UN MINISTRO PARA LAS PRIVATIZACIONES

UN MINISTRO PARA LAS PRIVATIZACIONES

El lento desarrollo del proceso de privatizaciones en nuestro país puede tener, como una de sus causas, la ausencia de un órgano del más alto nivel concentrado exclusivamente en diseñarlo y llevarlo a cabo. Una tarea de tanta envergadura necesita de un director de orquesta que la dirija, y en modo alguno puede estar atribuida como una más de las muchas competencias de diferentes instancias del Gobierno nacional. Cuando esto acontece, las responsabilidades se diluyen y la marcha del proceso depende de la diligencia y atención de los siempre cambiantes altos funcionarios del Estado. En fin, los intérpretes, sin dirección sólida, pueden marchar desacompasados.

25 de junio 1996 , 12:00 a.m.

El proceso de privatizaciones en Colombia requiere un responsable directo. La actual estructura de este, fijada por la Ley 226 de 1995, no la prevé específicamente, pues otorga al Gobierno, sin señalar específicamente a los responsables directos, la decisión de cuáles empresas serán objeto de privatización, dejando en manos de cada ministerio al cual se encuentren adscritas en coordinación con el Ministerio de Hacienda o de las instituciones idóneas públicas y privadas contratadas con este propósito, el diseño del correspondiente programa de enajenación, el cual será sometido al concepto previo y favorable del Consejo de Ministros, para el posterior envío al Gobierno a fin de que le imparta su aprobación definitiva.

Como se advierte, el Gobierno señala unas pautas generales y un variado grupo de dependencias oficiales y expertos probados, con criterios cambiantes en muchas oportunidades, están en capacidad de intervenir en el proceso de privatización de empresas estatales. El Ministerio de Hacienda cumple una función meramente coordinadora, en modo alguno equiparable a una dirección específica del mismo y carente del poder de unificación de criterios técnicos que un órgano responsable directo posee.

Ni antes ni después de la Ley 226, en Colombia hemos tenido una política de privatizaciones definida que parta del presupuesto esencial de su operancia: un órgano de alto nivel exclusivamente dedicado a promoverla y supervisarla.

La experiencia del Perú, donde tal dirección sí existe, es bien ilustrativa y la comparación de sus resultados con los alcanzados en nuestro país son absolutamente concluyentes. Mientras nuestro vecino tiene una filarmónica para las privatizaciones, nosotros simplemente tenemos una papayera.

En efecto, el Perú empezó este proceso más tarde que Colombia, triplica el número de empresas privatizadas nuestras (83 frente a 28), los montos vendidos duplican los alcanzados por el Gobierno nacional (4.000 dólares frente 2.000 dólares), y mientras allá el ritmo es vertiginoso y durante el año anterior realizaron el mayor número de ventas estatales, 30 en total, el nuestro apenas languidece pues obtuvo ingresos equivalentes al 0.27 por ciento del PIB, cuando lo presupuestado en el Plan de Desarrollo era alcanzar el 0.58 por ciento.

Una de las explicaciones de esta brecha puede encontrarse en la forma como el Perú ha diseñado la estructura del proceso de privatizaciones. Lo primera decisión allí adoptada fue crear la Comisión para la Promoción de la Inversión Privada (COPRI) encargada de diseñar y conducir este proceso, cuyos integrantes son elegidos por el presidente del Consejo de Ministros y reportan directamente al Presidente de la República.

Las funciones que le han sido atribuidas a la COPRI garantizan la unidad de dirección del proceso de privatizaciones, pues le compete establecer las empresas que serán objeto de algunas de las formas de privatización previstas, cuál será la modalidad que le será aplicada y de qué forma se ejecutará el plan respectivo.

Ahora bien, en la elaboración de dicho plan también hay uniformidad de criterios pues la COPRI puede dejarla en manos de los comités especiales que constituya, y que dependen directamente de ella, a fin de que efectúe la labor puramente técnica del proceso, que comprende, entre otros aspectos, la valorización de los bienes, el cronograma del proceso, su promoción, dirección y supervisión.

A la vista saltan, entonces, la unidad de mando y las responsabilidades directas a cargo de la COPRI. En el Perú si el proceso de privatizaciones falla o es exitoso, saben muy bien quién es digno de crítica o de elogio.

Nuestro país debería seguir este ejemplo y designar una persona de nivel ministerial para que diseñe, impulse y supervise, como gran gerente, el proceso de privatización de empresas estatales. Mientras tal decisión no se adopte, muy probablemente los colombianos continuaremos escuchando al respecto unos pocos tonos dispersos carentes de melodía.

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