SANCIÓN A EX MANDATARIOS DE ARAUCA

SANCIÓN A EX MANDATARIOS DE ARAUCA

La Procuraduría sancionó con destitución de sus cargos al ex gobernador de Arauca Gustavo Castellanos Beltrán y a la ex alcaldesa de la capital de ese departamento Iliana Baroni Colmenares, por contratación ilegal por más de 14 mil millones de pesos en 1999.

30 de julio 2001 , 12:00 a.m.

La Procuraduría sancionó con destitución de sus cargos al ex gobernador de Arauca Gustavo Castellanos Beltrán y a la ex alcaldesa de la capital de ese departamento Iliana Baroni Colmenares, por contratación ilegal por más de 14 mil millones de pesos en 1999.

La decisión de una comisión especial disciplinaria, que adelantaba la indagación desde hacía dos años, estableció que los entonces funcionarios comprometieron esos recursos del Estado a través de convenios suscritos con la Oficina de Educación Iberoamericana (O.E.I.) para adelantar obras públicas y programas de vivienda.

La investigación de la Procuraduría detectó además que en desarrollo de los compromisos con el organismo internacional, los dos ex funcionarios escogieron los contratistas que a su vez y sin participar en licitación alguna, subcontrataron con la O.E.I.

El Ministerio Público señaló que aunque el organismo internacional se rige por el derecho privado para hacer las contrataciones, los funcionarios araucanos debieron hacer todos los trámites por la ley 80 de 1993 que es la que rige todos los asuntos contractuales del Estado.

El ex gobernador Gustavo Carmelo Castellanos firmó 18 convenios por un valor superior a los 13 mil 500 millones de pesos para adelantar obras en los municipios araucanos de Puerto Rondón, Cravo Norte, Fortul, Arauquita y Tame. Además de la destitución, la Procuraduría lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por cinco años.

Por su parte, la ex alcaldesa Iliana Josefina Baroni Colmenares firmó tres convenios con la O.E.I por un valor superior a los 1.200 millones de pesos para llevar a cabo programas de vivienda en Arauca. El Ministerio Público, adicional a la destitución, la inhabilitó por tres años para que pueda ocupar cualquier cargo público.

El año pasado la misma comisión del Ministerio Público suspendió por 90 días a los dos funcionarios al tiempo que les formuló pliego de cargos por las mismas irregularidades.

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