorio e implica un cambio en las reglas de juego en el entendido de que el gobierno había prometido que los mayores recaudos de IVA tendrían como objetivo atender programas de gasto social en los sectores más pobres de la población.

Se nos ocurre pensar que el Gobierno conocía la situación, pero en aras de obtener la aprobación del mayor IVA aceptó la trampa a los consumidores, lo cual es censurable aunque entendible. Es una muestra más de la debilidad del ejecutivo.

Siempre tuvimos la duda que el modelo de concertación propuesto por el presidente Samper al comenzar su mandato no iba más allá de lo que nos ha pasado muchas veces en el país: es una forma injusta de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Tristemente teníamos razón.

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