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Protestas en el campus

Protestas en el campus

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
01 de abril 2011 , 12:00 a. m.

A lo largo y ancho de la geografía nacional se presentaron esta semana diversas revueltas estudiantiles. Desde la Universidad Santiago de Cali hasta la Popular del Cesar, de Valledupar, y desde la de Caldas, de Manizales, hasta la Distrital, de Bogotá, han sido escenario de preocupantes hechos de violencia y vandalismo, que interrumpieron la normalidad académica.

Dado que el Gobierno viene promoviendo una reforma de la Ley 30, de educación superior, que presentará al Congreso, esta iniciativa parlamentaria es la primera sospechosa de constituir el florero de Llorente de las recientes protestas. No obstante, sin minimizar las alarmas que esta iniciativa ha encendido en el estudiantado y los docentes, las razones que gravitan tras las airadas manifestaciones en las distintas universidades tienen un origen más local. En Cali, por ejemplo, el mayor conflicto tiene lugar en el campus privado de la Santiago. La segunda institución con más número de estudiantes de la capital vallecaucana enfrenta una incierta situación financiera y administrativa. Con un cuerpo directivo de 123 miembros, atraviesa por una crisis de liderazgo y luce agobiada por el clientelismo. Esto no justifica de ninguna manera el incendio de los archivos disciplinarios ni agresivas tomas de edificios.

Pasando a Manizales, este lunes se reanudan las actividades académicas en la Universidad de Caldas, luego de 37 días de anormalidad. Una revisión de las tablas de matrículas en agosto pasado despertó un rechazo general: con las nuevas tarifas, buena parte del 70 por ciento de los estudiantes exentos hoy de pagar tendría que contribuir a las finanzas universitarias. Lo cierto es que lo que la de Caldas recoge por matrículas se acerca al 6 por ciento de sus ingresos, menos que el promedio del Sistema Universitario Estatal. En la Popular del Cesar y otras instituciones caribeñas, las tensiones surgen de problemas de seguridad. Una granada fue lanzada a la casa del rector en Valledupar, y cinco miembros del Consejo Superior recibieron amenazas de muerte. Una zozobra similar viven directivos de la Universidad de Córdoba y de la de La Guajira y líderes estudiantiles de Sucre. Mientras tanto, en la de Antioquia, en Medellín, el origen de los enfrentamientos con las autoridades está en la propuesta de reglamento estudiantil. Por último, en Bogotá, estudiantes de la Nacional protagonizaron disturbios contra la instalación de cámaras de seguridad en algunos edificios de la Ciudad Blanca. En solidaridad, jóvenes de la Pedagógica y la Distrital chocaron ayer con la Policía. Este panorama crítico refleja la complejidad de los problemas que hoy aquejan a las universidades públicas y a instituciones privadas como la Santiago de Cali. Falta de transparencia y gobernabilidad de las directivas, crecientes déficits financieros, consolidación de mafias criminales dentro de la comunidad estudianil y la resistencia a políticas para mejorar la seguridad en los campus son algunas de las razones que agitan las capuchas, los panfletos intimidatorios y los bloqueos del transporte público.

Por más que los estudiantes pretendan blandir el texto de la reforma del Gobierno como bandera única del inconformismo, cada institución ha engendrado su particular gama de dificultades. La tarea del Ministerio de Educación es atender caso por caso -por ejemplo, si se interviene la USC- y, al mismo tiempo, garantizar los espacios de discusión sensata del proyecto de ley. De hecho, para varios de los ejes de los conflictos, la iniciativa ofrece caminos que merecen ser discutidos con la cabeza y no a piedra. Ese es el desafío para los estudiantes.

Sin minimizar el impacto de la reforma educativa, el malestar universitario actual responde más a déficits financieros y al rechazo a decisiones de las directivas

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