La bonanza necesita vigilancia

La bonanza necesita vigilancia

La explosión del pasado miércoles en la mina de carbón La Preciosa, en la localidad nortesantandereana de Sardinata, es otro recordatorio más de las precarias condiciones en que se está desarrollando la minería en el país.

28 de enero 2011 , 12:00 a.m.

Tragedias como esta, que cobró la vida de 21 mineros, vienen presentándose con una frecuencia inaceptable y elevan la alta cuota mortal que los obreros más vulnerables están pagando para empujar una de las 'locotomoras'.

La seguridad en los socavones es un aspecto en el que el Gobierno necesita reforzar su raquítico accionar. Según cifras de Ingeominas, las estadísticas de accidentalidad minera en Colombia están disparadas. Mientras que en el 2004 se registró una sola emergencia, el año pasado se contabilizaron 84. No se ha terminado el primer mes del 2011 y las autoridades ya reportan ocho situaciones de alarma. En materia de fatalidades, la tendencia es idéntica. En solo cinco años, las víctimas en esta actividad han pasado de 37 en el 2005 a 173 en el 2010. Este inocultable crecimiento de la accidentalidad minera no se explica exclusivamente por el aumento del número de excavaciones. Los controles que el Estado debe desplegar en las más de 3.000 minas operativas del territorio nacional no están garantizando las condiciones de seguridad para los trabajadores. De hecho, el ministro de Minas, Carlos Rodado, reconoció ayer que el Gobierno apenas cuenta con 16 inspectores a cargo de esta vigilancia.

Sirve de poco consuelo a los familiares de los mineros fallecidos el que el jefe de la cartera minera del Gobierno anuncie la clausura de la mina en Sardinata después de la explosión. De hecho, el del miércoles fue el cuarto accidente en La Preciosa en menos de cuatro años, con un saldo trágico de 61 obreros muertos. Sin embargo, el yacimiento contaba con los papeles en regla y era considerado uno de los más tecnificados de la región.

La ofensiva contra las explotaciones ilegales -lanzada por el Gobierno en septiembre pasado y que ha identificado unas 6.000 en seis departamentos- no puede ser el único frente de acción en el arranque de la minería como 'locotomora de prosperidad'. Dentro del sector legal, las medidas para reforzar la seguridad industrial están en mora de tomarse, porque vidas humanas están en juego.

El Ministerio de Minas necesita destinarle más recursos a su equipo de inspección para impedir más 'tragedias anunciadas'. No se justifica que, con toda la riqueza que la minería carbonífera y aurífera le genera al país, no haya dinero de las regalías para mejorar las condiciones laborales de los socavones.

Por otro lado, el crecimiento de las explotaciones en años recientes amerita revisiones de los códigos y normatividades en materia de seguridad laboral para hacerlos más efectivos y con más poder preventivo y disuasivo. Los empresarios mineros también deben aportar en la reducción de riesgos mediante la adopción de nuevas tecnologías de medición de gases.

El despegue minero le genera al aparato estatal tanto recursos fiscales como responsabilidades reguladoras. Estas últimas contemplan las más básicas funciones que se esperan del Gobierno, como la vigilancia de una actividad laboral riesgosa y el control técnico de una licencia estatal para explotar un recurso natural. La sostenibilidad del desarrollo se cimienta precisamente sobre este balance de explotación económica con contrapesos laborales y ambientales.

Al anunciar su regreso anticipado al país, a raíz de la tragedia de Sardinata, el presidente Santos prometió la revisión de la regulación vigente. Se espera que de ese ejercicio salgan más recursos para vigilar la bonanza

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