UN INTERNACIONALISMO TIMORATO

UN INTERNACIONALISMO TIMORATO

Un nuevo episodio inquietante sobre la política exterior del país ocurrió en días pasados con las declaraciones del inefable Ministro de Justicia, en relación con el rechazo a la idea de someter el delito del narcotráfico a una posible jurisdicción internacional. Como ya lo han observado varios comentaristas de la vida pública, no hay ninguna duda de que, tal como fueron formulados, los comentarios del ministro implican un cambio apreciable de la línea que los gobiernos colombianos de los últimos años habían venido trazando en materia de internacionalización del problema de las drogas.

03 de agosto 1996 , 12:00 a. m.

De nada han servido las rectificaciones oficiales, incluyendo el intento de aclaración del Presidente, para esclarecer el punto central del planteamiento, que es la voluntad del Estado colombiano de aceptar que el delito del narcotráfico se convierta en un delito internacional y, por lo tanto, que deba ser juzgado y castigado por las instancias internacionales.

No se trata en este caso de otra de tantas ligerezas con que el Ministro de Justicia tiene ya acostumbrada a la opinión, al soltar sus improvisadas reacciones sobre todo lo divino y humano. Aquí estamos frente a un tema delicado, del cual puede depender el futuro de la lucha contra el problema que está envenenando la vida nacional. Desde las acciones de Barco para persuadir a la comunidad internacional sobre la imperiosa necesidad de dar un tratamiento global al problema, pasando por la propuesta de Gaviria de someter ese ilícito a un tribunal internacional ad-hoc, hasta hace pocos meses, cuando voceros oficiales en discursos, declaraciones e intervenciones en los foros multilaterales repetían la misma idea, se viene insistiendo hasta el cansancio que el narcotráfico solo se puede combatir a escala mundial, por razones obvias que todo el mundo entiende.

Se podrá tildar la propuesta del tribunal internacional de prematura, de ingenua y, quizás, de no tener en cuenta las dificultades inmediatas que seguramente encuentra para su realización. Pero no se la puede acusar de inconsecuente con los planteamientos que ha venido haciendo Colombia en los últimos diez años y, menos aún, con los intereses nacionales.

Para el Ministro de Justicia, y en esto no ha sido rectificado por el Presidente, el problema radica en que el eventual tribunal internacional se dedicaría exclusivamente a juzgar a los colombianos, y eso sería inaceptable. Es este un argumento serio? Quedaría más tranquilo el ministro si la característica del tribunal fuera la contraria, es decir, que el tribunal juzgara a todos los delincuentes, con excepción de los colombianos? El mismo funcionario afirma que la jurisdicción internacional es conveniente para todos los delitos atroces, aunque nuestros compatriotas puedan estar entre los condenados, pero que es necesario excluir al narcotráfico, por el peligro ya anotado de que solo los colombianos sean las víctimas propiciatorias de una conjura internacional.

Cuando se trata de asuntos que atañen a la política exterior, los colombianos tienen el derecho de exigir a sus autoridades un mínimo de coherencia. Este gobierno, que tan eficaz ha sido en amenguar la poca reputación del país en el exterior, debería ser particularmente cuidadoso en este campo. La reconciliación de que tanto se habla debería ser, ante todo, una reconciliación de los pronunciamientos oficiales con los intereses de la nación.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.