LA APERTURA ECONÓMICA A MITAD DEL CAMINO

LA APERTURA ECONÓMICA A MITAD DEL CAMINO

Muchos funcionarios de la administración Barco recibieron la orden de no hablar, de quedarse callados frente a cualquier interrogante. Las infidencias podrían representar el marginamiento de las discusiones o, en el peor de los casos, la destitución. Así empezó a gestarse la apertura, un proceso fundamentado en abrir la economía a la competencia externa, modernizarla y buscar nuevos mercados en el exterior.

30 de diciembre 1990 , 12:00 a.m.

Los recintos cerrados fueron los escenarios de análisis. Allí se recogieron inquietudes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), organismos que promovieron la incorporación del nuevo proceso como condición de apoyo al país.

En realidad, la apertura fue tomando cuerpo en el transcurso de los dos últimos años del Gobierno anterior, cuando el equipo económico viajó insistentemente por el mundo buscando crédito externo.

A la cabeza del grupo estuvo el entonces ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón Mantilla, y en la primera etapa su colega de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda, así como la jefa de Planeación, María Mercedes Cuéllar de Martínez.

Luego se fue Marulanda y María Mercedes asumió el liderazgo desde el Ministerio de Desarrollo. Febrero, la clave Lo primero que había que lograr para conseguir nuevos recursos financieros era el aval teórico del FMI y del BM, sobre el comportamiento de la economía y sus proyecciones futuras. Los diagnósticos eran adversos: el modelo económico, cerrado a la competencia externa y anémico frente a las necesidades de modernización, no merecía respaldo.

Y entonces vino un fortalecimiento de intercambio de oponiones entre directivos de las entidades multilaterales de financiación y el equipo económico. La noticia se filtró y fue cuando el presidente Barco ordenó total hermetismo, hasta principios de este año.

El 22 de febrero la apertura se convirtió en realidad. Se inició con la liberación de 861 posiciones arancelarias, que estaban bajo el régimen de licencia previa, y se introdujo el sistema de encuestas arancelarias para una serie de productos, que podrían ser traídos del exterior a medida que se fueran proponiendo sobre-aranceles por parte de los empresarios.

También se comenzó el proceso de reducción arancelaria y se determinó bajar del 18 al 16 por ciento la sobretasa a las importaciones, un impuesto adicional que se cobraba a todos los productos, con excepción de los alimentos.

La decisión del Gobierno fue controvertida. Primero, dirigentes del sector privado se quejaron por la falta de concertación. Se dijo que muchas empresas entrarían en quiebra porque no estaban preparadas para afrontar la competencia extranjera y luego se indicó que un cambio tan brusco no se podía hacer al final de un Gobierno. Decisión irreversible Pero la decisión era irreversibe. Los ministros del equipo económico se dieron a la tarea de explicar en foros y asambleas gremiales las razones que tuvo el Gobierno para adoptar la nueva política.

Las razones expuestas fueron muchas: el modelo de sustitución de importaciones ya había cumplido su ciclo y no estaba en condiciones de seguir jalonando la economía a tasas de crecimiento superiores al cinco por ciento, el país estaba incrustado en la ineficiencia productiva por el proteccionismo y aunque las exportaciones estaban creciendo, la conquista de nuevos mercados no era la prioridad.

La resistencia del sector empresarial se fue dosificando a medida que transcurría el tiempo. Y ya hacia el final de la administración Barco las críticas eran menos punzantes.

Todo el mundo tenía la indicación que después del 7 de agosto, luego del relevo presidencial, la apertura seguiría en marcha porque así lo habían hecho conocer los distintos aspirantes a la primera magistratura.

Gaviria, por ejemplo, que ya se perfilaba como sucesor de Barco, dio la clave durante la asamblea de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex) al citar lo que el país tuvo y lo que debería tener: En cierta forma nos comimos la tienda y ahora tenemos que reabastecerla , subrayó.

Y dio orientación de lo que veía mal y debería reacomodarse: Es cierto que en Colombia existe un sesgo antiexportador que va desde la política de protección a la producción nacional, el régimen de comercio exterior, los trámites y obstáculos burocráticos a exportar, hasta la ausencia de infraestructura y medios de transporte y comunicación adecuados para darle acceso a nuestro productos de exportaciones a los mercados internacionales . Entra el agro Ya en el poder, ratificó su posición, e inclusive le inyectó mayor dinamismo, pese a las dos vertientes existentes en el seno del equipo económico. Samper, ministro de Desarrollo, amigo de la apertura gradual, y Hommes, de Hacienda, más inclinado hacia la aceleración del proceso.

Las divergencias también han abordado el tema de la integralidad del nuevo modelo, incluyendo en él al sector agropecuario, que durante la anterior administración no se tocó. La causa: no estaba, según los contradictores, preparado para afrontar la competencia que se le venía.

Pero luego de un viaje a Chile, los representantes del sector privado miraron el modelo allí adoptado y consideraron que la apertura también podía cobijar al sector.

Hoy en día el proceso cubre a todos los sectores de la economía. Y aunque se ha avanzado en áreas como la liberación de importaciones y reducción arancelaria, la apertura hacia afuera todavía no se consolida.

Este Gobierno tiene la responsabilidad de mejorar la infraestructura portuaria y vial, conseguir los créditos para la reconversión de las industrias, agilizar el proceso de privatización y conseguir, con el apoyo del sector privado, nuevos mercados para los productos de exportación.

El país cuenta con los instrumentos necesarios para impulsar el proceso, pues el Congreso de la República aprobó en las sesiones ordinarias de 1990 una serie de proyectos fundamentales para acomodar la economía al nuevo esquema.

Iniciativas como reforma al sistema financiero, ajustes al Estatuto Cambiario, Ley Marco de Comercio Exterior, Reforma Tributaria, Reforma Laboral y liquidación de Colpuertos son básicas para desarrollar la nueva política económica.

La apertura inclusive tiene su propio ministerio, el de Comercio Exterior, que fue incluido en el texto de la Ley Marco. También contará con Banco de Comercio Exterior, al transformarse la estructura del actual Fondo de Promoción de Exportaciones (Proexpo).

Gaviria tiene un reto: duplicar las exportaciones en lo que resta de su administración, es decir pasarlas de 5.800 millones de dólares a unos 11.600 millones en el 94.

Así, con los programas de modernización, competencia a la producción nacional, reubicación de empresas, mejoramiento de la infraestructura portuaria, terrestre y aérea, y privatización de industrias y algunos servicios, se habrá dado un gran salto al programa de internacionalización de la economía colombiana. Así va la apertura En el transcurso de estos diez meses se han liberado progresivamente las importaciones. El 93 por ciento de las posiciones arancelarias se encuentra bajo el régimen de libertad y solo el tres por ciento en licencia previa.

Se eliminó la reserva de carga. Con esta estrategia los importadores no estarán obligados a transportar el 50 por ciento de sus mercancías en buques de bandera nacional (Flota Mercante, barcos asociados y fletados).

Se estableció un cronograma de desgravación arancelaria, de tal forma que este tipo de impuestos sean sensiblemente menores (15 por ciento apróximadamente) para las importaciones de bienes de capital y materias primas que requiere el país para su modernización.

La sobretasa a las importaciones, que antes del 22 de febrero estaba en 18 por ciento, se redujo al 16 por ciento. El propósito es que en 1994 esté en 8 por ciento.

Se modificó la estructura del Certificado de Reembolso Tributario (CERT), uno de los estímulos que se otorgan a las exportaciones. Será selectivo por productos y mercados y cubrirá nuevos bienes como los lácteos, vehículos y repuestos, cacao y a la industria siderúrgica.

Está en marcha un programa de emergencia con el fin de recuperar las principales vías férrreas que comunican al centro del país con los puertos de embarque. La idea es recuperar los ferrocarriles para facilitar el transporte de carga.

Se flexibilizaron las normas sobre inversión extranjera, de tal forma que haya menos trabas para el ingreso de capitales. A excepción de algunos servicios públicos, en todos los sectores cabrá la vinculación de capital foráneo.

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