Taco a la 'puerta giratoria'

Taco a la 'puerta giratoria'

24 de junio 2011 , 12:00 a.m.

Recientes declaraciones del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, han reactivado el viejo debate de la 'puerta giratoria'. En un foro sobre la lucha contra la corrupción, celebrado esta semana, el jefe de la cartera política se preguntó "cuántos funcionarios de la administración anterior hacen parte de juntas o consejos directivos en el sector privado en las áreas en las cuales tomaron determinaciones como servidores del Estado".

Vargas Lleras pone el dedo en la llaga en una práctica común dentro de las altas cúpulas del Estado y de conglomerados del sector privado. Por ejemplo, un ex ministro de Minas y Energía del gobierno de Álvaro Uribe se desempeña hoy como miembro de la junta directiva de una empresa dedicada a la explotación minera. Otro ex ministro ocupó inmediatamente después de su retiro del gabinete del gobierno pasado una importante posición en una compañía que se vio beneficiada por decisiones tomadas desde su despacho.

Esa es precisamente la definición de la llamada 'puerta giratoria': la circulación de personal de alto nivel entre entidades gubernamentales y empresas privadas, cuyas actividades se desarrollan en las ramas económicas supervisadas y vigiladas por aquellas.Si bien cada persona debe tener la libertad de trabajar donde quiera, el desempeño de funciones públicas debe conllevar una serie de restricciones destinadas a proteger el interés colectivo.

Altos funcionarios del Estado no solo fungen como reguladores de las actividades empresariales, sino también gozan del acceso a valiosa información privilegiada. Además, en muchas ocasiones, ministros, superintendentes y demás cabezas de agencias toman decisiones que terminan beneficiando jurídica o económicamente a una determinada firma. Al entrar a laborar para esta, queda la duda de si la vinculación se dio como contraprestación.

Por este motivo, aunque no exista todavía una inhabilidad legal para estos movimientos de personal, sí presentan un comportamiento poco transparente. Uno de los avances del recién aprobado Estatuto Anticorrupción precisamente restringe estas prácticas con limitaciones temporales. Ya es hora de que, además de ser antiético, estos movimientos sean ilegales.

editorial@eltiempo.com.co

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.