LA LARGA AGONÍA DE LA LARGA DISTANCIA

LA LARGA AGONÍA DE LA LARGA DISTANCIA

El jueves pasado, cuando el ministro del Interior Horacio Serpa Uribe ingresó al salón ubicado en el piso 12 del edificio de Telecom, en pleno centro de Bogotá, para firmar la convención colectiva, los aplausos de algunos trabajadores de la empresa sellaron el triunfo del sindicato y la derrota de la apertura de las telecomunicaciones en el país.

11 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

Serpa había sido el hombre clave de la convención de Telecom, al desatar el nudo en el que se encontraban atascados desde hace cuatro meses los representantes de los sindicatos y los de la empresa.

El Ministro convenció a varios sindicalistas para que cedieran en sus pretensiones de mantener por 20 años el monopolio de la larga distancia nacional e internacional, entre otras, pero a la vez ayudó a que el Gobierno cediera en su política de apertura. El avance de las negociaciones era informado al Presidente de la República, que se encontraba en París.

Un abogado experto en el tema dijo que el Gobierno le tenía miedo a un paro de Telecom y los sindicatos lo sabían. Por eso, durante los cuatro meses de negociaciones, las dos agremiaciones más fuertes de la empresa, Sittelecom y ATT, realizaron protestas y paros programados, sin afectar la prestación del servicio, pero presionaban al Gobierno Nacional con la amenaza de un paro indefinido.

Estas presiones no eran nuevas. Alfredo Fajardo, abogado especializado en telecomunicaciones, dijo que los sindicatos de Telecom vienen desde hace siete años aplazando sistemáticamente la entrada de la competencia en el sector.

El Estado ha estudiado, desde antes de la reforma a las telecomunicaciones en 1990, la entrada de inversionistas públicos o privados a la larga distancia, pero todos han sido aplazadas. De qué puede servir un nuevo estudio, si no para dilatar una decisión que se debía adoptar lo más rápido posible? , se pregunta Fajardo.

El ex ministro de Comunicaciones y director de la revista Semana, Mauricio Vargas, dijo que en 1992 el Gobierno presentó un proyecto de ley que abría el sector de las telecomunicaciones a la inversión privada, y planeaba la venta de una porción importante de Telecom, con la que aspiraba a recoger unos 3.000 millones de dólares.

Los sindicatos conocieron el proyecto, que ni siquiera había empezado a discutirse, y se fueron al paro. Después de sabotear los equipos y dejar al país incomunicado por una semana, el proyecto de ley no prosperó, porque no había empresas de valor agregado, como hoy, que pudieran asumir temporalmente las llamadas internacionales.

En 1992 dimos la pelea, y a pesar de que nos salieron las cosas mal, la opinión pública tomó conciencia de la necesidad de abrir las telecomunicaciones, y no dejar estas en manos de un sindicato. Ahora, el Gobierno se rindió sin dar la pelea, a cambio de un inmenso costo para el desarrollo del país , dijo Vargas.

Una muerte anunciada Un alto ex funcionario del Ministerio de Comunicaciones dijo que en enero el Gobierno ya había definido los puntos fundamentales de la licitación, sin que el sindicato de Telecom se opusiera a la apertura.

El problema vino con el cambio de Ministro y la forma como la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), entidad controlada por el Gobierno, empezó a ceder a las múltiples presiones de los interesados, lesionando a Telecom. Esto hizo que el sindicato y las directivas de la empresa reviraran , dijo el funcionario.

Era lógico que los empleados defendieran la empresa, pero el ministro de Comunicaciones, Juan Manuel Turbay, no fue capaz de estar por encima de estas presiones ni fue capaz de arbitrar las diferencias y sentar su posición.

Al final, el Gobierno dejó mezclar en el pliego laboral de Telecom, que se conocía desde diciembre del año pasado, las políticas del Estado con las tradicionales pretensiones de los sindicatos , dijo el ex funcionario.

Las conversaciones estaban atascadas, porque el Gobierno no quería hablar de las políticas de telecomunicaciones en la mesa de negociación, hasta el 12 de julio, cuando la sección tercera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la norma que obligaba a Telecom a dividirse en dos empresas, porque consideró que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones no tenía competencia para dividir la empresa.

Esta decisión puso en la cuerda floja la licitación, ya que la división de Telecom era un punto importante para los inversionistas. Frente a esto, la Comisión decidió aplazar provisionalmente la licitación, hasta que el Consejo respondiera la apelación hecha por la CRT.

Inicialmente, el Gobierno informó que esta segunda prórroga podría durar entre 30 y 60 días, y no lo que han dicho el presidente saliente de Telecom, Julio Molano, y el sindicato de la empresa, al advertir que el proceso ya estaba suspendido indefinidamente.

Unos ocho días después del pronunciamiento del Consejo, el Gobierno empezó a torcer el brazo y dijo en la mesa que estaba dispuesto a aplazar la apertura, pero no decía durante cuánto tiempo.

Rafael Baldobino, miembro de la comisión de negociación por parte de los trabajadores, dijo que no nos interesan los salarios, sino proteger una empresa que es patrimonio nacional , pues según él a la compañía le tocaba financiar la telefonía social.

Los críticos aseguran que esta defensa nacional es para beneficio de tres sindicatos. Al mantener el monopolio, los colombianos tendrán que seguir pagando tarifas de primera clase por un servicio que es de clase económica y financiar una empresa burocratizada e ineficiente, condenada a la quiebra por su pasivo pensional, obtenido gracias a las prebendas sindicales.

Según los trabajadores, los dos nuevos operadores de larga distancia entrarían a Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde se genera el 75 por ciento de los ingresos de Telecom. Para evitar eso, estaban decididos a lanzar el paro nacional indefinido.

Las conversaciones empezaron a avanzar cuando apareció Serpa. Este llamó a unos cuantos sindicalistas con quienes estuvo concertando, según explicaron algunos de ellos.

La decisión de aplazar la licitación se tomó el martes de la semana pasada, en una reunión a puerta cerrada en el remodelado despacho del Ministro de Comunicaciones, y a la que asistieron Turbay, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, y el director de Planeación Nacional.

El ministro de Trabajo, Orlando Obregón, antiguo jefe de las directivas del sindicato de Telecom, persistía en sus esfuerzos de concertación, permitiendo las protestas que consideraba como un derecho constitucional.

Finalmente, se firmó un acuerdo entre los ministros Serpa, Turbay y Obregón, el presidente de Telecom y los sindicatos en que se convinieron los puntos que posteriormente fueron puestos en la Convención Colectiva de Trabajo que se firmaría ocho días después.

Para Vargas fue impresionante que el Gobierno Samper, teniendo la capacidad técnica para defenderse del paro, aplazara vergonzosamente la apertura de las telecomunicaciones por su inmensa debilidad política. Era un compromiso del Estado y una necesidad urgente del país. Por esta razón se les debe hacer un juicio político a todos los que tomaron la decisión Los trabajadores consiguieron, amparados en el fallo del Consejo de Estado, aplazar por lo menos dos años el proceso de apertura de Telecom y un incremento salarial de 1 9,5 por ciento, muy por encima del aumento del 13 por ciento, anunciado para el próximo año.

Carlos Cely, presidente del Sindicato de Industria de Trabajadores de las Telecomunicaciones (ATT), considera que la convención fue muy buena no sólo para la empresa y los trabajadores sino para todo el país, porque según él se está defendiendo un patrimonio nacional. Aquí no hay vencedores ni vencidos , dijo.* * La Casa Editorial El Tiempo ha manifestado públicamente su interés de participar en el negocio de la larga distancia.

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