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La hora de la Justicia

La hora de la Justicia

En días recientes, los colombianos han sido testigos del avance de diferentes procesos judiciales relacionados con algunos de los más graves episodios de corrupción de los últimos tiempos. Tanto en lo que tiene que ver con el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS) como con el de los contratos del desaparecido Grupo Nule en Bogotá, han tenido lugar audiencias y resoluciones preliminares, que han sido seguidas con particular interés por la opinión.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
17 de abril 2011 , 12:00 a. m.

El motivo de esa atención es explicable. Sin duda, los ciudadanos se sienten indignados por eventos que develan el descarado accionar de algunos a la hora de meterles mano a los recursos públicos. En un país en el que abundan las inequidades y existen tantas carencias, produce rabia la sensación de que un grupo de avivatos se pueda enriquecer a costa del erario, convirtiendo en una caricatura las leyes y los procesos licitatorios que, en teoría, se han diseñado para garantizar transparencia en las decisiones.

Los diferentes sondeos muestran la preocupación por el deterioro en este campo. La más reciente encuesta de Gallup indica que la proporción de personas que piensan que en Colombia ha empeorado la incidencia de la corrupción llegó a 63 por ciento a finales de febrero, 17 puntos más que cuatro meses atrás. En general, no hay adjudicación que no despierte inquietudes sobre la posibilidad de un negociado, algo que erosiona la legitimidad del Estado y hace pensar que, en lugar del bien común, lo usual es la búsqueda del interés particular, aceitado por coimas y comisiones.

Por ese motivo, es necesario que la Justicia actúe con celeridad y severidad, pero, sobre todo, con efectividad. Eso quiere decir que es imperativo destapar las ollas podridas para que se conozca la verdad, con el fin de identificar a los responsables, exonerar a los inocentes y sentenciar a los culpables. Como es lógico en estos casos, el público desea resultados con prontitud, en especial en una nación ávida de ver a ciertos personajes convictos. Los medios, por su parte, también elevan la presión, mediante transmisiones en directo o reportajes que develan el capítulo más reciente del escándalo de turno.

Sin embargo, esa circunstancia no debe llevar a la toma de medidas apresuradas. No está de más recordarles a fiscales y jueces que deben llevar a cabo su labor con el mayor profesionalismo, sopesando las pruebas recabadas y evitando caer en la tentación de hacer que justos paguen por pecadores. En ese sentido, son preocupantes las afirmaciones altisonantes o la tentación que generan los micrófonos y las cámaras de la televisión.

Y es que tan censurables como son las conductas delictivas, lo son también los excesos motivados por darle gusto a la galería. Ese es el caso de lo ocurrido la semana pasada con tres técnicos de nivel medio que trabajaron en el Ministerio de Agricultura durante la administración pasada y fueron enviados a la cárcel, mientras comienza el juicio en su contra por el caso de AIS. Para decirlo con claridad, Camila Reyes del Toro, Tulia Eugenia Méndez y Óskar August Schroeder son chivos expiatorios que han sido tratados con singular severidad, al tiempo que los directos responsables de lo sucedido miran los toros desde la barrera.

Todo esto ocurre en un ambiente cada vez más cargado de nubes de tormenta. Es imposible desconocer que, teniendo en cuenta el abominable maridaje que se ha visto entre políticos y contratistas o entre funcionarios de alto nivel y receptores de ayudas gubernamentales, algunos nombres puedan salir tiznados en las investigaciones. No obstante, una vez más, los encargados de administrar justicia deben hacer uso de su mejor discernimiento para distinguir entre los verdaderos culpables y los que no lo son. Las cacerías de brujas son indeseables, sobre todo cuando los inocentes terminan en la hoguera.

Dicho de otra manera, la Justicia no le puede hacer el juego a la política.

Parte de la fascinación que han generado episodios como los que han ocupado titulares recientemente está relacionada con el propósito de obtener réditos electorales, enlodando al adversario o tendiendo mantos de duda. Evitar ese tipo de debates es imposible, pues, aunque no deseables a veces, forman parte del juego democrático. No obstante, lo que les corresponde a los jueces es fallar en derecho, porque, de lo contrario, el principio de la imparcialidad, que debe ser el faro en ese terreno, empezaría a verse comprometido.

Tales consideraciones son válidas en un país que enfrenta grandes desafíos en múltiples frentes. Aparte de la corrupción, la violencia que proviene de las bandas organizadas o del crimen común sigue poniendo en jaque a una sociedad que pretende y merece derrotar las lacras que la aquejan. Y la única manera de ganar esa batalla y poner a los delincuentes en retirada es la aplicación efectiva de la ley, que es la encargada de demostrar la prevalencia de los códigos sobre las vías de hecho. Tal es el tamaño de la responsabilidad que hoy encaran quienes tienen en sus manos los procesos más destacados y, frente a la algarabía de una opinión que exige decisiones, solo pueden pronunciarse con una voz que suene fuerte y clara: la de la Justicia, que, cuando habla, no deja dudas

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