La administración Obama solicitó a las cortes de su país reconocer la "inmunidad residual" para el ex presidente. Para todos los actos oficiales en su capacidad de "representante del Gobierno" ("government official"), el ex presidente Uribe gozará de inmunidad. No será así para actos anteriores o posteriores.
La inmunidad se basó en el Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de 1976, diseñado para ofrecer garantías a los gobiernos. La igualdad jurídica de los Estados en la arena internacional exigía que las cortes de uno no pudieran juzgar al otro. ¿Cómo asegurar una calmada conducción de las relaciones internacionales si sobre los jefes de Estado pendieran las espadas de Damocles de los juzgados extranjeros? Conscientes del impacto en la arena internacional, los jueces federales todavía difieren la toma de decisiones en materia de inmunidad al Departamento de Estado. Aunque pudieran desoírlo, son reticentes a hacerlo.
Es poco probable que Álvaro Uribe sea obligado a declarar como testigo en el proceso civil que se adelanta contra la Drummond en Alabama. Los demandantes querían que relatara todo lo que conocía sobre la colaboración entre el Ejército, los paramilitares y la compañía minera.
Pero, hasta para información que hubiera sido obtenida en una condición que no le garantizara inmunidad, el Departamento de Estado pidió encarecidamente al juez que se agoten todos los mecanismos alternativos. ¿Significa esto que Álvaro Uribe tiene razones para festejar? No.
Así como Colombia solicitó la inmunidad para Álvaro Uribe, también puede renunciar a ella. Suena lejano, pero, dado el pragmatismo del actual mandatario, no se puede descartar. Así lo hizo, por ejemplo, Filipinas para recuperar dineros de Ferdinando Marcos. Documentos internos de Chiquita Brands entregados al Departamento de Justicia y publicados por el National Security Archive mostrarían que el Ejército presionó a la compañía para financiar varias Convivir. Según ellos, Álvaro Uribe habría recibido una contribución de Chiquita para su campaña a la Gobernación. Nada de esto está probado, pero ¿cómo no prever más procesos? ¿Cuántos demandantes más exigirán la presencia de Álvaro Uribe como testigo? ¿Y llegará el momento en que el gobierno colombiano considere demasiado costoso mantenerlo fuera de las cortes, en especial si se inicia un proceso específicamente contra él? La lealtad de Juan Manuel Santos no garantiza nada. Los jueces pocas veces ignoran la "declaración de interés", pero siempre la interpretan. En la que nos concierne, cabe mucha interpretación. ¿Cómo se entiende "representante del Gobierno"? ¿Lo era Álvaro Uribe cuando fue senador? ¿Lo era como gobernador de Antioquia? Algunos apartes específicos del texto dejan claro que la inmunidad no lo cubriría durante esos periodos.
No sobra recordar que, en junio del 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que no todos los "government officials" gozan de inmunidad ante las cortes. Por eso se adelanta en Fairfax un proceso contra un antiguo primer ministro somalí. Pero, aun en relación con los ocho años al mando del país, caben preguntas. La inmunidad protege solamente "actos oficiales". ¿Todo acto como presidente resulta un "acto oficial"? Para algunos jueces, una violación de derechos humanos siempre se erige como un "acto privado".
Decenas de demandantes seguirán probando su suerte en diferentes circuitos judiciales de Estados Unidos. Al final, alguno encontrará al juez que terminará ordenando la presencia de Álvaro Uribe en su corte. Es solo cuestión de tiempo
