Una apuesta de multiculturalismo 'a la colombiana'

Una apuesta de multiculturalismo 'a la colombiana'

Virginie Laurent Especial para El Tiempo Norma suprema, la Constitución no solo plasma las reglas del juego que se establecen entre ramas del poder público y ciudadanía. También define la sociedad, a la manera de una sutil combinación entre el querer ser su reflejo y prestarse como su guía. Al respecto abundan los ejemplos latinoamericanos de "refundación nacional" y, en ello, la experiencia de Colombia no es excepción.

24 de junio 2011 , 12:00 a.m.

Presenta además el interés de haber sido relativamente pionera en la región, lo que la convirtió en referencia ineludible para sus vecinos y más allá de sus fronteras cercanas. "La Constituyente no es la panacea", se había advertido. Seguramente tampoco lo puede ser la Magna Carta fruto de sus deliberaciones. No obstante, para quien llegaba de tierras lejanas -en mi caso, de la Francia de los derechos del hombre, los valores universales y la "no diferencia" en nombre de una igualdad supuestamente asegurada- llamaba la atención el asombro que se percibía en Colombia a comienzos de los 90: ¡el país había cambiado! Entre otras medidas en favor del Estado Social de Derecho, de un empoderamiento ciudadano o de la descentralización, dicha transformación se enunciaba en la frase repetida en la época: "Colombia se pensaba como nación católica y mestiza, pero resultó otra". Fiel a su objetivo de ser amplia y participativa, la Asamblea Constituyente había tenido que contar con la presencia -mejor dicho, la elección- de delegados cristianos e indígenas... Sin hablar de votos y voces expresados dentro o fuera del recinto de debate nacional, desde las guerrillas desmovilizadas y las organizaciones estudiantiles, de mujeres o de afrocolombianas, entre cientos de anónimos, para dar a conocer sus peticiones.

Se contemplaba el fin de la casi exclusividad de los partidos tradicionales y de la brecha entre "país nacional" y "país político". Había sonado la hora de la inclusión y se inauguraba la Colombia multiétnica y pluricultural. En adelante, se deja oficialmente de lado la discriminación o falta de atención hacia los llamados grupos étnicos, mientras el Estado adquiere una responsabilidad explícita al respecto: "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación (...)" (Art. 7), "(...) promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados" (Art. 13). Bajo estos principios, terminará por ser declarada anticonstitucional la Ley 89 de 1890 "por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada".

En paralelo, se les atribuye a estos mismos grupos y, en especial, a los indígenas, una serie de derechos pensados en clave de acción positiva, por ejemplo, en materia de gestión del medio ambiente, educación y salud, justicia y representación política, para ratificar su autonomía relativa. Asimismo se ordena la "consulta previa" de las decisiones que los involucren. "¿Cómo vivir juntos? Iguales y diferentes", preguntaba Alain Touraine ante el reto de las sociedades actuales por conjugar tradición y modernidad en contextos testigos del auge simultáneo del neoliberalismo, la afirmación identitaria y la (alter) globalización. Hoy se cumplen dos primeras décadas de la Constitución de 1991 y, con ella, la apuesta de un multiculturalismo a la colombiana que aún sugiere interrogantes: queda por saber en qué medida se aplica y cómo, pues, más allá de declaraciones de buenas intenciones, se asocia con varios peligros y limitantes. Por un lado, dicha opción no está exenta del riesgo de favorecer la homogeneización y el repliegue comunitario, así como la estigmatización, en nombre de una supuesta identidad pura; la victimización, para justificar el acceso a un trato preferencial; el surgimiento de desigualdades y rivalidades, con mayor razón en entornos bajo la amenaza constante de actores armados, entre poblaciones amparadas -o no- por la ley desde su especificidad. Por otro lado, se podría llegar a una dispersión individualista sin fin, con el pretexto de defender particularismos; o a una desilusión inevitable frente a un pluralismo solo de fachada que no permitiría emanciparse de códigos de conducta y procedimientos impuestos desde el Estado.

Asimismo, afloran inquietudes frente a cómo articular prioridades y proyectos de sociedad difícilmente conciliables en el día a día: interés nacional e interés de "unos pocos"; protección social y sostenibilidad fiscal; megaproyectos de desarrollo y opciones de vida comunitaria. No obstante este balance matizado, el giro multicultural introducido por la Constitución de 1991 tiene por lo menos una virtud: obliga a la reflexión sobre la percepción, la posición y el trato a las "minorías", sean estas étnico-culturales, de género o de preferencias sexuales. El ex constituyente y senador guambiano Lorenzo Muelas alguna vez confesaba: "Ya me dicen 'honorable'... Hace unos 30 años, uno se sentía más bajo que la suela del zapato y ahora le dicen 'honorable'...". Sin duda, también recordamos cómo, después de duros enfrentamientos entre la Minga indígena y popular iniciada en octubre del 2008 y el presidente Uribe, Juan Manuel Santos optó por visitar a los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, unas horas antes de su posesión en la Casa de Nariño; convicción personal o estrategia mediática, el gesto no pasa desapercibido. Así, palabras e imágenes lo revelan: la indiferencia hacia los diferentes ya es políticamente incorrecta. Hoy el Ministro del Interior habla de penalizar el racismo. Además de curules especiales indígenas y afro en el Congreso de la República, Colombia tiene Ley de Cuotas para velar por la paridad en el escenario político-electoral. La unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo está sancionada legalmente y la cuestión de su derecho a la adopción, en el orden del día.

Por cierto, nada se resuelve únicamente a fuerza de marco jurídico. Cada uno de estos temas genera controversias y puede ser objeto de análisis divergentes. Ni la Constitución de 1991 ni las leyes que puede inspirar su llamado al respeto de la diversidad son un fin en sí. Con ellas está, bien presente, la tensión entre eficiencia material y eficiencia simbólica a la que se refieren los abogados. Marcan etapas importantes, pero solo etapas. Ojalá con ellas, en beneficio de los ideales democráticos, se llegue a ver menos la diferencia en beneficio de más igualdad.

Sobre la autora Virginie Laurent es doctora en Sociología de la Universidad París III y profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes

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