LA ENCRUCIJADA DE LA COCA

LA ENCRUCIJADA DE LA COCA

En Puerto Asís (Putumayo), desde hace 18 días muy poco ha cambiado. Miles y miles de campesinos detuvieron sus actividades. Putumayo, Caquetá y Guaviare tienen protestando a unas 60 mil personas porque no se les deja cultivar una mata de coca.

11 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

El paro es el más largo en muchos años, y por ahora no se le ve salida. El Gobierno no autoriza que los campesinos cultiven coca, y los campesinos cultivan coca, porque es lo único que les da para sobrevivir.

Por eso, el asunto va en 18 días. En Puerto Asís el calor y el viento denso no ceden. Tampoco el clima de tensión.

A las 7 de la noche los comités de vigilancia del paro dan una orden ineludible: levantar barricadas, que es lo mismo que tender cuerdas y costales para impedir el tráfico de vehículos y de gente.

Si alguien quiere pasar, debe presentar el permiso de movilización. La guardia la hacen hombres de rostro duro y armados de palos. Los primeros días ni musitaban palabra. Después, la fuerza de la costumbre acabó con su aspecto marcial.

Empezaron a escucharse rancheras y el ruido seco de las fichas de dominó.

Arriba, en el cielo estrellado, se veían las bengalas de los aviones militares. Es la mejor de las formas para observar los movimientos de los manifestantes.

En tierra, el Ejército, casi siempre, ha permanecido en su comando, muy cerca del aeropuerto Tres de Mayo. El viernes 3 de agosto los campesinos intentaron tomarse la pista, pero el Ejército los repelió. Hubo disparos, gases lacrimógenos, piedra y llantas quemadas. Y lo más grave: dos muertos y varios heridos.

A las 7 de la mañana concluye el turno de vigilancia. En el día es más difícil, pues el calor agobia. Un grupo de mujeres -10 por calle- cocinan.

Los primeros días había plátano, yuca, arroz. Hasta llevaron reses y las destazaron a la vista de todos. Los brotes de epidemia no se hicieron esperar.

Pero el tiempo ha pasado, y los campesinos solo han podido comer arroz y huevo. Una sola comida al día, que se sirve después de las 12.

Los niños, unos 300, se quedan en una vieja casona de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc). Las mujeres se turnan para cuidar de ellos. Aún alcanza para darles leche en polvo, cereales y sopas.

45 mil hectáreas Así avanza la marcha, que no es un pequeño problema de Puerto Asís. El asunto es tan grande como los tres departamentos en donde se ha focalizado: Guaviare, Caquetá y Putumayo.

Se calcula que están ubicadas la mayor parte de las 45 mil hectáreas de coca que, según la Policía Antinarcóticos, existen en el país. La producción total de cocaína es de 356 toneladas al año.

En las regiones cocaleras, sin embargo, se manejan otras cifras. El Plan de Desarrollo del Guaviare 1995 - 1997 calcula que hay unas 20 mil hectáreas sembradas de coca en ese departamento. La producción anual se estima en 230 mil kilos con un valor de 120 mil millones de pesos.

En el Putumayo, las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), de Orito y Puerto Asís, señalan que en el sur de ese departamento hay más de diez mil hectáreas sembradas de coca.

La Secretaría de Agricultura del Caquetá menciona entre 35 y 40 mil hectáreas de coca, en predios entre dos y doscientas hectáreas, especialmente en la región del Cagán.

El libro Glifosato y Sustitución de Cultivos Ilícitos, del congresista del Caquetá Fernando Almario, señala que el sesenta por ciento de los colonos cultiva menos de tres hectáreas, el treinta por ciento de 5 a 10 y el diez por ciento de 11 hectáreas en adelante.

Guerrilla y campesinos En el Guaviare algunos habitantes afirman que los cultivos industriales fueron promovidos a finales de los años 70 por los narcotraficantes que huían de la represión en el Perú, y por personas provenientes de la zona esmeraldífera de Boyacá.

En el Putumayo y el Caquetá se escuchan historias similares. En estos departamentos la colonización comenzó con las trochas y carreteras abiertas por el gobierno colombiano a raíz del conflicto con el Perú.

Después llegaron cientos de colonos expulsados de sus parcelas por la violencia de mediados de siglo y otros alentados por los planes de colonización del Gobierno. En el Putumayo también se quedaron muchos de los obreros que llegaron a trabajar, a comienzos de los años 60, con la Texas Petroleum Company.

En los tres departamentos viven unas 673 mil personas. Las autoridades del Putumayo y Guaviare calculan que el 60 o el 80 por ciento de la población vive directamente de los cultivos ilícitos, y buena parte del porcentaje restante son comerciantes y transportadores que subsisten indirectamente de la coca. En el Caquetá, según el congresista Fernando Almario, hay unos 50 mil cultivadores de coca.

Según Adriana Rodríguez, del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, la población flotante, en el caso del Guaviare, es del 30 por ciento, casi toda conformada por raspadores de hoja. Uno de ellos es, Alejandro, un bogotano de 16 años que llegó hace un año a Caño Jabón y ahora se gana un promedio de treinta mil pesos diarios como raspachín .

Afirma que le alcanza para mandarle plata a la mamá, que vive en el barrio La Alquería, en el sur de la ciudad. Ella sabe en qué trabaja y simplemente le dice que se cuide mucho.

Un campesino de ese ardiente caserío a orillas del río Guaviare afirma que los encargados de limpiar los cultivos ganan cinco mil pesos por hectárea, mientras que un jornal lícito vale siete mil pesos. En realidad, según este colono, los que menos ganan son los dueños de los cultivos, pues deben invertir en transporte, insumos e impuestos a la guerrilla.

Según los campesinos, en caseríos como El mielón, a orillas del río Guaviare, o en las inspecciones de policía de Solita, Santiago de la Selva, San Antonio de Getuch y la Novia, en el Caquetá, el comercio de la base de coca se hace libremente debido a la ausencia de la fuerza pública.

De hecho, los campesinos comentan en voz baja que es la guerrilla la que traza las normas de convivencia, controla el comercio de la coca y es la que ha impulsado a los colonos para que abandonen sus parcelas y se unan al paro. En los tres departamentos actúan nueve frentes de las Farc y uno del Epl.

Según el Comandante de la Decimosegunda Brigada, General Néstor Ramírez Mejía, el 13 frente es el encargado de las finanzas en el departamento. En un mes este grupo recibe un millón de dólares.

Los guerrilleros cobran 27 millones de pesos por cada aterrizaje en cualquiera de las 62 pistas clandestinas, diez millones por permitir el funcionamiento de un laboratorio, 200 mil pesos por cada hectárea de hoja de coca sembrada. Además, por kilo comercializado reciben 25 mil pesos y mil pesos por cada galón de insumos transportado.

En opinión de Carlos Mario Perea, investigador del Observatorio Andino de Cultivos Ilícitos, y de Darío Fajardo, director del Sinchi, los cultivos ilícitos se han extendido debido a la ausencia del Estado, a la imposibilidad de los campesinos de generar una economía lícita que les permita sobrevivir en esas regiones y a la oportunidad y eficacia que ofrecen las cadenas de comercialización de la coca.

Los dos investigadores coinciden en que durante décadas, la guerrilla realizó un trabajo de socialización con los campesinos, lo cual le permitió ganar cierta legitimidad en ese mundo ilícito, sin que el Estado tomara medidas efectivas para impedirlo.

En opinión de Perea, cuando surgió la violencia en Miraflores y otros sitios, fue la guerrilla la que apareció para regular el conflicto e imponer unas normas de comportamiento social y ambiental en torno a los cultivos ilícitos.

Planes de erradicación Así, bajo la protección de la guerrilla, los cultivos se fueron extendiendo a medida que la selva disminuía y las comunidades indígenas eran desplazadas. En el bajo Putumayo, po r ejemplo, los indígenas perdieron 32 mil de sus 36 mil hectáreas de resguardo, dice Luis Javier Caicedo, de la Organización Indígena de Colombia (Onic).

Para el alcalde de Puerto Asís, Alcibiades Encizo, uno de los reflejos del aumento de la economía coquera es que ese municipio creció diez veces en los últimos diez años. Según Encizo, la producción de maíz, yuca, plátano y arroz disminuyó en un 95 por ciento en ese mismo lapso.

Los campesinos arrancaron los cultivos lícitos para sembrar coca. Los productos agrícolas que se consumen en esta región, las gallinas y la carne entran de contrabando desde Ecuador a través del río San Miguel.

Los intentos de sustituir los cultivos no han dado los resultados esperados. El Programa de Desarrollo Alternativo, PDA, ejecutado en ocho municipios del Caquetá, Putumayo y Guaviare, entre 1991 y 1994, es considerado como un fracaso por habitantes y autoridades de estos sitios.

Para el director del programa Plante, Héctor Moreno Reyes, el proyecto del PDA, a pesar de las múltiples fallas que tuvo, significó un aporte valioso dentro del proceso de sustituir los cultivos ilícitos.

El Plante es el segundo intento oficial que se hace para ayudar a transformar la realidad de estas zonas. En el Caquetá el Plante ha comprometido recursos por 1.200 millones de pesos y tiene previsto invertir 35 mil millones en los próximos cuatro años.

En el Putumayo los recursos invertidos o comprometidos ascienden a 2.200 millones y en el Guaviare los desembolsos en diferentes programas son cercanos a los mil millones de pesos.

Sobre el paro, los diagnósticos son múltiples, pero no las salidas. En Orito (Putumayo) una comisión del Gobierno se reunió con los campesinos y los diálogos se rompieron. En Caquetá hay comisión, pero las negociaciones están en ceros.

Y en San José del Guaviare solo el jueves se sentarán a la mesa para hablar de eliminar los cultivos de coca y de evitar que el municipio siga siendo zona de orden público.

Pero el Gobierno en eso no cede. Mientras tanto, en Puerto Asís continúa la rutina del paro, con menos alimentos y con el cansancio como el peor enemigo. Son 18 días, y nadie apuesta a una solución.

Propuestas sobre el tapete Carlos Mario Perea, investigador del Observatorio Andino de Cultivos Ilícitos, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional.

1- El Estado debe descriminalizar la protesta porque termina proponiendo medidas represivas y coyunturales que no están de cara a la real situación económica y social que están viviendo los campesinos.

2- Las fumigaciones deben seguir pero encaminadas a golpear de manera consistente a los grandes cultivadores.

3- Debe hacerse una sustitución de cultivos de forma gradual en el tiempo y extensión. Esto implica combinar cultivos lícitos con ilícitos hasta que los primeros alcancen un nivel de productividad.

4- Deben crearse estrategias económicas que resuelvan los cuellos de botella de la comercialización, distribución e insumos.

5- Debe existir una presencia clara del Estado, capaz de mediar en el conflicto, de reconstituir la legitimidad del Estado entre la población y de resolver problemas graves como la tala de la selva.

Darío Fajardo, director del Instituto de Investigaciones Amazónicas, Sinchi.

1- Es necesaria la reforma agraria para que la gente regrese a zonas donde la producción agrícola sea rentable. Esto incluye las zonas de reserva campesina ofrecidas esta semana por el presidente Samper.

2- Hace falta definir una política de desarrollo agrícola para garantizar la producción, el mercadeo y la distribución de los productos.

3- Debe fortalecerse la capacidad de gestión de los municipios para llevar a cabo planes de desarrollo agrícola y participación comunitaria.

Héctor Moreno Reyes, director del Plante 1- Debe hacerse la reforma agraria con elementos como las zonas de reserva campesina y determinar qué asentamientos deben consolidarse mediante titulación, asistencia técnica y cuáles deben ser reasentados. Se debe consolidar la frontera agrícola para evitar que los campesinos sigan corriendo selva adentro.

3- Para que el plan alternativo dé resultados debe ser todo o nada. Si va a llegar a medias, es mejor que no llegue, y para que las compras subsidiadas de productos agrícolas den resultados, los cultivos deben estar cerca a los sitios de consumo.

4- No puede hacerse una sustitución gradual porque los cultivos ilícitos devorarían a los lícitos.

5- Se debe tener especial cuidado particularmente con regiones donde los cultivos ilícitos aumentaron por la aplicación súbita de un modelo macroeconómico neoliberal que colapsó frente a las importaciones masivas de granos y de frutas.

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