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Justicia, camino a la paz

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ
Las relaciones entre justicia y paz exigen un debate a fondo, que los
colombianos estamos en mora de adelantar. Lo que hoy vemos -como ha ocurrido
en tantas oportunidades de nuestro devenir histórico- es una serie más de
sucesivos bandazos que no resolverán jamás una situación tan difícil como
esta.
Con frecuencia, en efecto, se hace prevalecer la peligrosa tesis de que con
tal de conseguir la esquiva paz puede llegarse hasta el sacrificio de la
justicia.
Ejemplos al canto: cuando, como Fiscal General de la Nación, me abstuve de
participar en los diálogos del Caguán, sectores del gobierno de entonces, y
aun editoriales de El Colombiano, me acusaron de atravesarme a la paz, siendo
que solo exigía el cumplimiento estricto de decisiones de carácter penal.
Como entonces se vivía la época "eufórica" de la paz, 'Tirofijo' no era el
guerrillero asesino de las monjas en Inzá, sino 'Don Manuel'.
La televisión repetía imágenes de guerrilleros (muchos de ellos hoy muertos)
enarbolando la bandera nacional y vociferando consignas en actitud desafiante.
Se les daba el tratamiento de "insurgentes" y hasta se propuso ¡que la toalla
con que 'Tirofijo' enjugaba el sudor de las selvas caqueteñas se exhibiera
como pieza de nuestra memoria histórica en el Museo Nacional!
Todo cambió, sin embargo, con el secuestro del avión de Aires en el Huila.
Entonces, el mismo gobierno que les había dado tan indulgente tratamiento con
la esperanzadora idea de lograr la paz inició una ofensiva diplomática hasta
conseguir que la Unión Europea los declarara "grupo terrorista", pese a que
desde mucho antes de iniciarse las conversaciones ejecutaban acciones
terroristas.
Bandazos parecidos se han dado frente al paramilitarismo. El gobierno Barco
creó el delito de pertenencia a grupos de justicia privada, o escuadrones de
la muerte. Su gobierno y los subsiguientes persiguieron sin mayor éxito a los
grupos paramilitares.
Uribe inició unas controvertidas conversaciones con ellos, actitud que
implicaba, en opinión de López Michelsen, darles el carácter de contradictores
políticos a reconocidos capos del narcotráfico y violadores de los derechos
humanos con el pretexto de ayudar al Estado en la lucha contra la guerrilla.
La ley de justicia y paz, expedida con idéntico objetivo de pacificar la
nación, se tradujo en aplicarles penas irrisorias (entre cinco y ocho años de
cárcel) a responsables de desplazamiento forzado, despojo, torturas,
desapariciones y masacres de ciudadanos indefensos.
Esta ley dio lugar a incoherencias claramente aberrantes, como sancionar con
mucho más rigor a ladronzuelos callejeros que a confesos asesinos en serie.
Ahora bien. Dentro del proceso de la 'parapolítica', la Corte ha impuesto
rígidas condenas a políticos por recibir apoyo paramilitar, con penas muchas
veces superiores a las que recibirían los mismos paramilitares por sus
crímenes y fechorías.
De otro lado, aprobamos el Estatuto de Roma, que prohíbe conceder amnistías o
indultos por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Hoy existe esa
limitante para cualquier proceso de paz.
Pero no hay claridad normativa, y sí en cambio proliferan toda clase de
inconsistencias políticas y legales.
Talvez convendría, ante panorama tan poco alentador, someter a la voluntad
ciudadana un referendo, para que dijéramos hasta dónde se puede ir en la
búsqueda de la paz, cuál es el alcance real del indulto y la amnistía, o
perdón u olvido, y qué normas de la legislación penal podrían dejar de
aplicarse, entre otros muchos tópicos.
Mientras no se haga claridad en la materia, el Estado y la sociedad seguirán
de tumbo en tumbo, con las desastrosas consecuencias, siempre controvertidas y
controversiales, que todos conocemos. Y que a veces tememos.
Tal vez convendría someter a la voluntad ciudadana un referendo, para que
dijéramos hasta dónde se puede ir en la búsqueda de la paz.
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ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ
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