De los 212 barrios que forman a Sincelejo, 80 son de invasión y 20 de ellos son ilegales porque se han conformado en los últimos años con la llegada de 30 mil desplazados procedentes de otras regiones de la Costa Caribe y del Urabá Antioqueño.
Para el alcalde Jorge Ospina Vergara esta situación, además de la grave crisis social que conlleva, le ha dejado pérdidas a la administración municipal, ya que les ha tocado hacer rendir los recursos para cubrirle, a esas personas, salud, educación, servicios públicos y vías.
"El año pasado en Sincelejo se legalizaron 15 mil escrituras. Este año estamos comprando 1.150 predios en la invasión Altos del Rosario, para legalizarlos. El costo total de la inversión es de 250 millones de pesos, pero todavía no he podido entregar la primera cuota, y me faltan más de 20 barrios de invasión por legalizar", cuenta Ospina, al tiempo que afirma que es imposible llevar a cabo la propuesta de Electrocosta de legalizar las invasiones en la Costa.
El mandatario destacó que la Alcaldía invierte en el servicio de salud a desplazados 40 millones de pesos mensuales, considerados insuficientes. "Y lo que hacemos en educación es intangible. Por ejemplo, este año nos tocó incluir 52 niños en promedio por cursos en los colegios públicos, pese a que la cobertura que ordena el Ministerio de Educación es de 35 niños por aula", anotó.
El alcalde Ospina Vergara señaló que los mayores gastos que se han generado a raíz del incremento de desplazados se sienten especialmente en los servicios públicos y el sector educación.
Otros servicios.
Recientemente, el gerente de Electrocosta en Sincelejo, Harold Londoño había afirmado en una rueda de prensa que las invasiones consumen cerca del 35 por ciento de la energía que se distribuía en la ciudad, y no la pagan.
Buscando correctivos, la empresa optó por establecer medidores comunitarios en Villa Katy, Altos del Rosario y El Edén y dejó sin energía a otras invasiones. La facturación que arrojen los medidores deberá ser cancelada, un 50 por ciento por el municipio, y el resto por los usuarios.
Por su parte, el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelejo (Empas), Alejandro Chica Zuccardi, expresó que los 30 mil desplazados están consumiendo alrededor de 180 mil metros cúbicos de agua, lo que representa 64 millones de pesos que mensualmente deja de percibir la empresa.
"La infraestructura del acueducto de Sincelejo no está preparada para asumir tan rápidamente el crecimiento de la población, por lo que Empas no puede asumir una responsabilidad que le corresponde al Estado", dijo Chica.
La semana pasada, el Comité Municipal de Desplazados analizó la situación y concluyó que aunque se están realizando campañas en salud, en especial en vacunación, estas no son suficientes para cobijar el número de desarraigados que hay en la ciudad.
