VOTO OBLIGATORIO REGIRÍA 8 AÑOS

VOTO OBLIGATORIO REGIRÍA 8 AÑOS

El presidente Ernesto Samper dio el visto bueno definitivo a los proyectos con los que su administración busca impulsar en el Congreso una reforma política de fondo.

08 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

Además de temas ya conocidos (financiación de las campañas políticas, reglas para la oposición y unificación de elecciones) el menú de la propuesta tiene nuevos ingredientes. Entre ellos está la implantación en Colombia del voto obligatorio durante un período transitorio de ocho años.

Fortalecimiento de asambleas y concejos y establecimiento de cuotas fijas para la mujer en la dirección de partidos y movimientos, son puntos alternativos.

El Congreso se apresta a recibir la propuesta, pero antes de iniciar el trámite procedimental espera hacer un amplio debate extraparlamentario, que incluirá consultas con las cortes de justicia y con sectores académicos (ver recuadro).

Bancadas Está en estudio el envío al Congreso de otra iniciativa relacionada con la racionalización y ordenamiento del trabajo parlamentario .

De manera preliminar, el Gobierno piensa que es necesario rescatar el concepto de las bancadas y, de acuerdo con lo sugerido por la Comisión, propondría que cada una de ellas esté conformada por un mínimo de siete miembros en el Senado y diez en la Cámara de Representantes.

Los partidos y movimientos que no tuvieren la representación suficiente para organizar bancadas autónomas, tendrían la opción de formar coaliciones sin menoscabo de sus derechos.

Cada bancada tendría un vocero, con lo cual se evitarían las actuales dilaciones en el trámite de los debates de control político. Lo propio ocurriría en la discusión de los proyectos de ley, en la que, además de los voceros, intervendrían únicamente los ponentes.

Los congresistas que se abstuviesen hacer parte de bancadas obrarían exclusivamente a título individual.

Miscelánea de ideas Quedan pendientes de inclusión en los proyectos otras ideas que se encuentran entre el tintero desde la época de las deliberaciones de la comisión asesora. Entre ellas figuran las siguientes: Implantación de cuotas para la representación de la mujer en la dirección de los partidos, organizaciones y movimientos políticos y sociales.

Establecimiento de fondos permanentes para la financiación de los partidos en los niveles nacional, regional y municipal.

Reglamentación del artículo 22 de la Constitución Política que consagró la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Se busca establecer una política de paz permanente para evitar que los cambios de gobierno marquen borrón y cuenta nueva cada cuatro años.

Voto obligatorio El Gobierno propone la implantación del voto obligatorio, como terapia contra la abstención electoral.

Su proyecto, sin embargo, no tiene un enfoque meramente coercitivo, sino que busca darle al derecho al sufragio un componente pedagógico.

Es por eso que el Ejecutivo acogió una propuesta formula por la Comisión para el Estudio de la Reforma de los Partidos Políticos que terminó hace ya un año su tarea e impulsará la aprobación de una ley que instaure la obligatoriedad del voto durante ocho años.

En alguna medida, ese seria un período experimental. Mientras tanto, se daría un proceso de transformaciones orientados a recuperar la confianza de los colombianos en sus instituciones.

Este proyecto podría ser fundido con otros de origen parlamentario que crean incentivos para los votantes, entre ellos acceso preferencial a universidades e incluso rebajas de impuestos.

El Veto A instancias de la reforma política, las asambleas y los concejos cobrarían capacidad para ejercer un efectivo control político frente a los gobiernos de las entidades territoriales.

Uno de los proyectos que ya está en el Congreso considera la posibilidad de que estos cuerpos puedan hacer uso de la moción censura, instrumento que constitucionalmente ha estado reservado hasta ahora al Congreso de la República.

Asambleas y concejos tendrían también la posibilidad de ejercer controles más directos y expeditos sobre el gasto público, dentro de una órbita de fiscalización, sin perjuicio de las tareas de las contralorías.

El fortalecimiento de estos órganos requeriría de reformas tanto de orden constitucional, como de índole legal.

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