Interrogantes en torno de la carta del 91

Interrogantes en torno de la carta del 91

23 de junio 2011 , 12:00 a.m.

Con explicable regocijo se han venido celebrando los 20 años de la Constitución Política de Colombia y ensayando balances de sus resultados en la vida ordinaria de la nación, de sus éxitos, de sus falencias o frustraciones.

Entre los primeros, se le reconoce haber consagrado el Estado Social de Derecho y consolidado la eliminación de la figura del Estado de sitio como argucia de los gobiernos para hacerse a poderes omnímodos y establecer regímenes tiránicos con fementida máscara legal. Más tarde, fue menester enmendar la prohibición de extraditar nacionales por razón de delitos cometidos o consumados en terceros países, exigida entonces por el capo mayor de los narcotraficantes con el respaldo de sus acciones terroristas.

La Constitución del 91 abunda en la concesión de derechos, libertades y garantías. Lo que cabe indagar es si se han cumplido a cabalidad o si determinados fenómenos han ido a contrapelo de sus disposiciones. Si por ejemplo el precepto de que "toda persona tiene derecho a un trabajo digno y justo" se ha traducido en los hechos o si el mandato de que "El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos" ha tenido efecto en la realidad o siquiera en las políticas oficiales.

Paradójicamente, a la expedición de la Carta del 91 se le superpusieron el Consenso de Washington y la apertura hacia adentro que postró la agricultura colombiana, lesionó gravemente sectores vitales de la industria y multiplicó el desempleo.

En su reciente libro, Transformación productiva y equidad después de la crisis, de Eduardo Sarmiento Palacio (de cuyos planteamientos y propuestas se puede disentir, pero no de la seriedad de sus investigaciones, datos y aportes) corrobora así las revelaciones iniciales: "El área agrícola se redujo al principio en 25 por ciento y nunca se recuperó; el empleo industrial bajó a la mitad. La competencia internacional redujo el salario con respecto a la productividad y amplió la brecha entre la mano de obra calificada y no calificada. Para completar, el abaratamiento de las importaciones de bienes de capital y de bienes intermedios ocasionado por la revaluación provocó el desplazamiento masivo de la mano de obra a la informalidad".

Con mucha sorpresa se ha conocido la noticia de que Colombia ocupa el primer puesto en América Latina en materia de desigualdad, en tanto la pobreza absoluta no cede. Menos la informalidad. A juzgar por las consecuencias, algo ha venido andando mal en las políticas prevalecientes. Recuérdese que en medio de las esperanzas por las innovaciones de la Carta del 91 se pronunció la frase atroz de que "el desempleo es mal necesario" para disculpar la política económica en boga y ensalzar los méritos y la eficacia final de la terapéutica adoptada. Era el súmmum de las teorías neoliberales impuestas por Mrs.Thatcher en la Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos, aunque quizá ellos no llegaran a los extremos de sus epígonos en el mundo subdesarrollado.

Siempre hemos deplorado que entre las funciones del Banco de la República, que "se ejercerán en coordinación con la política general", no hubiera figurado, junto al mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, la de procurar el pleno empleo o contribuir, en lo pertinente, a los objetivos económicos de la Carta del 91. En esta materia, es preferible el modelo de banco central estadounidense o británico que el riguroso de Alemania.

Imagínense los sobresaltos y penurias que estaría sufriendo Estados Unidos si su Banco de la Reserva Federal se hubiera fruncido de hombros ante su rompecabezas primario del desempleo. Que también es el de Colombia y, por consiguiente, hay el compromiso de atenderlo, en cumplimiento de las normas constitucionales y de la divisa de "Prosperidad para todos".

La Constitución del 91 abunda en la concesión de derechos, libertades y garantías. Lo que cabe indagar es si se han cumplido a cabalidad

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