EL SOMETIMIENTO DEL SOMETIMIENTO

EL SOMETIMIENTO DEL SOMETIMIENTO

Dentro de las propuestas formuladas por el Presidente de la República, para salir de la crisis generada a raíz de las acusaciones sobre financiación ilegal de su campaña, está la de revisar lo que, con marcado desconocimiento de sus verdaderos alcances, dio en llamarse la política de sometimiento a la justicia de los narcotraficantes y terroristas. Dada la ya inmodificable amnesia colectiva de los colombianos, vale la pena recordar un poco los orígenes y alcances de esta política .

23 de junio 1996 , 12:00 a. m.

La administración Barco Vargas adelantó una lucha frontal contra el narcotráfico, que generó como respuesta de los delincuentes la ola de terrorismo que se expresó en asesinatos selectivos e indiscriminados, bombas y atentados de todo orden, que terminaron por atemorizar a un buen sector de la clase dirigente y a la mayoría de la población colombiana.

El restablecimiento por la vía administrativa de la extradición de nacionales colombianos llevó a los narcos, bajo el nombre de Los Extraditables , a desafiar abiertamente al Estado. Con un muy discutible argumento, la Corte Suprema de Justicia que sucedió a la inmolada en 1985 (para la que el establecimiento no permitió el diálogo que les permitiera vivir a magistrados y rehenes) declaró inexequible la ley aprobatoria del tratado de extradición con los Estados Unidos.

Una reforma Constitucional se hundió en 1989 cuando se incluyó al final una norma que sometía el tema de la extradición a referendum . Luego vino la famosa no escrutada séptima papeleta que dio origen a la Constituyente, organismo que, sin discusión y aparentemente sin posición clara del Gobierno de entonces sobre el tema, fue más allá del Congreso de 1989 y de un plumazo prohibió constitucionalmente la extradición, en contravía de toda la tradición jurídica del país, que siempre había remitido este tema a la ley y a los tratados públicos.

En el último libro de García Márquez quedó muy bien reseñado cómo la entrega de Pablo Escobar se produjo cuando confirmó que la soberana Asamblea Constituyente había prohibido la extradición. Atrás y en el olvido quedaban los muertos.

Simultáneamente, se dictaron varios decretos para facilitar la entrega de los narcotraficantes. Rebajas de penas. Ilustres acompañantes para sus entregas. Cárceles especiales. Todo ese proceso terminó tristemente con los nunca suficientemente aclarados episodios de la Catedral .

Luego, por iniciativa gubernamental y con mensaje de urgencia, el Congreso aprobó la que vino a ser la Ley 81 de 1993. Tal vez los colombianos olvidaron ya las imágenes de la televisión que mostraban a los abogados de los sindicados dando cartilla a los parlamentarios sobre la forma como debían redactarse los artículos. Esta ley dio toda clase de beneficios a los narcotraficantes, hasta el punto de que, en algunos casos, el Estado les quedaba debiendo.

En su momento, nadie calificó este esperpento como narcoproyecto y paso ante los ojos de todo el mundo. Al fiscal Gustavo de Greiff injustamente se le acusó de tratos con los narcotraficantes, cuando en verdad no estaba haciendo otra cosa que cumplir la ley presentada por el Gobierno y aprobada por el parlamento sin mayor crítica u oposición.

Sin retroactividad Está bien por lo tanto que el Gobierno revise esa llamada política de sometimiento , que en el fondo lo fue, pero del Estado a la delincuencia organizada. Sin embargo, es necesario decirle al país, como en la fórmula del juramento en el Código de Procedimiento Penal, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ese endurecimiento (aumento de penas, reducción de beneficios, eliminación de rebajas) no va a comprender a quienes actualmente están siendo procesados ni a quienes delincan con anterridad a la vigencia de la nueva reglamentación, por cuanto es bien conocido el principio de que la ley penal desfavorable no puede aplicarse con efecto retroactivo.

La llamada negociación es intrínsecamente inmoral, por cuanto permite en muchos casos perdonar graves crímenes, con el supuesto objetivo de descubrir a otros delincuentes. El Estado debe fortalecer la verdadera investigación criminal, con una eficiente policía judicial, y no limitarse a administrar las no siempre claras declaraciones . La mano dura debe ir pareja al verdadero fortalecimiento de la investigación criminal propiamente dicha.

Estas propuestas pueden resultar eficaces, en la medida en que se trate del comienzo de la fijación de una verdadera política criminal a largo plazo para luchar contra la delincuencia organizada, y no de simples fórmulas de naturaleza coyuntural.

Esta puede ser la oportunidad para revisar, además, todo el tema de la Justicia en la Constitución de 1991, pues toda esta crisis, al lado de otros factores, no ha hecho más que confirmar la poca consistencia con que se trató este aspecto, esencial para la organización del Estado y necesario para la convivencia entre los colombianos.

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