Polémica sobre los anticipos de obras

Polémica sobre los anticipos de obras

El Ministro de Transporte ha anunciado que va a limitar los anticipos del Gobierno al 10 por ciento del valor de los contratos de obra pública. Esto puede corregir uno de los principales defectos de la construcción de obras públicas en Colombia, que consiste en permitir y fomentar que empresas sin capital y generalmente con poca experiencia participen en contratos gigantescos, que superan sus capacidades técnicas y financieras. Con ese sistema aumenta desmedidamente el riesgo de que no se concluyan los proyectos o de que generen sobrecostos desmesurados.

17 de junio 2011 , 12:00 a.m.

Obtener un cuantioso contrato de obras públicas en las condiciones vigentes es un ascenso acelerado al mundo de los ricos y los exitosos, y puede por eso convertirse en un incentivo a la corrupción. Los gobiernos fomentan el clientelismo y consiguen adeptos por medio de la contratación de obras públicas. Haciendo ricos a dedo, ganan apoyo político y obtienen fondos para las campañas de sus asociados. La contratación se lleva a cabo para fortalecer alianzas o para llenar las arcas de los políticos y no para ejecutar obras indispensables.

Mal puede la inversión pública contribuir al desarrollo económico si se contrata con firmas que no tienen capacidad financiera ni de ejecución. Por eso es que el país posee una infraestructura que no solamente es muy deficiente, sino que es de muy mala calidad y frecuentemente se observa que aumentos de la inversión pública no generan crecimiento sino que hasta lo pueden inhibir. Un sistema de contratación en el que los ejecutores de los contratos no cuentan con capital para respaldar el normal desarrollo de la obras le traslada adicionalmente el riesgo de operación al Gobierno y causa inmensos sobrecostos cuando los constructores fallan.

Alegar como lo hace Juan Martín Caicedo que la medida estigmatiza a los contratistas que hacen buen uso del anticipo es como si la presidenta de la Asociación Bancaria alegara que fortalecer patrimonialmente a los bancos estigmatiza a los que no se han quebrado o no han hecho uso indebido de los fondos.

Un negocio que opera con cien por ciento de deuda o exclusivamente con recursos ajenos, como es el caso de los contratos de obra con cuantiosos anticipos, es muy riesgoso para quienes aportan los recursos y una tentación permanente para que quienes lo operan utilicen los fondos descuidadamente o en forma indebida. Por eso es conveniente y muy oportuno limitar los anticipos que reciben los contratistas del Gobierno para inducirlos a capitalizarse.

En cada caso, el capital aportado por el contratista debe estar entre el 20 y el 30 por ciento del valor de la obra si aspiran a obtener crédito de los bancos. Esta financiación estaría debidamente respaldada por los contratos de obra y contaría como fuente de pago con los desembolsos posteriores que se pacten en el contrato. Para que esto funcione, es esencial que el Gobierno cumpla con los pagos convenidos porque ni el banco ni los contratistas pueden asumir el riesgo de financiación si no paga a tiempo.

Dicen los gremios de contratistas e ingenieros que la medida propuesta constituye un golpe de muerte para las pequeñas y medianas empresas de ingeniería, que usualmente financian el despegue de los proyectos con el anticipo. En la realidad, en el único sector en el que una pequeña empresa puede pasar de la noche a la mañana a convertirse en una gran empresa es en el de construcción, gracias a los anticipos. Precisamente por eso no ha funcionado bien el esquema. Los pequeños deben dedicarse a hacer proyectos pequeños y a crecer paulatinamente. No hay razón para que se vuelvan ricos de un solo salto con recursos de los contribuyentes, pasándoles todo el riesgo y sin haber acumulado experiencia

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