CON CESANTÍAS SE PODRÁN COMPRAR ACCIONES: CORTE

CON CESANTÍAS SE PODRÁN COMPRAR ACCIONES: CORTE

A través de dos sentencias, la Corte Constitucional fijó anoche nuevas pautas para los procesos de privatización de las entidades del Estado.

06 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

En primer término, la corporación abrió la posibilidad para que los trabajadores usen sus cesantías en la adquisición de las acciones de las entidades oficiales.

La corporación abrió la vía, además, a la devolución de las acciones al Estado en aquellos eventos en los cuales se haya declarado, a través de sentencia, la nulidad del respectivo contrato de compraventa.

En casos de privatización, dijo la Corte, los trabajadores de las empresas estatales podrán utilizar legítimamente y con base en la Carta sus cesantías para adquirir las acciones de la firma oficial para la cual laboran.

Los servidores, determinó, podrán acudir a esas prestaciones destinadas legalmente a compra o mejora de vivienda a fin de participar de manera efectiva en el proceso.

Este es el efecto de una sentencia dictada por la corporación, en la que avaló una serie de condiciones especiales para acceder a las acciones de las entidades objeto de privatización. La decisión la proyectó el jurista Julio César Ortiz Gutiérrez.

Las condiciones La prelación de los trabajadores sobre la composición accionaria; el plazo de amortización no inferior a cinco años y un período de gracia de un año; las condiciones preferenciales en las tasas de interés y en las garantías para acceder al crédito hacen parte de las prerrogativas avaladas por los magistrados.

En la sentencia, la Corte advirtió que el Gobierno quedó habilitado para incrementar las condiciones favorables a los servidores de las empresas oficiales y a los grupos de economía solidaria en los procesos de privatización.

El pronunciamiento lo hizo al declarar la exequibilidad del Artículo 11 de la Ley 226 de 1995, relativo a las condiciones especiales para la enajenación de acciones estatales.

Devolución En otro fallo, proyectado por el magistrado José Gregorio Hernández Galindo, la Corte amplió los efectos de las sentencias de nulidad en los procesos de privatización.

En caso de ineficacia o declaratoria de nulidad de los contratos de compraventa, determinó la Corte, habrá lugar a la restitución de las acciones .

Excepto, claro está, dijo la Corte, cuando se trate de terceros de buena fe.

En la práctica, si un contrato es anulado, quien compró las acciones de la entidad deberá restituirlas, mientras que el Estado deberá devolverle el dinero respectivo.

Un magistrado explicó así a este diario los motivos de la decisión: Entendemos que una sentencia de nulidad tiene que producir efectos y, en este caso, es el de la restitución de las respectivas acciones .

La corporación determinó que, en adelante, cualquier persona que muestre interés legítimo en el proceso es decir, haya participado en la colocación o venta de acciones podrá pedir la correspondiente nulidad. Antes, la petición sólo podía ser elevada por las partes contratantes o por el Ministerio Público.

Así lo dijo al declarar la inexequibilidad de una serie de expresiones consagradas en los artículos 15 y 24 de la Ley 226 de 1995.

Por lo demás, la Corte determinó que no se necesita salvoconducto para transitar ni residir en las zonas especiales de orden público, salvo en aquellas áreas objeto de operaciones militares.

Al avalar el Decreto 900 de 1996 dictado al amparo del estado de conmoción interior, la Corte determinó que cualquier miembro de la fuerza pública que opere en una zona especial podrá revisar toda carga que haya sido, sea o vaya a ser transportada por vía terrestre, fluvial o aérea.

El comandante militar de mayor rango en la zona, dijo, está facultado para recoger y clasificar la información acerca del lugar de residencia y la ocupación habitual de los habitantes, así como de las armas, municiones o equipos de telecomunicaciones que se encuentren en el área.

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