El ajuste en los servicios públicos reseñados se llevará a cabo de manera gradual de tal forma que sea equivalante al 1.84 por ciento mensual.
El compromiso del jefe del DNP, Armando Montenegro Trujillo, no incluye el servicio de energía eléctrica, que en octubrre pasado fue reajustado hasta en un 89 por ciento para estratos altos.
La política tarifaria para este sector está ligada al comportamiento de la inflación del año inmediatamente anterior al de aplicación del reajuste.
Antes de octubre pasado, la base era el salario mínimo pero en virtud del cambio en la política se ajustó a la inflación.
Si el Gobierno acomoda el alza de energía al costo de vida de 1990, esta sería del 32.36 por ciento en todo el año.
EL DNP pidió la colaboración a las autoridades municipales de todo el país para que ajusten gastos y mejoren la eficiencia de las empresas de servicios públicos.
Por esta razón se ha hecho un llamado a los gerentes, a los gobernadores y alcaldes, para que en común acuerdo con el Gobierno emprendan un plan de reorganización administrativa y reducción de costos en estas entidades , subraya el DNP.
Según el organismo, las empresas de servicios públicos deben ser eficientes y garantizar calidad al usuario, pues por pertenecer a la comunidad no pueden ser objeto de manejos burocráticos o de asuntos distintos a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades populares.
Reducción de costos antes que alzas indiscriminadas en tarifas, serán las normas en los meses por venir .
Sin embargo, muchas de las empresas de servicios públicos se encuentran en dificultades financieras, pese a que desde hace mucho tiempo se han anunciado programas de reestructuración.
El DNP indicó que el compromiso asumido por el Gobierno en materia de servicios públicos es una clara demostración de la voluntad del Ejecutivo de conducir a toda la economía hacia una disminución efectiva de la inflación.
La meta del 22 por ciento debe convertirse, según las autoridades económicas, en la guía que reúna los esfuerzos de todos los agentes económicos, incluyendo el sector privado, los trabajadores y la sentidades públicas.
