75.000 CAMPESINOS SE TOMAN A CAQUETÁ

75.000 CAMPESINOS SE TOMAN A CAQUETÁ

Unos 75.000 campesinos ocupan los ocho principales pueblos de Caquetá, con excepción de Florencia, la capital, y protestan contra la política gubernamental de erradicación de cultivos de coca.

15 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

Ayer se presentaron los primeros incidentes violentos. Miles de cultivadores de coca que viajaban de Puerto Rico a Doncello (Caquetá) se enfrentaron al Ejército, que les impidió el paso en El Nemal. Como resultado, tres campesinos resultaron heridos por disparos y esquirlas de granada.

La situación, según las autoridades regionales, es muy crítica. Todos los sectores de la economía han resultado severamente afectados, dijeron voceros gremiales.

Informes oficiales indican que el departamento está prácticamente incomunicado con el resto del país, debido a las marchas, presionadas por nueve frentes de las Farc que actúan en el departamento.

Las cinco empresas de transporte regionales suspendieron la movilización entre Florencia y los municipios de Curillo, Albania, San José del Fragua, Milán, Doncello, Paujil, La Montañita, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Valparaíso y San Vicente del Caguán.

Una de las razones para la medida tiene que ver con el hecho de que los manifestantes retienen a los conductores y ponen los vehículos a disposición del comité de paro, que los usa para movilizar a los labriegos.

Las empresas transportadoras señalaron que conductores y vehículos se encuentran retenidos en las cinco marchas. Los campesinos se llevan lo que encuentran por delante , dijo el empresario Froilán Camacho.

En las marchas participan los comerciantes, los maestros, y hasta las prostitutas, todos obligados.

Los distribuidores de productos agropecuarios también sufren pérdidas cuantiosas. En Caquetá se producen 250.000 litros de leche diarios que se están perdiendo. A esto se agrega el cese en las negociaciones con ganado en pie y carne en canal.

El servicio de correo se suspendió, al igual que el transporte de numerosas mercancías.

Algunos comerciantes se aventuraron a enviar sus cargas fuera de Florencia, pero los productos fueron saqueados.

Los diálogos El martes, una comisión del Gobierno Nacional esperaba aquí a voceros de los campesinos, para iniciar un diálogo, pero los delegados exigieron la presencia del ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe.

En un comunicado, los representantes del Gobierno informaron que el pasado 10 de agosto los campesinos y la comisión negociadora llegaron a unas bases de acuerdo sobre temas como justicia, salud, electrificación rural, vías, erradicación voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos.

La comisión negociadora dijo que los voceros campesinos solicitaron un receso en las conversaciones para ser reiniciadas el día 13 de agosto a las 9:00 de la mañana en Florencia, con el objetivo de precisar el alcance del acuerdo final, ampliado en los sectores de salud, educación, reforma agraria, desarrollo rural y derechos humanos.

Los voceros de los manifestantes no se hicieron presentes.

Sin embargo, ayer hacia las ocho de la noche el Gobierno y los manifestantes reiniciaron los diálogos.

Investigarán disturbios En Guaviare, organizaciones no gubernamentales (ONG) que visitaron la zona durante el paro cocalero en esa región del país denunciaron violaciones a los derechos humanos en operaciones de erradicación de cultivos, en las restricciones de circulación, y en la manera como la fuerza pública enfrentó la movilización de 30.000 campesinos de la zona.

El Centro de Investigaciones para la Educación Popular (Cinep), la Comisión Colombiana de Juristas, Defensa del Niño Internacional, la Revista Utopía, y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre otras, fueron las ONG que estuvieron en el Guaviare los días 2, 3, 4 y 5 de agosto.

Los 20.000 pequeños cultivadores que se encontraban en la pista de Miraflores decidieron levantar el paro temporalmente, la semana pasada, para desplazarse hacia San José y Villavicencio.

En Puerto Colombia se calcula que hay 3.500 labriegos, 1.500 en El Mielón, y los demás manifestantes están en las poblaciones de Calamar, La Libertad, y El Retorno. Estas personas componen la cuarta parte de la población total del departamento que es de 120.000 habitantes.

Gustavo Gallón, investigador del Cinep, dijo que la comisión recibió numerosas denuncias por parte de la población civil. La fumigación de cultivos, según los investigadores, ha dado lugar a que se destruyan plantíos distintos de los de coca.

Voceros del Fondo de Fomento Cauchero del Guaviare dijeron que por esa causa han sido afectadas 100 hectáreas de caucho, de las 400 que han sido sembradas desde 1993, en programas de sustitución de cultivos impulsados por el Gobierno.

En ejercicio de las atribuciones conferidas a las Fuerzas Militares, por decretos de conmoción interior, las ONG informaron que la comunidad dijo que se han registrado abusos en los retenes militares, y en la restricción de la circulación de bienes.

Por su parte, El general Manuel José Bonett Locarno, inspector general de las Fuerzas Militares, viajó ayer a los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo, para enterarse de la manera como se han desarrollado las operaciones de erradicación dentro del llamado Plan Conquista I y II.

Bonett dijo que estudiará el desempeño de las Fuerzas Militares en el respeto de los derechos humanos. La labor del General será la de investigar si se han presentado atropellos por parte de la Fuerza Pública contra las personas que viven de raspar y sembrar la hoja de coca. También investigará los disturbios que se han presentado durante las protestas campesinas.

Las ONG informaron que por la restricción de los bienes de los campesinos, se ha generado un mercado clandestino de toda clase de elementos, en el cual se han visto involucrados varios miembros de la fuerza pública, como lo reconoció el comandante de la VII Brigada del Ejército, general Rodolfo Herrera Luna .

Las prácticas militares para disolver a los manifestantes en esa región también fueron criticadas, dijo el investigador del Cinep, Ricardo Vargas. El 22 de julio, la utilización de gases lacrimógenos durante una movilización de 8.000 campesinos que venían de diferentes veredas de Puerto Alvira y Mapiripán, causó trastornos de salud en los campesinos, especialmente en los niños.

También se han utilizado estos gases contra tripulantes de embarcaciones desplazadas por el río, lo que ha obligado a los pasajeros a tirarse al agua. Se teme que algunas de estas personas estén desaparecidas , indicaron los representantes de las ONG.

Entre tanto, el Ejército denunció que durante las movilizaciones en el Guaviare, varios de sus hombres han sido gravemente heridos en su actividad de control de los disturbios.

Los militares indicaron que el jueves 25 de julio, cuatro guerrilleros, en la vereda El Pororio, municipio de Puerto Concordia, interceptaron un bus y bajaron a dos personas vestidas de civil, una de las cuales era militar. Las asesinaron y fueron encontradas con señales de tortura.

Así mismo, se informó que los campesinos habrían sido intimidados por la guerrilla para unirse al paro. A los grupos subversivos que operan en la región también se les acusa de haber secuestrado, el 21 de junio, al médico veterinario Miguel Antonio Martínez Cortés, funcionario de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica y Agropecuaria (Umata) de Calamar.

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