El documento también señala que las Farc, el Eln y las bandas criminales, surgidas tras la desmovilización de las Auc, son los principales factores de amenaza.
"Las autoridades deben garantizar, con la efectividad que se requiere, el derecho a elegir y ser elegido, lo mismo que los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la seguridad de los aspirantes, y brindar protección a las comunidades", dijo Volmar Pérez, defensor del Pueblo.
Los 199 municipios en riesgo alto se encuentran en 31 departamentos y a ellos se suman otras 157 poblaciones que, de acuerdo con la Defensoría, están en riesgo medio o con algún nivel de amenaza.
El informe detalla que entre las principales amenazas se encuentran las restricciones a la movilidad, al imponer prohibiciones para que los candidatos ingresen a algunas zonas; la siembra de minas antipersona, para impedir la circulación de los ciudadanos; los hostigamientos o enfrentamientos armados con interposición de población civil, y el desplazamiento.
La Defensoría señaló que 19 candidatos han sido asesinados en Valle, Cauca, Antioquia, Córdoba y Putumayo, y se han registrado 41 amenazas y 4 atentados.
Ayer, el vicepresidente Angelino Garzón dijo que se blindarán los comicios frente a "cualquier práctica que ponga en peligro la transparencia del sufragio electoral" y pidió "cero tolerancia con la compra y venta de votos.
Cero tolerancia con cambiar votos por puestos o contratos"
