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Plan piloto

La inseguridad es el problema más grave que aqueja a Cali. A partir de esta
semana, el Gobierno y la Policía Nacional despliegan una rápida intervención
para intentar reducir los abultados índices de violencia de la capital del
Valle del Cauca.
Desde el pasado lunes, los primeros 80 efectivos de un total de 700 nuevos
uniformados patrullan las calles de la ciudad donde se produce el mayor número
de delitos. En el transcurso de este año, la situación en La Sultana desbordó
ya los límites de la percepción.
Hasta finales de mayo, la cantidad de homicidios había subido a 750, cinco
diarios en promedio. Los robos de celulares, carros y motos vienen
incrementándose, mientras se recrudece la violencia ejercida por los
delincuentes en los 'fleteos' y 'paseos millonarios'. Mes tras mes, los
caleños se encuentran con trágicas historias de inocentes que mueren
acribillados por sicarios, por balas perdidas o, de manera absurda, por el
hurto de un teléfono móvil.
La ciudadanía vallecaucana está hastiada. En una reciente encuesta del diario
local El País, ocho de cada diez entrevistados califican a Cali como "muy
insegura". Además, el 83 por ciento está a favor de la militarización urbana
como último recurso contra la zozobra colectiva. Casi la mitad de los
encuestados (el 48 por ciento) no cree en la Justicia para resolver los
problemas.
La inseguridad en la tercera metrópolis del país es un fenómeno de vieja data.
De acuerdo con el programa 'Cali, cómo vamos' -una iniciativa de esta Casa
Editorial y otros socios-, se han registrado, en promedio, unos 1.700
homicidios anuales durante los últimos 15 años.
Los propulsores de esta violencia han estado, asimismo, estructuralmente
presentes en el tejido urbano: las bandas del narcotráfico, las pandillas
juveniles y la guerra por los territorios para la venta de drogas. En
síntesis, un peligroso coctel que mantiene a la ciudad al borde de una
intolerable tasa de 78 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La capital vallecaucana constituye la mejor apuesta de la Casa de Nariño para
probar el grado de efectividad de su política de seguridad ciudadana. En el
aumento del pie de fuerza policial y en los nuevos instrumentos de la recién
aprobada ley cifra el Gobierno sus esperanzas para combatir la delincuencia
urbana. Con penas más severas contra el porte de armas y los delincuentes
menores de edad, así como con las medidas contra el robo de celulares, las
autoridades locales aspiran a que Cali se sume a la tendencia a la baja de
muertes violentas en el resto del país.
No obstante, la tarea no es sencilla. A pesar de los 18.000 millones de pesos
anunciados para seguridad, los recursos destinados a sostener este esfuerzo
institucional son insuficientes. A lo anterior se añaden los cuellos de
botella en el aparato de Justicia para el juzgamiento de los criminales. El
programa de policías por cuadrantes, si bien útil para atacar unos delitos
específicos, debe ser acompañado de mayor inteligencia e investigación para el
desmonte de las bandas emergentes de narcos y las 'oficinas de cobros'. En vez
de lanzar decenas de medidas, como sucedió a finales de abril, es mejor
garantizar su ejecución paso a paso.
Lo prioritario ahora es la ejecución sincronizada de las iniciativas
nacionales con los esfuerzos locales. Como, por ejemplo, la 'toma de las
localidades', ayer, en cinco municipios vallecaucanos, que dejó diez
sospechosos de homicidios tras las rejas. En este plan piloto que arranca
descansa la esperanza de los caleños para vivir más tranquilos en su terruño.
Así como la del resto de ciudades colombianas para reproducir los aciertos de
la nueva política.
El Gobierno desplegará en Cali los instrumentos de su nueva estrategia de
seguridad ciudadana. Del éxito en esta capital dependerá su aplicación en el
resto del país.
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