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Celulares: después de la portabilidad numérica

El país ha ingresado al grupo de aproximadamente 60 naciones que ya han adoptado la portabilidad numérica como mecanismo para que los usuarios, tanto en pre como en pospago, sean dueños de su número de móvil, con lo cual podrán cambiar de operador y recibir mejores ofertas de tarifas y servicios.

La iniciativa empezó a gestarse hace más de ocho años y el mes pasado se hizo
realidad.
El régimen de protección de los derechos de los suscriptores y los usuarios de
los servicios de telecomunicaciones consagra que estos tienen derecho a
conservar el número telefónico que les haya sido asignado por el operador con
el que contrataron el servicio y activarlo posteriormente en la red de la
compañía de su preferencia, conservando el número de 10 dígitos, incluyendo el
prefijo.
La portabilidad numérica representa un reto importante para las empresas de
telefonía móvil, ya que, anteriormente, los usuarios de este servicio
permanecían 'amarrados' a un operador, a pesar del mal servicio que pudieran
estar recibiendo. Además, el cambio a otra empresa les implicaba perder el
número y el contacto con sus clientes, familiares y amigos.
Ahora los usuarios tienen la libertad de elegir la compañía que les preste el
mejor servicio y las mejores tarifas. Las llamadas caídas en mitad de la
conversación, los precios exorbitantes y demás abusos serán historia.
Debido a esto, se avecina una relación más equitativa entre el operador móvil
y sus usuarios. Llegó el momento en el que todos los operadores de telefonía
móvil tienen que competir por sus suscriptores con base en un mejor servicio,
en tarifas competitivas y en la disponibilidad de red sin caídas y sin
llamadas interrumpidas.
No obstante, para que se efectúe la portación del número, el usuario debe
solicitarla al operador de telefonía móvil al que haya decidido vincularse y
será este quien informe al operador anterior tal requerimiento. La empresa que
recibe al cliente deberá informarle, previo al cambio, el valor que se cobrará
por concepto de gastos operativos y administrativos asociados al traslado.
En lugar de que cada operador asigne un número de teléfono a cada usuario,
cada colombiano debería tener (así como tiene una cédula de ciudadanía) una
línea de teléfono móvil asignada exclusivamente a él, lo cual le permite
conservarla aún cuando cambie de empresa o suspenda el servicio para
reanudarlo varios años después. En otras palabras, el número del celular que
el usuario tiene a actualmente, desde el pasado 29 de julio le pertenece hasta
el día de su muerte, y probablemente por unos años después.
De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, en julio del 2010
Colombia contaba con más de 42 millones de usuarios activos en planes prepago
y pospago. Tener la identificación de cada uno de estos números le va a
ofrecer al Estado mayor control, sobre todo cuando una gran cantidad de los
secuestros y extorsiones se hacen utilizando telefonía móvil y sistemas de
prepago que permiten el anonimato total del usuario que hace la llamada.
El sistema nacional de portabilidad numérica será de fundamental ayuda para
las entidades gubernamentales, en la medida en que podrán identificar más
fácilmente la proveniencia de cada llamada, lo cual hará más difícil la
utilización de celulares y otros teléfonos móviles como herramientas para
cometer delitos.
En conclusión, la portabilidad numérica constituye un hito para el sector de
las telecomunicaciones y el país en general.
Sin embargo, el Gobierno Nacional se encuentra en mora de regular que la
facturación de la telefonía se realice con base en el consumo real y, en
consecuencia, prohibir el 'redondeo' que hacen los operadores al minuto más
cercano.
De acuerdo con estadísticas internacionales, dicho redondeo puede llegar hasta
35 por ciento del consumo no cursado y en consecuencia deducido de los minutos
de cada plan.
Hoy, el usuario tiene el derecho de trasladarse de un operador a otro, sin
cambiar su número. Esperamos que igualmente en un futuro cercano se dé el paso
adicional en la protección de los derechos de los colombianos y se reglamente
el cobro exacto de los consumos. De hacerlo, no solamente estaría propiciando
más competitividad en el sector, sino mayor bienestar para la ciudadanía, en
la medida en que se generarían importantes ahorros.
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