AL GARETE QUEDÓ LA PROCURADURÍA

AL GARETE QUEDÓ LA PROCURADURÍA

Navegando en un mar de dudas jurídicas, el Senado de la República suspendió anoche al viceprocurador General, Luis Eduardo Montoya Medina, quien venía desempeñándose como jefe encargado del Ministerio Público.

20 de junio 1996 , 12:00 a. m.

Al hacerlo, dejó sin embargo planteada una incertidumbre jurídica que hoy no le permite al país saber si hay o no Procurador General de la Nación.

La suspensión de Montoya fue dispuesta para facilitar la aplicación de una medida de aseguramiento, consistente en auto de detención, que está a punto de dictar en su contra la Comisión de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

El Senado resolverá hoy si tiene validez o no una resolución dictada por Montoya, pocas horas antes de su suspensión, mediante la cual encargó de las funciones de viceprocurador al abogado José León Jaramillo Jaramillo.

El debate duró cerca de tres horas e interrumpió súbitamente una discusión sobre el tema del lavado de activos, en la cual participarían el Contralor, el propio Procurador encargado, el Fiscal, el Superintendente Bancario y el Ministro de Justicia.

Sobre la eventual vacancia en el cargo del Procurador General, quedaron planteadas dos tesis, una de ellas, definida por el senador liberal antioqueño Mario Uribe, sostiene que la única autoridad competente para designar Procurador es el Senado y que, en consecuencia, Montoya no podía abrogarse esa facultad, como lo hizo al designar a Jaramillo.

Otra tendencia encabezada por el senador conservador Roberto Gerlein se inclinaba a avalar la resolución de Montoya, con base en una norma contenida en el estatuto de la Procuraduría, según la cual el Viceprocurador General, cuando está encargado de la jefatura del Ministerio Público, ejerce unas funciones a plenitud y, en ese sentido, puede hacer uso de la facultad de nombramiento y remoción.

El procedimiento empleado por el Senado para decidir la suspensión de Montoya fue de carácter extralegal, como quiera que escuchó en audiencia al afectado, pese a que ni el reglamento del Congreso ni ninguna otra norma legal contemplan esa posibilidad.

Por medio de varios recursos jurídicos, el procurador general encargado, Luis Eduardo Montoya Medina, trató de evitar que el Senado de la República ordenara su suspensión y lo dejara ad portas de la cárcel.

Montoya intentó en vano convencer a los congresistas de que no podría ser válidamente suspendido ya que, a la luz de la Constitución, tiene un fuero especial.

Una comisión especial designada para estudiar su planteamiento concluyó, sin embargo, que ese fuero especial lo tienen ante el Senado únicamente el Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación y los magistrados de las altas cortes de justicia.

Así las cosas, la Procuraduría, máximo órgano de control administrativo y disciplinario ante el país, quedó anoche al garete. Su titular, Orlando Vásquez Velásquez, se encuentra detenido por disposición de la Fiscalía.

Vásquez Velásquez es objeto de un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito derivado de supuestos nexos con el narcotráfico, investigación que provocó su detención el pasado 3 de mayo.

Al término del debate, el fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento, quien asistía coincidencialmente a la sesión, dijo a los periodistas que aún no es viable dictar el auto de detención contra Montoya, debido a que éste es profesor de la Universidad Nacional y, en tal virtud, tiene una especie de fuero propio de los catedráticos que ejercen tareas como servidores públicos.

Explicó que ante esta situación se hace necesario solicitar la suspensión de su empleo en ese centro de educación superior.

Con la suspensión e inminente detención de este funcionario, 44 días después de la captura del procurador titular, Orlando Vásquez, la Procuraduría General de la Nación entró en la más profunda crisis de su historia.

Los directivos de la institución son cuestionados por la Corte Suprema de Justicia y la Unidad de Fiscales Delegados porque al parecer diseñaron un plan para perjudicar al fiscal general, Alfonso Valdivieso, y obstaculizar las investigaciones por narcocorrupción.

La Unidad de Fiscales ordenó la detención de los dos altos funcionarios al señalarlos como posibles cómplices en un fraude procesal, entre otros delitos.

Mientras Vásquez y, posiblemente, Montoya permanezcan en prisión, asumirá la jefatura del Ministerio Público el hasta ayer procurador tercero delegado para la Vigilancia Administrativa, José León Jaramillo.

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