ENMIENDA CONSTITUCIONAL AD PORTAS

ENMIENDA CONSTITUCIONAL AD PORTAS

En buena hora el Gobierno ha optado por abrir la llave de la enmienda constitucional. Cinco años de vigencia de la apresurada Carta del 91 han permitido establecer hasta dónde acertó y hasta dónde desacertó en la interpretación de la compleja realidad colombiana. Expedida en medio de grandes ilusiones, como la respuesta a tantos problemas, no ha tenido la virtud de resolverlos pero sí, en algunos aspectos, de perpetuarlos y aun de acentuarlos.

15 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

La generosa enumeración de viejos y nuevos derechos ha contrastado con la inseguridad e inestabilidad de los fundamentales. El reemplazo de la figura del estado de sitio por el de la conmoción interior no ha sido bastante para garantizar la normalidad y el restablecimiento del orden público. Hasta de crisis de gobernabilidad se ha hablado, mirando a las dificultades de moverse dentro de los estrictos márgenes constitucionales y legales.

Aunque la Administración de Justicia se reforzó con nuevos mecanismos, no se ha contado con coordinación suficiente entre ellos, y, por otra parte, la deficiencia de las normas penales ha llevado a situaciones insostenibles. De la inclinación a crear derecho por fuera de la ley no pocas complicaciones se han deducido, sin haber podido llenar, convincentemente, los vacíos de sus textos.

La creación de la Fiscalía General de la Nación imprimió nervio a la campaña contra el narcotráfico y el crimen, pero otras disposiciones han impedido confiscar los bienes habidos en su ejercicio y sancionar más efectivamente a sus responsables. Quizá porque durante el trámite de la nueva Constitución prevaleció un ambiente de permisividad si no de complacencia con la economía del narcotráfico, mientras ahora se contempla su desmonte. A la inversión de capitales extranjeros se le puso, en cambio, una espada de Damocles que todo el mundo concuerda en la apremiante necesidad de suprimir.

La reglamentación electoral hizo los comicios extraordinariamente costosos, estimuló la atomización de los partidos y, por auspiciar teóricamente la democracia participativa, entrabó y debilitó la representativa. Fruto de las mudables circunstancias, no propició el encuadramiento de la opinión en organizaciones unitarias y poderosas sino en movimientos dispersos y volátiles.

En la letra eliminó los déficit fiscales, pero en la realidad no contuvo su explosión. Más bien contribuyó a provocarlos con el desequilibrio entre la transferencia de rentas a las entidades territoriales y el traspaso de las funciones correspondientes. El afán de erradicar el espectro de la inflación condujo a subordinar la tarea igualmente prioritaria del desarrollo y a instituir el conflicto entre las soberanías contrapuestas de las autoridades económicas.

Corrección de yerros Para derogar la Carta del 86 con sus reformas de 1910,1936, 1945 y 1968 , se adujo su incapacidad de atender a las exigencias de los nuevos tiempos.

Desde época anterior se había reconocido la importancia de introducir modificaciones de mucho fuste al funcionamiento de las ramas legislativa y judicial. Sobre tal punto, no había discrepancias insuperables. Tampoco sobre la utilidad de profundizar la descentralización sin agrietar la unidad nacional.

No obstante, habiendo fracasado la reforma por escollos imprevistos en el proceso parlamentario, se abrió paso la tendencia a buscar una nueva y completa normatividad recurriendo a la vía plebiscitaria. Algunas buenas innovaciones trajo, pero nadie sería osado a afirmar que por su causa es mejor el país, más amable, democrática y segura la vida de los colombianos. Por el contrario, un constitucionalista de tantos títulos como el ex presidente López Michelsen ha llegado a creer que su enmienda podría ser la mejor obra del actual Jefe del Estado.

La Constitución del 91 incurrió en el error, entre otros, de suponer que los límites cronológicos al estado de conmoción interior harían el milagro de hacerlo innecesario al vencerse el plazo autorizado. El recrudecimiento de la acción guerrillera y de la delincuencia de todo tipo, así como la contumacia de los secuestros y los motines en las zonas de cultivo de estupefacientes, son clara prueba de la antinomia entre los preceptos legales y los hechos tozudos.

Con análogo criterio, la ley distorsionada del Banco de la República señaló términos improrrogables a la intervención administrativa de las tasas de interés. Tratándose de corregir desviaciones especulativas del mercado, no ha debido otorgárseles el privilegio de resurgir y aclimatarse. Infortunadamente en este instrumento legal se consultó más la ventolera ideológica de turno que los supremos intereses del país, tomando pie en la ambivalencia, la ambigedad y el unilateralismo de los mandatos constitucionales.

Segunda vuelta y voto obligatorio No parece haber disposición para abrogar la segunda vuelta electoral, pese a su elevado costo y a sus implicaciones sobre la disciplina política. Las clases dirigentes dan trazas de gustar más de los grupos y de los grupúsculos, de las asociaciones en torno de cabezas individuales que de los grandes partidos organizados. En esta materia, lo primero es saber qué se pretende: si lo uno o lo otro. No ambas cosas inconciliables a la vez.

El profesor Maurice Duverger observa lo siguiente: La ausencia de segunda vuelta y de votación complementaria (ballotage), especialmente en la elección presidencial, constituye uno de los motivos históricos de advenimiento del bipartidismo y de su sostenimiento .

Dondequiera se han acogido tales procedimientos, los partidos tienden a disolverse, la opinión a agruparse en núcleos más pequeños y menos duraderos y la política a ser más móvil e incierta. Generalmente, han representado el arma secreta de los movimientos minoritarios para romper las mayorías tradicionales y acceder al poder.

Aquí decimos preferir al bipartidismo a la manera estadounidense, sin perjuicio de cortejar su destrucción y disuasión. En la hipótesis de mantener la costosísima segunda vuelta, entendamos que no retornará aquella golondrina. Estaremos expuestos a divisiones tácticas, oportunistas y anárquicas en la primera, a sabiendas de que en la recta final hay ocasión de aglutinarse como mejor parezca.

Lo del voto obligatorio lo rechazó el doctor Murillo Toro en el siglo pasado con el argumento de que la prelación no era de la reforma política sino de la económica y social. En el actual grado de evolución e integración del país, nada impide y sí todo aconseja implantarlo en aras de la autenticidad democrática.

En lo político, como en lo económico y lo social, es hora de refrescar y actualizar los textos constitucionales, de desarrollarlos en leyes operantes y de cerciorarse de que en verdad contribuyen al bienestar, la tranquilidad y el progreso de Colombia.

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