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La bonanza necesita vigilancia

La explosión del pasado miércoles en la mina de carbón La Preciosa, en la localidad nortesantandereana de Sardinata, es otro recordatorio más de las precarias condiciones en que se está desarrollando la minería en el país.

Tragedias como esta, que cobró la vida de 21 mineros, vienen presentándose con
una frecuencia inaceptable y elevan la alta cuota mortal que los obreros más
vulnerables están pagando para empujar una de las 'locotomoras'.
La seguridad en los socavones es un aspecto en el que el Gobierno necesita
reforzar su raquítico accionar. Según cifras de Ingeominas, las estadísticas
de accidentalidad minera en Colombia están disparadas. Mientras que en el 2004
se registró una sola emergencia, el año pasado se contabilizaron 84. No se ha
terminado el primer mes del 2011 y las autoridades ya reportan ocho
situaciones de alarma. En materia de fatalidades, la tendencia es idéntica. En
solo cinco años, las víctimas en esta actividad han pasado de 37 en el 2005 a
173 en el 2010.
Este inocultable crecimiento de la accidentalidad minera no se explica
exclusivamente por el aumento del número de excavaciones. Los controles que el
Estado debe desplegar en las más de 3.000 minas operativas del territorio
nacional no están garantizando las condiciones de seguridad para los
trabajadores. De hecho, el ministro de Minas, Carlos Rodado, reconoció ayer
que el Gobierno apenas cuenta con 16 inspectores a cargo de esta vigilancia.
Sirve de poco consuelo a los familiares de los mineros fallecidos el que el
jefe de la cartera minera del Gobierno anuncie la clausura de la mina en
Sardinata después de la explosión. De hecho, el del miércoles fue el cuarto
accidente en La Preciosa en menos de cuatro años, con un saldo trágico de 61
obreros muertos. Sin embargo, el yacimiento contaba con los papeles en regla y
era considerado uno de los más tecnificados de la región.
La ofensiva contra las explotaciones ilegales -lanzada por el Gobierno en
septiembre pasado y que ha identificado unas 6.000 en seis departamentos- no
puede ser el único frente de acción en el arranque de la minería como
'locotomora de prosperidad'. Dentro del sector legal, las medidas para
reforzar la seguridad industrial están en mora de tomarse, porque vidas
humanas están en juego.
El Ministerio de Minas necesita destinarle más recursos a su equipo de
inspección para impedir más 'tragedias anunciadas'. No se justifica que, con
toda la riqueza que la minería carbonífera y aurífera le genera al país, no
haya dinero de las regalías para mejorar las condiciones laborales de los
socavones.
Por otro lado, el crecimiento de las explotaciones en años recientes amerita
revisiones de los códigos y normatividades en materia de seguridad laboral
para hacerlos más efectivos y con más poder preventivo y disuasivo. Los
empresarios mineros también deben aportar en la reducción de riesgos mediante
la adopción de nuevas tecnologías de medición de gases.
El despegue minero le genera al aparato estatal tanto recursos fiscales como
responsabilidades reguladoras. Estas últimas contemplan las más básicas
funciones que se esperan del Gobierno, como la vigilancia de una actividad
laboral riesgosa y el control técnico de una licencia estatal para explotar un
recurso natural. La sostenibilidad del desarrollo se cimienta precisamente
sobre este balance de explotación económica con contrapesos laborales y
ambientales.
Al anunciar su regreso anticipado al país, a raíz de la tragedia de Sardinata,
el presidente Santos prometió la revisión de la regulación vigente. Se espera
que de ese ejercicio salgan más recursos para vigilar la bonanza.
HERJOS
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