El proyecto, que hace parte del paquete de las medidas de emergencia declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, pretende, principalmente, eliminar la carrera administrativa para los guardianes de las cárceles.
Se trata de evitar por esta vía el anquilosamiento del sistema que rige a las prisiones y que, según el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Norberto Peláez, está afectado por graves fenómenos de corrupción.
La normatividad, que será revisada el miércoles por las comisiones primeras de Senado y Cámara, establece que sólo el personal administrativo que ya está en carrera continuará en ésta. Los guardianes pasarán así, automáticamente, al régimen de libre nombramiento y remoción.
Según cifras que maneja el ponente de la iniciativa gubernamental puesta a consideración del Congreso, senador Germán Vargas Lleras, los guardianes de las cárceles en el país suman 7.600.
El proyecto de ley propone otorgar al Director del Inpec facultades similares a las que detenta el Director de la Policía Nacional para depurar la institución a su cargo.
Bloqueo a comunicaciones Para contrarrestar las continuas violaciones al sistema restrictivo de comunicaciones dentro de las cárceles, la iniciativa penaliza el ingreso de elementos teléfonos, buscapersonas y otros elementos no autorizados.
La norma convierte en sujeto activo de este delito a quien ingrese al penal o tenga en su poder dentro de éste dichos elementos.
De igual manera, el proyecto establece que incurrirá en un delito quien ingrese al penal o tenga en su poder dentro de éste armas de fuego y explosivos.
La pena para el delito de fuga será incrementada.
