JUICIO POR MASACRE DE TRUJILLO

JUICIO POR MASACRE DE TRUJILLO

La masacre de Trujillo (Valle) que cobró la vida a un centenar de personas y se convirtió en uno de los episodios más sangrientos de la década de los 90 en Colombia, puede llevar a la justicia a producir la condena más fuerte contra un narcotraficante.

25 de agosto 2001 , 12:00 a.m.

La masacre de Trujillo (Valle) que cobró la vida a un centenar de personas y se convirtió en uno de los episodios más sangrientos de la década de los 90 en Colombia, puede llevar a la justicia a producir la condena más fuerte contra un narcotraficante.

Iván Urdinola Grajales acaba de ser llamado a juicio por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos como responsable de asesinato múltiple.

Urdinola, quien confesó delitos de tráfico de drogas, ahora deberá responder ante un juez cargos por homicidio agravado.

El proceso contra Urdinola tiene origen en un ataque de la guerrilla al corregimiento La Sonora, en Trujillo (Valle), el 29 de marzo de 1990. En la incursión perdieron la vida siete militares y algunos pobladores resultaron heridos.

Como consecuencia de este hecho se conformó un grupo de autodefensas para combatir a la guerrilla en la zona.

Urdinola, dice el proceso, fue uno de los financiadores de ese grupo junto con otras personas, entre ellas Henry Loaiza Ceballos, El Alacrán , detenido por los mismos hechos.

Las autodefensas fueron apoyadas, según el expediente, por varios miembros de la Policía y del Ejército.

Un testigo narró que un día después del ataque a la una de la mañana llegaron a La Sonora hombres fuertemente armados. Unos vestían prendas militares y otros de civil. Se movilizaban en dos camionetas.

El grupo, lista en mano, llegó a varias viviendas, tumbó las puertas y se llevó a diez personas. Horas más tarde regresaron por otras seis.

Ese mismo día fue asesinado Jairo Ortiz, un poblador de la zona. También sufrió un atentado Fernando Londoño, entonces concejal de Trujillo. La lista de muertos y desapariciones creció vertiginosamente en menos de dos semanas.

El 17 de abril de 1990, una de las personas más queridas en el municipio, el sacerdote Tiberio de Jesús Fernández, fue visto por última vez, precisamente en los actos religiosos para dar sepultura a una de las persona asesinadas.

Seis días después, el cuerpo sin vida del sacerdote apareció flotando en las aguas del río Cauca, en inmediaciones de Roldanillo, norte del Valle.

Cuerpos en el río.

Las investigaciones señalan que las autodefensas acusaron al sacerdote y a las personas que secuestraron de ser auxiliadores de la guerrilla.

Días más tarde los cadáveres de los plagiados comenzaron a aparecer uno a uno en aguas del río Cauca.

Las autoridades, un sacerdote y un poblador se dedicaron a la penosa labor de rescatar los cuerpos.

Un testigo le contó a la justicia que los secuestrados fueron llevados a una finca en donde los torturaron durante varias horas para que entregaran información. Luego los asesinaban y sus cuerpos eran descuartizados y arrojados al río.

De la cadena de muertos hace parte Daniel Arcila, quien se convirtió en testigo y entregó a la Fiscalía información valiosa sobre los miembros del grupo paramilitar que estaba atacando la zona e insistió en que Urdinola hacía parte de ellos.

Otra persona que declaró bajo reserva de identidad con la clave Manzana aseguró que unos guerrilleros habían robado unas armas de El Alacrán y por ello se formó el grupo de autodefensas quienes dieron la orden de desaparecer todos los rastros de guerrilla o colaboradores de ellos ubicados en Trujillo .

Lo cierto es que la Fiscalía acusa a Urdinola de la muerte de 11 personas y del secuestro de otras 16.

Urdinola ha negado a la justicia su participación en estos hechos y dice que es ajeno a las acusaciones. Insistió en que estuvo vinculado a negocios con el narcotráfico y por eso acepto los cargos. Por lo demás se declara inocente.

El 31 de enero de 1995, después del informe de una comisión internacional que estableció que 107 personas murieron o fueron desaparecidas entre 1988 y 1990 en Trujillo, el entonces presidente Ernesto Samper aceptó la responsabilidad del Estado por la acción u omisión de servidores públicos (Ejército, Policía y administración de justicia) en el genocidio.

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