El drama de la cárcel de El Rodeo

El drama de la cárcel de El Rodeo

Lo que se siente en los alrededores del complejo de cárceles El Rodeo es un estado de sitio.

25 de junio 2011 , 12:00 a.m.

Un piquete nutrido de la Guardia Nacional resguarda la única calle de acceso directo a las cárceles y los barrios que las circundan. Solo entran tanquetas con militares, algunos carros que transportan gente a sus ranchos, comisiones policiales. De la calle cerrada solo sale el hedor a bomba lacrimógena. Pica la nariz. Zumba la cabeza.

Luego del motín interno que dejó a 21 presos muertos el 12 de junio en El Rodeo I el Gobierno venezolano se dio cuenta de que perdió el frágil control que tenía sobre esa cárcel y su vecina, El Rodeo II, un par de estructuras cuadrangulares que alguna vez fueron edificios. Para retomar ese control optó por una operación militar que comenzó con El Rodeo I y dejó oficialmente a dos guardias y un reo muertos, a y 2.500 presos trasladados a otras cárceles del país. La noche antes del traslado ocurrió un supuesto cortocircuito que calcinó las paredes del penal. Las familias de los presos aseguran que fue la misma Guardia Nacional, encargada también de la custodia regular de las cárceles, la que incendió la estructura para terminar de doblegar a los internos antes de llevarlos. En esa primera batalla finalmente se hizo público lo que era un secreto a voces: los reos están armados hasta los dientes, gracias a un arsenal amasado en años de corrupción, que permitió el ingreso a esa cárcel de más de 50 armas de diverso calibre (incluyendo subametralladoras y escopetas), más de 5.000 cartuchos, 8 granadas de mano y 45 kilos de cocaína. Y eso es solo el informe oficial.

Pero la batalla continúa, pues en El Rodeo II están atrincherados unos 1.100 presos que se niegan a "rendirse", esto es, permitir el ingreso de la Guardia Nacional. Temen por sus vidas, pues aunque oficialmente la toma de El Rodeo I dejó a dos soldados y un reo muertos, ayer en la madrugada una comisión de la policía científica tuvo que llevarse los cuerpos de otros cuatro reos, que estaban en avanzado estado de descomposición, supuestas víctimas del primer choque con los militares. Se saben ya los nombres de los muertos, pero todavía no forman parte del conteo oficial, que tampoco da cuenta de algún número de heridos. Extraoficialmente, los familiares aseguran que hay 45 reos que necesitan atención médica, y que el agua que toman es de la lluvia que ha caído en los últimos días. Espera desesperada Ana (no quiere dar su apellido, ninguna quiere, temen represalias contra sus familiares) se seca el sudor desde una esquina rugosa del barrio Las Brisas.

El sol le da de lleno en la cara, pero ella, junto a otras docenas de mujeres, comparten una visión impotente, pues desde algunas casas del barrio se ven claramente las estructuras de las cárceles. A 10 días del ingreso de la guardia todavía se ve cuando caen las bombas lacrimógenas que lanza esta hacia El Rodeo II, se oyen los disparos cruzados y hasta los gritos de los reclusos. Casi todas llevan todos estos días durmiendo en el piso de los ranchos que la gente les abre para que, desde ahí, "cuiden" a sus familiares, como únicas testigos de lo que pasa. Algunas usan binoculares. Quieren detalles, pero nadie se los da. Toman refresco y comen pan mientras esperan y lloran.

"No sé nada de mi hijo desde el lunes (20 de junio). Hace una semana les cortaron el agua corriente y la luz y por eso no pueden cargar los celulares.

En realidad, no sé cómo está, pero me imagino que mal, porque no tienen comida, no tienen nada... Lo que uno siente es una ira muy grande porque ya ellos estaban viviendo un infierno y ahora los asfixian de esta manera con las bombas. ¿Qué derechos humanos son esos?", dice. Reacción en cadena Según el Gobierno venezolano, un grupo de reos, catalogados como "líderes negativos" o "pranes", mantienen secuestrados al resto de los presos. Advierten que son ellos los que impiden la entrada de la guardia y los que repelen a tiros su ingreso y amenazan al resto para que no se rindan. Se supone que intentan "dialogar" con estos cabecillas, según ha dicho el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, pero hasta ahora no hay respuesta, ni siquiera parcial. Los reos no se entregan.

Otros cientos, en otras cinco cárceles venezolanas, empezaron una huelga de hambre para apoyarlos, pues la violencia, el hacinamiento y la desidia no son exclusivos de El Rodeo I y II. La estructura carcelaria venezolana, construida para albergar a 14.500 reclusos, hoy recibe a 45.000. Por eso, las familias no creen en "clanes ni pranes, pues los presos sobreviven porque se ayudan unos a otros... Eso es mentira que unos pocos los tienen amenazados; en realidad los están protegiendo de que los maten", dice Migdali Álvarez.

Pero la violencia interna en los penales es innegable y se extiende. Mientras los ojos están puestos en El Rodeo, cuatro presos se mataron entre sí en la cárcel de Uribana, 350 kilómetros al occidente de Caracas hace dos días. "¿Y cómo quieres que reaccione una gente que duerme en el piso, que tiene años presa, sin que la lleven a sus juicios?", increpa furiosa Wanda Cardona, quien tiene a su hijo preso hace dos meses. "Acá llegaron un pocotón de autobuses para llevarse a los presos, pero nunca mandan ni uno para llevarlos a los tribunales. No llegan las citaciones, las escriben mal; entonces, los juicios ni se hacen o duran toda la vida. Ellos pagan con su libertad sin estar condenados, sin que se sepa por qué ni por cuánto tiempo. ¿Quién no se pone como un animal?".

Políticamente, la única respuesta del Gobierno ha sido crear un nuevo ministerio para la "Atención Integral Penitenciaria", pero, más allá de eso, brillan por su ausencia las respuestas. La paquidérmica estructura judicial venezolana apenas ha reaccionado a la crisis desatada en El Rodeo emitiendo siete boletas de captura contra funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia y miembros de la Guardia Nacional implicados en el ingreso de las armas a la cárcel. De resto, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, el 80% de la población reclusa tiene un proceso judicial abierto, pero, de ese porcentaje, 45% (unos 22.400 reclusos) "no saben cuál es el estatus de su proceso".

Según el Código Procesal Penal venezolano, no se debería tardar más de seis meses que una persona sea detenida, imputada y acusada.

El hijo de Ana tiene 10 meses en El Rodeo II y ha visto los tribunales apenas una vez

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