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CONTINÚA LA TOMA INDÍGENA EN LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Por pura malicia indígena, los representantes de 80 pueblos aborígenes de Colombia continúan la toma pacífica en la sede de la Conferencia Episcopal, en el occidente de Bogotá.

La ocupación de la casona completa hoy 30 días y ha sido apoyada por 16 movimientos indígenas de protesta en el Chocó, Risaralda, La Guajira, Montería, Puerto Inírida, Ibagué, Pasto y el Cauca, donde unos cuatro mil paeces bloquearon esta semana la vía Panamericana entre Cali y Popayán.
Aunque la noche del viernes los negociadores del Gobierno y de los ocupantes llegaron a un acuerdo en todos los puntos de un pliego de peticiones, los líderes indígenas afirmaron que solo saldrán de la sede episcopal cuando vean firmados los decretos concertados en la mesa de negociaciones.
El año pasado el Gobierno llegó a un acuerdo con los indígenas sobre un decreto reglamentario de la Ley de Tierras y a última hora fue modificado sin consultarnos , dice Abadio Green Stocel, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
Los acuerdos quedaron plasmados en dos decretos por medio de los cuales se crean la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
Durante la última semana los negociadores trabajaron en jornadas de tres de la tarde a 12 de la noche, mientras los demás indígenas que participaban en la toma se congregaban alrededor de un televisor para no perderse detalle de los Juegos Olímpicos.
Tanto el viceministro del Interior Juan Carlos Posada García-Peña, quien encabeza la comisión oficial, como los dirigentes indígenas coinciden en que la toma será levantada en las próximos 48 horas, una vez se cumplan los trámites burocráticos antes de la firma presidencial.
El senador guambiano Lorenzo Muelas dijo que confía en que entre lunes y martes también se logren acuerdos con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), organización que convocó a la toma de la Panamericana para reclamar el cumplimiento de los acuerdos suscritos hace un año con el Gobierno.
El viceministro del Interior aseguró que se está conversando con el Ministerio de Hacienda para que se mantengan los nueve mil millones de pesos acordados hace un años con el Cric, con destino a la reconstrucción de las zonas devastadas en Tierradentro por la avalancha del río Paez.
Según el Cric, el Gobierno incumplió los acuerdos sobre tierras, educación y los que buscaban ayudar a los damnificados por la tragedia de Paez y por la crisis del comercio de fique.
En opinión del viceministro del Interior, uno de los aspectos positivos de la negociación que se realiza en Bogotá es que se ha conformado un grupo de voceros indígenas con los cuales se puede concertar.
A veces no era por falta de voluntad que fallaba la concertación sino porque el movimiento indígena estaba muy disgregado , agregó.
La Comisión de Derechos Humanos, conformada por representantes del Gobierno y las organizaciones indígenas, tiene, entre otras funciones, que hacer seguimiento e impulsar las investigaciones penales y disciplinarias por violación de los derechos humanos en las comunidades indígenas y diseñar un programa especial para la atención de indígenas víctimas de la violencia.
La otra comisión será la encargada de concertar y coordinar todo lo relacionado con la ampliación, saneamiento y titulación de resguardos indígenas.
El mismo decreto prohíbe otorgar licencias ambientales sin los estudios de impacto económico, social y cultural sobre los indígenas y establece que ninguna obra, exploración, explotación o inversión podrá realizarse en territorio indígena sin la debida concertación con los representantes de estas comunidades.
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