CONDENA POR CRISIS FINANCIERA DE 1982

CONDENA POR CRISIS FINANCIERA DE 1982

Doce años después de la crisis bancaria de 1982, la justicia colombiana condenó a penas de cárcel que suman 34 años, y a responder solidariamente por daños y perjuicios con una suma superior a los 10 mil millones de pesos, a las 16 personas responsables del descalabro del Banco Nacional y el Grupo Colombia.

20 de junio 1996 , 12:00 a.m.

La justicia condenó a Felix Correa Maya, Jorge Enrique Castro Lozano, Eduardo Uribe Uribe, Uldarico Robles, Octavio Becerra, José Lizardo Muñoz, Saúl Serna González, Edgar Marulanda Rayo, Raúl Lozano Sarmiento, José Domingo Gómez, Marco Antonio Ospina, Eduardo Zambrano, Jaime Mosquera Castro, León Steremberg Pinedo, Raúl Calderón Rangel y Daniel Enríquez Echavarría Monsalve.

Según la juez 66 Penal del Circuito de Bogotá, Carmen Delia Rodríguez Morales, los implicados incurrieron en los delitos de estafas agravadas y fraude procesal.

El juzgado 66 Penal del Circuito resolvió condenar a Felix Correa Maya, Eduardo Uribe Uribe, Uldarico Robles, Octavio Becerra Vélez y José Lizardo Muñoz a la pena de seis años y nueve meses de prisión y multa de 400 mil pesos como coautores responsables de los delitos de estafas agravadas múltiples.

La justicia condenó a Jorge Enrique Castro Lozano, representante internacional de la firma panameña Coloca Internacional que hacía los préstamos interbancarios que derivaron en la crisis financiera, a 38 meses y 10 días de prisión y una multa de 100 mil pesos como autor responsable de los delitos de estafa agravada, fraude procesal y tentativa de estafa agravada. También deberá cancelar 500 gramos oro en favor del Banco del Estado.

De acuerdo con la sentencia, resultado de nueve procesos acumulados y del estudio de cerca de 150 mil folios, los 16 implicados para disimular el desangre de las cuentas del Banco Nacional, disfrazaron de operaciones bancarias incluso transacciones millonarias con personas inexistentes.

Según la providencia, los condenados para disimular los préstamos efectuados y darles una apariencia de operaciones bancarias , crearon aparentes sobregiros. Esto, advirtió, con clara violación de las disposiciones legales vigentes en la época.

Además, recurrieron a préstamos otorgados sin garantía alguna; constituyeron garantías personales cuando debían ser reales; firmaron cheques de gerencia sin ser el producto de alguna transacción comercial; cancelaron CDT s que no se habían constituido y emitieron títulos valores a personas inexistentes.

La decisión se produjo a raíz de la crisis bancaria de 1.982.

A mediados de los años 70, Ignacio Umaña de Brigard fundó una compañía de seguros que dio origen al denominado Grupo Colombia, conformado por empresas filiales dedicadas al financiamiento comercial entre las que se encontraba el Banco Nacional, adquirido el 5 de agosto de 1.978 por Felix Correa Amaya, principal accionista del grupo Correa Acevedo.

Correa compró las acciones de Umaña de Brigard con lo que se constituyó en el presidente del Grupo Colombia y, por ende, pasó a ser, junto a las compañías de su grupo, accionista del Banco Nacional.

A partir de entonces el Banco Nacional empezó a presentar una concentración progresiva en su cartera en favor de las empresas pertenecientes a los grupos Colombia y Correa Acevedo, así como a sus principales accionistas y a los familiares de los mismos.

Además a la crisis se sumaron los afanes de expansión de los grupos económicos anteriormente nombrados y la compra de Fabricato y el Banco Perrine de Miami.

El manejo que dieron a la situación fue tan delicado que llegaron al punto en que el Banco Nacional finalmente no pudo responder a sus depositantes.

Al borde del abismo Fue así como, desde junio de 1.981 el Banco Nacional empezó a presentar una situación económica delicada ya que llevaba 10 meses consecutivos trabajando en posición negativa de encaje. Esto es, la entidad no cumplía con los recursos exigidos por la ley para responder por eventuales dificultades financieras.

Dicha situación condujo a la Superintendencia Bancaria a imponerle a la entidad una sanción pecuniaria, cerrarle el acceso a los cupos de redescuento en el Banco de la República y a exigir a sus directivas que garantizaran la estabilidad financiera del banco y el toral cumplimiento de las cuentas con sus usuarios y acreedores.

La crisis se mantuvo hasta diciembre de 1.981, cuando el Banco recibió una inyección de 800 millones de pesos y a partir de enero de 1.982 la entidad presentó nuevamente una situación normal y una posición positiva de encaje, la cual duró hasta la última semana de mayo del mismo año.

Cuando aún no se habían cumplido seis meses, se registró un presunto retiro masivo de dinero, lo que permitió a las directivas del Banco pedir un préstamo extraordinario al Banco de la República de 2.000 millones de pesos.

Sin embargo, el préstamo no alivió la crisis ya que el nuevo dinero no existía y el 23 de junio el sector financiero se negó a recibir cheques librados por el Banco Nacional.

Esa situación de absoluta iliquidez llevó a la Superintendencia a proferir la resolución 3259 del 25 de junio de 1.982 con la que tomó posesión de los negocios, bienes y haberes del Banco Nacional.

Entonces el gobierno comprobó que la baja en los depósitos, equivalente a 3.227 millones 161 mil 283, 70 pesos en su cuenta del Banco de la República, no se debió a un retiro masivo de un gran número de clientes, sino al retiro de fondos por parte de clientes importantes del banco, vinculados algunos de ellos al grupo financiero Correa Acevedo y relacionados otros con las directivas del mismo banco.

Otras condenas El juzgado 66 Penal del Circuito condenó, además, a Saúl Serna González y Edgar Marulanda Rayo a las penas de 6 años y 3 meses de cárcel y multa de 250 mil pesos como coautores responsables de los delitos de estafas agravadas.

También impuso una pena de 3 años y 45 días y una multa de 125 mil pesos a Raúl Lozano Sarmiento, José Domingo Gómez Carrillo y Marco Antonio Ospina Benavides, como cómplices responsables de los delitos de estafas agravadas.

Condenó igualmente a purgar una pena de 5 años y 6 meses a Eduardo Zambrano Caicedo y Jaime Orozco Lourico como coautores responsables de los delitos de estafas agravadas.

A su vez impuso la pena de 4 años y 2 meses de prisión a Jaime Mosquera Castro, León Steremberg Pinedo y Raúl Calderón Rangel, quienes además deberán cancelar una multa de 180.000 pesos como coautores responsables de los mismos delitos.

Además a Daniel Enrique Echavarría le impuso una pena de 25 meses de prisión y una multa de 80 mil pesos como cómplice responsable del delito de estafa agravada.

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