EL SECTOR PRIVADO Y LA INICIATIVA ESTATAL

EL SECTOR PRIVADO Y LA INICIATIVA ESTATAL

La Comisión del Gasto Público ha puesto el dedo en la herida al hacer consciente al país sobre el hecho de que mantener la estructura y el financiamiento del gasto público, tal como viene haciéndose, es una bomba de tiempo que debe ser desarmada.

23 de junio 1996 , 12:00 a. m.

Una de las estrategias estatales de los dos últimos gobiernos consiste en incentivar al sector privado a participar en el financiamiento de proyectos que sean atractivos y que a su vez sean de interés público. Esta es ciertamente una estrategia alternativa perfectamente legítima, que ha sido exitosa en otros países, pero bajo condiciones que no vienen aplicándose con claridad en Colombia en muchos casos.

Un ejemplo de relación exitosa entre el sector público y el sector privado que data de la década del 70 son los contratos de Asociación Petrolera entre Ecopetrol y firmas extranjeras. Pese a ciertas reformas en los últimos años en la modalidad de los contratos y en materia tributaria, que no siempre han sido estimulantes, podría afirmarse que este es un sector en el cual las reglas del juego son transparentes, mantienen estabilidad aceptable y son manejados con buen grado de profesionalismo por los agentes públicos y privados. Es notoria la ausencia de clientelismo político en este tema, lo cual le da mejores garantías de seriedad.

De la experiencia petrolera es conveniente rescatar, no solo la estabilidad y el profesionalismo, sino unas reglas del juego contractuales que obligan claramente a las partes a administrar y a financiar con seriedad un proyecto determinado.

Desafortunadamente la experiencia petrolera no puede extenderse como casi exitoso a muchas de las reformas recientes en las que el sector privado se asocia de alguna manera con el sector público y ello principalmente por responsabilidad de este último.

Una excepción notable que viene mostrando buenos resultados es la reforma portuaria. Sin embargo, abundan los ejemplos en sentido contrario.

A modo de ejemplo, caben los siguientes interrogantes: Es concebible que en este momento se esté pensando en una contrarreforma al sistema de seguridad social que indujo al sector privado a realizar importantes inversiones en el caso de los fondos de pensiones y cesantías y la EPS. Esto puede ser resultado de haber aprobado en el Congreso una reforma que colocaba al sector privado en condiciones de competencia desleal con la entidad pública? Es razonable adjudicar contratos de concesiones viales cuando los estudios de diseño no están suficientemente avanzados, cuando los interlocutores del gobierno en el ministerio del ramo no han tenido la experiencia suficiente en el manejo financiero sofisticado que estas operaciones requieren y cuando las apropiaciones presupuestales correspondientes al sector público no están siempre aseguradas? Es razonable comprometer al sector privado en cuantiosas inversiones en equipos férreos bajo la premisa de que el estado administraría bajo contratos la calidad de la vía, sin que esta haya sido garantizada? El desempeño positivo de unas reformas que comprometen la participación del sector privado en sectores vitales para la competitividad del país como las inversiones en capital humano y en infraestructura física, requieren estabilidad en las reglas del juego, profesionalismo en la administración pública y privada, financiamiento adecuado de los proyectos y gerencia eficiente, que no es garantizada por la inestabilidad de un sistema político clientelista.

En momentos de necesaria reflexión sobre el derrotero futuro es pertinente discutir, no solamente sobre cómo deberán modificarse substancialmente las tendencias inadecuadas del gasto público, sino también sobre cómo garantizar una administración pública ausente del clientelismo. Podríamos de otra manera competir con los países asiáticos éxitosamente? Hoy se denomina mesoeconomía a aquellos elementos que hacen posible las reformas económicas sin que sean ellos mismos de naturaleza económica. A claras luces se impone una reforma política que haga viable la eficiencia del sector público y garantice la participación del sector privado en proyectos de interés público. Dentro de esta reforma los políticos podrían influir más sobre los proyectos en su fase de concepción y mucho menos en su ejecución.

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