ANTE LA AMENAZA

Las veces que los gobiernos, uno tras otro, han prometido acabar con el contrabando, hacen parte de los anales de promesas incumplidas a las que nos acostumbraron unas administraciones demasiado blandas con un problema que se ha convertido en verdadera amenaza contra nuestra estabilidad económica. Las dimensiones alcanzadas hoy por el ingreso ilegal de mercancías como electrodomésticos, cigarrillos, licores, cervezas y textiles han puesto en jaque a muchísimas empresas que generan empleo y están al día en sus deberes fiscales. A estas fuentes de riqueza, productivas y otrora ejemplo de trabajo del pueblo colombiano, las está secando una mafia asociada con el narcotráfico, cada vez más poderosa e intocable.

08 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

No hace mucho el contrabando se daba por la prohibida importación de mercancías o la considerable diferencia de precio por la evasión tributaria. La ley colombiana consideraba estas actividades como delictivas y en ese entonces existía la extinguida Justicia Penal Aduanera. En 1991 el Estado eliminó ese delito del catálogo penal y lo convirtió en una simple infracción administrativa. Quienes reclaman la autoría de semejante despropósito consideraron que esa medida se justificaba por el solo hecho de que en Colombia era prácticamente imposible encarcelar a un contrabandista.

Hoy es la total impunidad y tenemos un país inundado de contrabando y con una cantidad de empresas al borde de la ruina. Los razonamientos de ayer no sirven, pues hoy el fenómeno adquirió unas características muy particulares que lo vinculan al narcotráfico y al lavado de su dinero.

En carta enviada al presidente Samper, el magistrado Pablo J. Cáceres, del Consejo Superior de la Judicatura, dice que esta nueva realidad obliga a modificar su política criminal al respecto y a clasificar el contrabando como una de las actividades que más efectos origina en el mundo de lo ilícito porque allí figuran la corrupción, las falsificaciones y todo un espectro delictivo que cubre gran parte del Código Penal .

Las cifras de algunas de las empresas y gremios afectados, aunque conservadoras por lo difícil que es precisarlas, son escandalosas. La pérdida tributaria por cuenta de las pacas de cigarrillos que entran de contrabando o subfacturadas al país fue, en 1995, de 259 mil millones de pesos, más de la mitad del presupuesto de los despachos judiciales de Colombia. En el renglón de licores y cervezas, entre 1994 y 1995, el Estado dejó de percibir cerca de 54 mil millones de pesos, sin contar la evasión del impuesto de industria y comercio, renta y otros. Entre estos dos años el incremento del contrabando fue alarmante: 28.3 por ciento. La evasión por contrabando de electrodomésticos se acerca al billón de pesos (901.800.000.000 de pesos).

Consolidados solo estos tres rubros, las pérdidas para el Estado pasan de 1 billón 213 mil millones de pesos (1.213.320.268.000 pesos). Una cifra que desborda de lejos la más imaginada y agresiva de las reformas tributarias.

En la Encuesta de Opinión Industrial de la Andi, el contrabando ha venido ganando participación y alcanzó su más alto nivel en 1995, cuando ocupó un segundo lugar dentro de los obstáculos al buen desempeño de la actividad productiva.

Estamos, pues, ante una amenaza de inmensas proporciones y con demasiados padrinos muy bien incrustados en las esferas de los poderes ejecutivo y legislativo. Además de la complicidad de un público que acepta como perfectamente normal comprar mercancías de contrabando.

Nada de eso se combate con pañitos de agua tibia. Se debe demostrar, mediante una radical reforma del sistema penal colombiano, que hay voluntad política y decisión para perseguir el contrabando. Hacemos nuestras las sugerencias del magistrado Cáceres, como convertir en conducta criminal el contrabando y entregarle, como ordena la Constitución, su investigación a la Fiscalía y sus causas a los jueces de la Repúblicaii. Deben castigarse desde el contrabandista hasta los establecimientos que se lucran de él, aun con la clausura a perpetuidad de la fábrica o del comercio. El sistema de juzgamiento tiene que ser oral, ante los jueces del circuito, para que la represión sea pronta y eficaz.

El proyecto de ley que está a consideración del Congreso, aunque lleno de buenas intenciones, es tímido y se queda muy corto. Hay que combatir el contrabando, como parte de la cadena, con la misma severidad con que se está haciendo con el narcotráfico y aprovechar el clima reinante para poner a prueba al Congreso y ver qué tan lejos va a llegar en enfrentar un flagelo que está liquidando a los generadores legales de riqueza y empleo en sus regiones.

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