OTRA INVESTIGACIÓN A IBM-ARGENTINA

OTRA INVESTIGACIÓN A IBM-ARGENTINA

Un juez federal de Argentina ha iniciado una investigación oficial sobre los contratos entre la división local de International Business Machines Corp. (IBM) y la Dirección General Impositiva de Argentina, argumentando serias irregularidades .

20 de junio 1996 , 12:00 a. m.

La decisión del juez Carlos Liporaci se produce una semana después que el Banco de la Nación Argentina, estatal, cancelara un contrato de US$249 millones con IBM. Este contrato es el centro de una investigación en Argentina que trata de determinar si IBM pagó sobornos para obtenerlo. En abril, unos 30 funcionarios del Banco de la Nación, de IBM y del gobierno fueron acusados de fraude.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE.UU. y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) estudian si IBM infringió la ley que prohíbe a las compañías estadounidense pagar sobornos en el extranjero. IBM ha negado haber hecho algo indebido.

En el caso más reciente, el juez Liporaci envió a varios investigadores a las oficinas de IBM en esta ciudad y a las oficinas centrales de la Dirección General Impositiva (DGI) para conseguir copias de los contratos, que hasta la fecha totalizaban US$480 millones, y otros documentos relacionados.

El mes pasado, diputados del partido de oposición de centro-izquierda Frepaso declararon que los contratos tenían un valor superior a lo normal y que se habían adjudicado bajo circunstancias sospechosas, similares a las del contrato de IBM-Banco Nación. Para el juez Liporaci, las acusaciones de Frepaso son serias y uniformes .

Fred McNeese, portavoz de IBM, dice que la compañía fue notificada oficialmente la semana pasada y que coopera en todo. IBM cree que el precio de los contratos es justo , explica. El pago es por concepto de los servicios prestados, que el cliente ha aceptado como satisfactorios , añade.

Los contratos se originaron a raíz de un decreto de 1993 que trasfería a la DGI la responsabilidad de recaudación de las contribuciones para pensiones, antes a cargo del sistema de seguridad social, que estaba en bancarrota. Según este decreto, la DGI tenía autoridad para adjudicar contratos para modernizar su sistema informático sin tener que sacarlos a licitación. La DGI adjudicó los contratos en marzo de 1994 a un consorcio de IBM y Banelco SA, compañía que opera la mayor red de cajeros automáticos de Argentina.

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