EN LIBERTAD VICEPROCURADOR

EN LIBERTAD VICEPROCURADOR

La situación jurídica de los ministros Horacio Serpa y Juan Manuel Turbay, el ex canciller Rodrigo Pardo y el jefe del Ministerio Público, Orlando Vásquez, quedarían en el limbo jurídico de prosperar la tesis expuesta por el juez que ayer concedió la libertad al viceprocurador Luis Eduardo Montoya Medina. En efecto, el juez 20 Penal del Circuito, Orlando Bustos, concedió el recurso de hábeas corpus al viceprocurador Montoya, que de inmediato reasumió sus funciones, teniendo como base la norma constitucional que dispone que el Fiscal General de la Nación investiga y acusa a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional.

06 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

Bustos señala en su providencia en que revocó la detención domiciliaria de Montoya, que como el Viceprocurador ejercía el cargo de Jefe del Ministerio Público, en calidad de encargado, lo amparaba el fuero dispuesto en la Carta Política y por ende el fiscal Alfonso Valdivieso no podía comisionar ni delegar la apertura de la investigación contra Montoya y menos la decisión de dictarle auto de detención.

El argumento del titular del citado despacho judicial coincide con un planteamiento reciente de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el caso del ex gobernador del Vichada, Luis Fernando Anzola Pinto, quien por su calidad de jefe seccional gozaba de fuero constitucional.

Una vez le fue revocada la detención domiciliaria y recobró su libertad, Montoya se trasladó a la sede del Ministerio Público y reasumió de inmediato sus funciones como Procurador General de la Nación, encargado.

El abogado de Montoya, Luis Eduardo Martínez, indicó a EL TIEMPO que el Viceprocurador estuvo detenido arbitrariamente, por cuanto su investigador es el Fiscal General de la Nación y él no podía comisionar a ningún otro funcionario para que cumpliera dicha función. Ahora estamos pendientes de que la Corte Suprema de Justicia resuelva el control de legalidad que hemos presentado .

Martínez reveló también que paralelamente a la solicitud del recurso de hábeas corpus, fueron recusados el fiscal Alfonso Valdivieso y el vicefiscal Adolfo Salamanca.

Si los dos altos funcionarios aceptan el impedimento solicitado, la Corte Suprema de Justicia tendría que entrar a nombrar un fiscal ad hoc, para que investigue a Montoya.

Con la tesis esgrimida por el juez Bustos, el proceso que se seguía contra Montoya bajo los cargos de fraude procesal, falsedad ideológica y soborno fue anulado y por tanto deberá reiniciarse una nueva investigación, pero esta vez bajo la conducción directa del Fiscal General de la Nación.

Es de indicar que en días pasados la Unidad de Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia revocó el cargo de falsedad en documento de los delitos que les fueron imputados al procurador Orlando Vásquez y al viceprocurador Luis Eduardo Montoya, por el presunto montaje de una investigación para perjudicar al fiscal Valdivieso.

Los fiscales consideraron que la firma que aparece registrada en la demanda contra Valdivieso no fue falsificada, sino que corresponde al denunciante Gonzalo Manuel Parra.

Una prueba de Medicina Legal demostró la autenticidad de la firma, hasta ahora cuestionada por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

Los Fiscales Delegados ante la Corte mantuvieron la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el Procurador y el Viceprocurador.

A juicio de los fiscales, persisten graves indicios contra los dos funcionarios sobre el presunto fraude procesal, falsedad ideológica y soborno que ameritan mantener la medida cautelar.

La falsedad o autenticidad de la firma del denunciante del Fiscal, consideran los fiscales, es tan sólo un elemento de la investigación que no reviste mayor trascendencia comparado con las demás anomalías que parecen advertirse del proceso.

A comienzos de junio pasado, la citada Unidad de Fiscales le concedió la casa por cárcel al viceprocurador general, Luis Eduardo Montoya Medina, dentro del citado proceso.

La medida fue proferida dos días después de que la plenaria del Senado suspendiera al hasta entonces Procurador General encargado.

Así mismo. la Universidad Nacional suspendió de su función como profesor a Montoya para permitir que se ejecutara el auto de detención.

Montoya Medina debió cancelar una caución de 20 salarios mínimos para ser recluido en su residencia.

El funcionario obtuvo la detención domiciliaria porque fue investigado por un delito cuya pena mínima es menor a los cinco años de prisión, según lo establece el artículo 396 del Código de Procedimiento Penal.

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